No deja de asombrarme cómo cada cuatro años, las contiendas electorales terminan convirtiéndose en un espectáculo comparable al de cualquier reality show de la talla de Gran Hermano. Lo cierto es que, al menos durante la última década , pocas veces se había percibido una fragmentación tan profunda que amenaza con deteriorar aún más el diálogo público y la deliberación democrática que sustentan el Estado Social de Derecho.

Basta con escuchar los discursos de ambos candidatos presidenciales. En lugar de confrontar ideas, gran parte de sus intervenciones consiste en descalificar a sus adversarios con los adjetivos más denigrantes.

Por un lado, un discurso de corte bolchevique y populista que incluso llega a cuestionar los resultados electorales y a lanzar ataques constantes contra figuras emblemáticas del establecimiento político. En oposición, un discurso ultranacionalista y patriótico, cargado de terror ante una eventual revolución o la instauración de un régimen narcoterrorista; una narrativa que reproduce los mismos argumentos falaces de siempre.

Sería impreciso afirmar que la violencia política en Colombia ha sido patrimonio exclusivo de una sola corriente ideológica. La historia nacional demuestra que distintos actores, desde posiciones políticas antagónicas, han contribuido a perpetuar la guerra. Precisamente por ello, la discusión pública debería alejarse de las narrativas que dividen el país en héroes y villanos absolutos. Además, seguir alimentando discursos de odio no aporta nada positivo en un territorio que ha estado marcado por la violencia desde su “descubrimiento” y que ya ha vivido distintas formas de bipolarización: centralistas y federalistas; liberales y conservadores; izquierda y derecha. Reducir la complejidad del país a bandos irreconciliables solo prolonga las divisiones y dificulta la construcción de una sociedad más reflexiva.

Lo cierto es que resulta mucho más fácil apelar a las emociones que fomentar una ciudadanía informada y capaz de desarrollar un análisis crítico de la realidad política. Precisamente, uno de los rasgos fundamentales de la posverdad: emociones, prejuicios y creencias que pesan más que los hechos.

Conviene recordar las elecciones del plebiscito por la paz de 2016, en las que una cuidada estrategia de marketing político resultó tan eficaz que la gente salió a votar “verraca”. Fue Juan Carlos Vélez, entonces designado gerente de campaña del “no”, quien ventiló esta estrategia en un cuestionable ataque de sinceridad. Si algo demuestra este episodio, es que la instrumentalización de las emociones no ha sido patrimonio exclusivo de ningún sector político. La estrategia, en esencia, consistía en apelar a la indignación ciudadana para influir en la decisión electoral… y funcionó.

Aún hoy existen personas que desconocen principios básicos del funcionamiento del Estado, como la división de poderes, y eligen al presidente creyendo que este tiene la facultad de crear o derogar leyes por sí solo, como si se tratara de un monarca absoluto…Y no los culpo. Después de todo, resulta difícil exigir una ciudadanía crítica cuando el acceso al conocimiento político y cívico sigue siendo desigual.

La pregunta es inevitable: ¿qué desafíos enfrenta Colombia en un escenario en el que el debate público parece ceder cada vez más terreno al espectáculo y la confrontación? Frente a este panorama, no está de más recordar que el primer artículo de nuestra Constitución Política actual reconoce y protege la diversidad de pensamiento. Sin embargo, la mera existencia de estos principios no garantiza su práctica. Es entonces cuando la educomunicación, en palabras de mi colega Kaplún, adquiere un papel fundamental: formar ciudadanos capaces de comprender la diferencia y debatir desde la esfera pública a partir del pensamiento en lugar del prejuicio.

La promoción de una ciudadanía crítica e informada es una condición indispensable para enfrentar la polarización y los efectos de la posverdad en la democracia colombiana.

La democratización de la información exige reconocer que la sociedad colombiana es diversa y que las estrategias de comunicación deben adaptarse a las características de cada población. La edad, el nivel educativo, el contexto territorial e incluso las formas de consumo mediático influyen en la manera en que las personas interpretan la información y participan en la vida pública.

Solo entonces podremos aspirar a una democracia en la que los ciudadanos no voten movidos exclusivamente por el miedo, sino por la reflexión y el reconocimiento de la diferencia como un valor inherente a la vida democrática.