Quiero empezar por decir que esta columna la he reescrito varias veces. Cada vez que parecía terminada, aparecía una nueva declaración, un nuevo tweet o una nueva polémica que obligaba a corregir algo. Es el problema de escribir sobre un fenómeno político que avanza más rápido que las columnas y creo que se nota en la longitud misma de la columna, fruto de la escritura sobre reescritura.

También debo aclarar que esta reflexión forma parte de una investigación más amplia sobre el ascenso de una nueva derecha continental: la de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, José Antonio Kast en Chile o Donald Trump en Estados Unidos. Distintas realidades, distintos países, pero un repertorio sorprendentemente parecido de símbolos, discursos y estrategias. Por eso llamó la atención que Donald Trump celebrara públicamente la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella ya no una sino dos veces. Menos aún cuando el candidato ha decidido construir buena parte de su identidad política alrededor de la consigna de "Firmes por la Patria".

Y entonces vale la pena preguntarse, ¿qué es exactamente la patria? Después de todo, cada elección presidencial termina girando alrededor de ella. Votar no es únicamente escoger un administrador del Estado ni un gerente para los próximos cuatro años pues es decidir, al menos en teoría, qué relato queremos contarnos sobre nosotros mismos, qué país creemos ser, qué país creemos haber sido y qué país imaginamos llegar a ser.

Lo curioso es que, en los últimos años, la patria ha dejado de ser solamente una idea nacional para convertirse también en una marca política exportable. La misma retórica, los mismos símbolos y hasta los mismos eslóganes aparecen una y otra vez en países distintos, como si alguien estuviera trabajando sobre una plantilla común.

Por eso vale la pena detenerse en las 29 páginas que componen la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada por la Casa Blanca en noviembre del año pasado, que ayudan a entender por qué ciertos discursos aparecen simultáneamente en distintos lugares del continente y por qué la candidatura de Abelardo de la Espriella podría ser mucho más que un fenómeno exclusivamente colombiano.

Lo primero que llama la atención es la naturalidad con la que Washington sigue hablando de América Latina como una zona bajo supervisión. El documento sostiene que el hemisferio occidental debe mantenerse "estable" y "suficientemente bien gobernado" para evitar flujos migratorios hacia Estados Unidos. También afirma que la región debe permanecer libre de la influencia de potencias consideradas hostiles y que los gobiernos latinoamericanos deben cooperar activamente con las prioridades de seguridad definidas en Washington.

La idea no es nueva pues tiene, por el contrario, más de dos siglos de antigüedad. Lo novedoso es el nivel de franqueza pues durante décadas estas pretensiones solían expresarse en el lenguaje diplomático de la cooperación, el desarrollo o la defensa de la democracia y ahora aparecen formuladas con una honestidad poco habitual. El documento incluso bautiza esta visión con nombre propio y la presenta como el "Corolario Trump", la misma que en otros contextos ha sido llamada la “Doctrina Donroe” por la misma administración estadounidense actual.

Ahora, resulta también relevante que este documento plantee que Estados Unidos debe recompensar y fortalecer a gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales que compartan sus principios y objetivos estratégicos. No habla de aliados internacionales en términos generales. Habla de actores políticos concretos dentro de otros países, de elecciones, de disputas internas y de proyectos de poder nacionales convertidos en piezas de una estrategia hemisférica.

La afirmación resulta difícil de malinterpretar porque está escrita sin rodeos. Washington se reserva el derecho de distinguir cuáles fuerzas políticas merecen respaldo y cuáles representan un obstáculo para sus intereses. Tristemente se trata de una vieja tradición de política exterior que parte de la convicción sencilla y persistente de que Estados Unidos no suele relacionarse con América Latina como un conjunto de naciones iguales, sino como una región que aún no se ha ganado el privilegio de autodeterminarse y, por tanto, sólo puede ser tratada condescendientemente como apéndice de sus intereses, por la razón o por la fuerza: el famoso “patio trasero”. Es lo mismo que Jairo Estrada, en un análisis publicado en el libro de “Contra Nuestra América” de CLACSO en 2020, señalaba como que buena parte de las nuevas derechas latinoamericanas ya no podían entenderse únicamente desde las dinámicas nacionales, pues operaban mediante redes de coordinación política, financiera e ideológica que atravesaban fronteras.

Hay entonces un cambio de estrategia de política exterior estadounidense, que resulta interesante tanto por lo que revela acerca de América Latina, como por lo que revela acerca de Estados Unidos.

Una potencia segura de su liderazgo no necesita recordar permanentemente quién manda.

Una potencia que conserva la capacidad de conducir mediante consensos tampoco necesita intervenir de forma tan abierta en las disputas políticas de sus vecinos.

La insistencia en el control hemisférico, la obsesión por las lealtades ideológicas y la necesidad de identificar aliados internos sugieren más bien una potencia que percibe amenazada una posición que durante décadas dio por descontada, y es precisamente en ese contexto donde conviene leer fenómenos como la candidatura de Abelardo de la Espriella, porque si algo caracteriza a esta nueva derecha continental es que no surge simplemente como una reacción cultural contra el progresismo, como suelen presentarla sus partidarios, ni como una sucesión de liderazgos carismáticos aparecidos por generación espontánea. Lo que emerge es una respuesta política relativamente coherente y sistemática frente a un escenario internacional cada vez más inestable, marcado por el ascenso de China, la disputa por minerales estratégicos, la crisis de legitimidad de las instituciones tradicionales y la creciente dificultad de Estados Unidos para mantener la posición que ocupó durante décadas en el continente.

Por eso las semejanzas entre Trump, Milei, Bukele, Kast o De la Espriella van mucho más allá del estilo personal de cada uno. Puede que cambien los acentos, las biografías y cambien los contextos nacionales, pero el repertorio se repite con una regularidad llamativa. La exaltación permanente de la patria, la promesa de restaurar el orden, la construcción de enemigos internos claramente identificables, la desconfianza hacia los organismos multilaterales cuando resultan incómodos y la reivindicación de formas cada vez más concentradas de autoridad aparecen una y otra vez, como si distintas campañas estuvieran interpretando el mismo guión.

Vilma Liliana Franco Restrepo observaba algo parecido en “Orden contrainsurgente y dominación” al advertir que los proyectos de poder más eficaces no suelen imponerse únicamente mediante la fuerza, sino que también producen relatos capaces de presentar intereses particulares como si fueran el interés general de toda la sociedad. La patria, la seguridad y el orden cumplen precisamente esa función porque permiten convertir conflictos políticos complejos en cuestiones aparentemente evidentes, donde cualquier desacuerdo puede presentarse como una amenaza antes que como una diferencia legítima.

El lema de "Firmes por la Patria" es dentro de todo este tablero una herramienta que encaja con precisión dentro de un lenguaje político que hoy circula por todo el continente, un lenguaje que promete protección en tiempos de incertidumbre, autoridad en tiempos de crisis y unidad nacional en sociedades cada vez más fragmentadas. La pregunta que habría que hacerse es por qué tantos dirigentes distintos, en tantos países distintos y casi al mismo tiempo, han decidido hablar exactamente de lo mismo.

Y si esa pregunta parece abstracta, basta con observar lo que ya ocurrió en los países donde esa fórmula llegó primero al poder. Porque la nueva derecha continental ya tiene resultados y ya dejó huellas bastante concretas sobre las sociedades que prometió rescatar, y esas huellas se parecen entre sí con una coherencia que no puede explicarse simplemente por coincidencia.

En El Salvador, Nayib Bukele llegó a la presidencia prometiendo acabar con la corrupción y devolver la seguridad a un país que llevaba décadas entre las más altas tasas de homicidio del mundo. Lo primero que hizo una vez en el poder fue enviar soldados al Congreso para presionar la aprobación de un préstamo. Lo segundo fue desmantelar la Corte Suprema y el Ministerio Público con una mayoría legislativa afín. Lo tercero fue reelegirse en unas elecciones que la oposición cuestionó, que organismos internacionales observaron con reservas, y que él ganó con más del ochenta por ciento de los votos. Sus cifras de seguridad son reales y su popularidad también. Lo que también es real es que el Salvador que dejará cuando salga del poder tendrá menos instituciones independientes que el que recibió. Bukele demostró que la concentración del poder se vende mejor cuando viene acompañada de resultados visibles, aunque esos resultados cuesten libertades que los ciudadanos no siempre perciben mientras las están perdiendo.

En Brasil, Jair Bolsonaro operó con un guión diferente pero con una lógica parecida. La patria, la familia, el orden y la amenaza comunista fueron las coordenadas de una campaña que prometía salvar al país del caos que el Partido de los Trabajadores, según él, había dejado. Una vez en el gobierno, esas coordenadas convivieron con el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad ambiental que protegía la Amazonía, con una gestión de la pandemia que distintos análisis epidemiológicos asocian a cientos de miles de muertes evitables, y con un alineamiento casi automático con Washington en cada instancia multilateral. Fue derrotado por Lula en 2022, pero el margen fue tan estrecho, y el bloque político, empresarial, religioso y mediático que lo respaldó tan cohesionado, que hoy su hijo Flávio se perfila como candidato para las elecciones de octubre de 2026. El dato resulta especialmente revelador porque Donald Trump ya intervino públicamente en la campaña brasileña. Después de reunirse tanto con Lula como con Flávio Bolsonaro en Washington, elogió al senador como un dirigente que "ama a su país", mientras funcionarios y congresistas republicanos multiplicaban gestos de apoyo hacia el bolsonarismo.

Bolivia mostró otra cara del mismo fenómeno. La crisis de 2019 suele recordarse por el informe de la OEA, la caída de Evo Morales y las masacres de Senkata y Sacaba, pero lo verdaderamente relevante es que el país nunca logró cerrar aquella fractura. Siete años después, Bolivia atraviesa la peor crisis económica de las últimas décadas y el nuevo gobierno de Rodrigo Paz enfrenta protestas masivas por la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, crisis en la que Washington decidió involucrarse directamente. En mayo, el subsecretario de Estado Christopher Landau denunció un supuesto intento de golpe de Estado contra Paz y, pocas semanas después, el Pentágono anunció ayuda de emergencia y apoyo logístico para respaldar al gobierno boliviano. Un país que acaba de incorporarse al Escudo de las Américas y que alberga algunas de las mayores reservas de litio del planeta ya no es tratado como un asunto exclusivamente boliviano sino que coincide con la defensa de determinados intereses estratégicos específicos.

Y en Argentina, el experimento llegó a su forma más depurada con Javier Milei. Aquí la patria no apareció únicamente asociada a la seguridad sino también al mercado. La crisis económica, real y aplastante, fue el argumento para desmontar regulaciones, privatizar activos del Estado, reducir el peso de las instituciones públicas en la economía y concentrar aún más las decisiones en el Ejecutivo. Milei llegó al poder en 2023 con una motosierra como símbolo de campaña y con el respaldo entusiasta de Trump, que lo describió en términos muy similares a los que usaría luego con De la Espriella. La clase media argentina aplaudió. Los sectores más vulnerables pagaron el ajuste. El FMI, que en otro momento habría sido símbolo de la subordinación que Milei denunciaba, se convirtió en su principal avalista internacional.

En Honduras, el fenómeno adquirió una forma todavía más explícita. A finales de noviembre de 2025, mientras los hondureños votaban en unas elecciones presidenciales extraordinariamente reñidas, Donald Trump indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía en una prisión estadounidense una condena de 45 años por narcotráfico. El mismo presidente que presentaba su gobierno como una cruzada contra las drogas liberó a un narco condenado por sus propios jueces, al tiempo que respaldaba públicamente al candidato conservador Nasry Asfura y amenazaba con recortar fondos a Honduras si el oficialismo de izquierda ganaba. Asfura ganó por un margen de menos de un punto porcentual, en medio de fallas técnicas, acusaciones de fraude y un escrutinio que tardó semanas en resolverse. El candidato derrotado no reconoció el resultado. Hernández, liberado y resguardado en Miami, celebró la victoria como una reivindicación personal. Washington entonces demostraba que puede liberar o encarcelar a un expresidente latinoamericano según convenga a sus intereses del momento y que esa capacidad, ejercida en plena campaña, equivale a una palanca electoral de enorme potencia.

La lógica extrema de todo esto se da en Venezuela. El 3 de enero de 2026, la administración Trump ejecutó la denominada Operación Lanza del Sur, un ataque militar contra territorio venezolano, empleando para ello más de 150 aeronaves, drones y misiles, que terminó con la captura de Nicolás Maduro. En vez de dar cabida a la oposición democrática liderada por María Corina Machado, a quien las propias elecciones de 2024 le otorgaban la legitimidad popular, Washington decidió reconocer como presidenta interina a Delcy Rodríguez, la fiel heredera política de Maduro. Los cálculos fueron transparentes: Rodríguez entregó lo que Machado no podía asegurar tan pronto, acceso inmediato al petróleo.En semanas, las ventas de crudo venezolano a Estados Unidos sumaron mil millones de dólares, Chevron y ExxonMobil anunciaron inversiones por 100.000 millones, y Trump dijo que Estados Unidos planeaba “controlar” la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido. Rodríguez, por su parte, hizo la clásica jugada del gobierno títere inteligente: denunció la intervención como una “flagrante violación del derecho internacional”, rechazó la propuesta de que Venezuela se convirtiera en el “Estado 51” de Estados Unidos ante la prensa, y mantuvo el lenguaje de la soberanía para consumo interno. Mientras tanto, abrió la industria petrolera a la inversión extranjera, liberó un centenar de presos políticos como gesto calculado, y negoció en privado con Marco Rubio los términos de una transición que no incluía ni a la oposición venezolana ni a los venezolanos. Trump lo resumió sin ironía: “Delcy ha hecho un muy, muy buen trabajo”, pero en Caracas nadie eligió ese buen trabajo.

Puede resultar repetitivo, redundante incluso, ahondar para esta columna uno a uno algunos de los escenarios políticos en distintos países en los que, de uno u otro modo, Estados Unidos ha tenido incidencia, pero si esto resulta relevante para esta columna es porque, observados por separado, estos casos parecen historias nacionales con sus propias particularidades. Vistos juntos comienzan a revelar como una nueva derecha continental, un nuevo espacio político con intereses muy demarcados, cambia de cara según el país pero mantiene una notable coherencia en sus prioridades: la concentración de poder en el Ejecutivo, la reducción de los espacios de deliberación y negociación social, la identificación de enemigos internos que justifiquen esa concentración, y la alineación, siempre voluntaria según los propios protagonistas, con los intereses estratégicos de Washington. El patrón salta a la vista de cualquiera que decida observar los hechos como parte de una misma historia y no como episodios aislados.

Jaime Caycedo Turriago, en el mismo volumen de CLACSO, comenta que el apoyo estadounidense a ciertos actores políticos en la región está diseñado para garantizar un control territorial que posibilite el acceso a recursos naturales estratégicos y dar sustento al control político. No es seguridad regional, y resultaría ingenuo pensar que a Estados Unidos le interesa en algo el devenir de la región latinoamericana más allá de sus propios intereses geopolíticos. Colombia, con su biodiversidad, sus minerales, sus ríos, su posición entre el Pacífico y el Caribe, y el segundo ejército más interoperante con las fuerzas norteamericanas en Sudamérica, es uno de sus objetivos más obvios.

Colombia llegará a la segunda vuelta del 21 de junio discutiendo seguridad, orden, crecimiento económico y la decepción acumulada de un gobierno que no cumplió muchas de las expectativas que despertó. Todo eso es legítimo. Lo que resulta menos evidente es por qué esa discusión ha terminado envuelta en un lenguaje político que se parece cada vez más al que hoy circula desde Buenos Aires hasta San Salvador, pasando por Washington, y por qué el candidato que lo encarna tiene una relación con esa ciudad que va bastante más allá de la afinidad ideológica.

Quizás porque la candidatura de Abelardo de la Espriella nunca ha sido solamente una candidatura colombiana.

Trump parece haberlo entendido antes que muchos de sus propios simpatizantes. De ahí sus respaldos públicos. De ahí el interés de Washington. De ahí también que la aparición de De la Espriella resulte tan significativa para quienes observan el continente como un solo tablero y no como una colección de países aislados.

Entonces conviene preguntar qué es exactamente lo que Colombia va a elegir el 21 de junio, porque la candidatura de Abelardo de la Espriella no es únicamente la expresión local del desgaste del gobierno Petro ni del malestar acumulado durante estos años, ya que tiene otra dimensión, una que el propio candidato ha exhibido con bastante naturalidad a lo largo de toda la campaña.

De la Espriella no solo ha celebrado los respaldos públicos de Donald Trump, también ha reivindicado una identidad política común con el trumpismo en materia de seguridad, ha defendido la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, ha respaldado la nueva estrategia antidrogas impulsada desde Washington y ha presentado la relación con Estados Unidos como uno de los pilares centrales de su proyecto político. La coincidencia resulta difícil de ignorar porque aparece una y otra vez en los mismos lugares. El lenguaje del orden, la guerra contra el narcotráfico entendida en términos militares, la idea de una lucha continental contra el comunismo, la reivindicación de una autoridad más fuerte y la promesa de una alineación más estrecha con Washington forman parte tanto de su campaña como del horizonte político que la actual administración estadounidense intenta construir para la región.

Por eso los respaldos que ha recibido desde Estados Unidos tienen un significado que va más allá de la simpatía ideológica. Trump no intervino dos veces en la campaña colombiana porque encontrará interesante una elección extranjera entre muchas otras. Lo hizo porque reconoció en De la Espriella a un aliado dentro de una arquitectura política que ya opera a escala continental y que hoy conecta gobiernos, partidos, empresarios, medios de comunicación y plataformas de influencia a través de toda América Latina. El propio candidato respondió en los mismos términos, agradeciendo el respaldo y reivindicando una comunidad de principios, objetivos y prioridades que trasciende ampliamente las fronteras colombianas.

Vista desde ahí, la campaña de “Firmes por la Patria” adquiere un significado distinto en el que ya no aparece solamente como una propuesta para administrar el Estado colombiano sino como la expresión local de un proyecto político más amplio, uno que entiende a Colombia como parte de un reordenamiento continental impulsado desde Washington y articulado alrededor de nuevas formas de alineamiento político, económico y militar.

Después de todo, la cuestión de fondo nunca fue la camiseta de la selección, ni las banderas, ni siquiera el eslogan.

La cuestión es que cada vez que alguien invoca la patria conviene observar con atención qué intereses se alinean detrás de ella.

Porque las patrias existen.

Lo que suele variar es quién termina administrándolas.

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Las citas de la Estrategia de Seguridad Nacional corresponden al documento oficial publicado por la Casa Blanca en noviembre de 2025. El pronunciamiento de Trump sobre De la Espriella es textual. Las referencias teóricas provienen de Vilma Liliana Franco Restrepo, "Orden contrainsurgente y dominación" (Siglo del Hombre, 2009), y del volumen colectivo "Contra Nuestra América: estrategias de la derecha en el siglo XXI", editado por Jairo Estrada Álvarez, Carolina Jiménez Martín y José Francisco Puello-Socarrás (CLACSO, 2020).