Mi generación ha crecido en una época en la que la información está al alcance de un clic. Sabemos quién protagoniza la última polémica política, identificamos las tendencias que dominan las redes sociales y conocemos las frases más repetidas de cada campaña electoral. Sin embargo, con frecuencia sabemos muy poco sobre aquello que realmente determina nuestro presente y futuro.

Pocos podrían explicar por qué aumenta el costo de vida, cómo se financia una universidad pública, qué implica una reforma tributaria o de qué manera una decisión del Congreso puede afectar las oportunidades de millones de personas. Sin embargo, ese desconocimiento tiene consecuencias. Las sociedades no solo se transforman por las decisiones que toman sus dirigentes, sino también por las decisiones que toman sus ciudadanos.

Como economista y estudiante de Jurisprudencia, me ha llamado la atención que muchas veces debatimos con convicción sobre los problemas del país, pero dedicamos mucho menos tiempo a comprender las causas que los explican. Y sin comprensión, incluso las opiniones mejor intencionadas pueden resultar insuficientes.

Con frecuencia pensamos que la economía es un asunto reservado para expertos, que el derecho pertenece exclusivamente a los abogados y que la política es un espacio distante ocupado por quienes aspiran a cargos públicos. Sin embargo, la economía, el derecho y la política influyen todos los días en nuestras vidas y, especialmente, en la vida de quienes enfrentan mayores dificultades y menos oportunidades.

La economía no es únicamente crecimiento, mercados o cifras. Está presente cuando una familia ve reducido su poder adquisitivo por el aumento de los precios, cuando un estudiante busca financiar sus estudios o cuando un joven se enfrenta a la incertidumbre de encontrar empleo. Detrás de cada indicador económico existen personas, proyectos de vida y sueños que dependen de las oportunidades que una sociedad es capaz de generar. Estas realidades no surgen en el vacío: están profundamente ligadas al derecho, pues las leyes y las reglas del juego institucional permiten, limitan y moldean el desarrollo económico de los ciudadanos.

Por eso resulta preocupante que, en ocasiones, las discusiones económicas sean reemplazadas por consignas simples o explicaciones superficiales. Las redes sociales han democratizado el acceso a la información, pero también han facilitado la difusión de ideas erróneas, soluciones aparentemente fáciles para problemas complejos y opiniones que muchas veces carecen del rigor necesario para comprender la realidad. Informarse no es consumir más contenido, sino desarrollar el criterio necesario para distinguir entre información, opinión y conocimiento.

La política tampoco ocurre únicamente durante las elecciones. Está presente en la calidad de las instituciones, en las oportunidades educativas, en la infraestructura que conecta nuestras regiones, en el acceso a la salud y en la manera en que se administran los recursos públicos. Aunque muchas veces parezca lejana, influye directamente en nuestras posibilidades de progreso.

La educación no es solo un derecho; es también la base de cualquier proyecto de país. Más allá de las cifras y los presupuestos, es el espacio donde aprendemos a pensar críticamente, a escuchar argumentos distintos y a formar criterio propio. Una sociedad que descuida la calidad de la educación no solo limita oportunidades individuales, sino que también debilita su capacidad colectiva para comprender los desafíos que enfrenta y para tomar decisiones responsables.

Del mismo modo, el derecho tampoco es una realidad distante. Aunque muchas veces se asocia únicamente con abogados, leyes y códigos, está presente en numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana. Lo encontramos cuando ejercemos nuestros derechos, celebramos contratos, accedemos a la justicia o exigimos que las instituciones cumplan sus obligaciones. Comprenderlo fortalece nuestra capacidad para participar activamente en la construcción de una sociedad más justa.

Por ello, la pregunta que deberíamos hacernos no es si todos debemos estudiar economía, derecho o ciencia política. La verdadera pregunta es si podemos permitirnos ser indiferentes frente a asuntos que afectan nuestro presente, condicionan nuestro futuro y exigen ciudadanos capaces de analizarlos con criterio.

En una democracia, votar es un derecho fundamental. Pero votar bien exige algo más que simpatías, emociones o afinidades momentáneas. Exige comprender los desafíos que enfrenta el país, contrastar información, evaluar propuestas y desarrollar criterio propio. También requiere algo que parece escasear cada vez más en el debate público: la capacidad de escuchar.

Escuchar a quienes piensan distinto no debilita nuestras convicciones; las fortalece. Colombia es un país diverso, construido por personas con experiencias, necesidades y perspectivas distintas. Reconocer esa diversidad no significa renunciar a nuestras ideas, sino comprender que el bienestar colectivo solo puede construirse a través del diálogo, el respeto y la búsqueda de puntos de encuentro.

Comprender Colombia no implica adoptar una ideología específica ni apoyar una posición política determinada. Significa reconocer que las decisiones colectivas tienen consecuencias reales sobre la vida de millones de personas y asumir la responsabilidad de comprenderlas antes de pronunciarnos sobre ellas.

Quizás el mayor desafío de nuestra generación no sea únicamente transformar el país, sino asumir el rigor de entenderlo. Solo cuando aprendamos a escucharnos y a sustituir las consignas por el criterio, seremos capaces de decidir con verdadera libertad y construir un futuro más justo.