En los últimos años se ha intensificado el miedo por una Asamblea Nacional Constituyente. Nombrarlo en discursos políticos, propuestas de candidatos o, inclusive, una charla entre amigos, es sinónimo de preocupación. Pero, ¿por qué la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente genera tanto temor para una parte de la sociedad colombiana?

Una Asamblea Nacional Constituyente, o solo “La constituyente”, es un órgano especial que se crea para modificar, redactar o reemplazar la constitución de un país; no se puede crear por decisión de una sola persona o por un decreto. En primer lugar, el Congreso debe aprobar una ley para preguntarle al país si quiere una Asamblea Constituyente o no, después pasa a ser revisada por la Corte Constitucional para verificar que se respete la constitución y la democracia. Posteriormente la ciudadanía vota en una jornada por “sí” o “no”, y en caso de que gane la primera opción se realizan las elecciones para escoger las personas que integrarán la asamblea.

Una de las constituyentes más importantes de la historia contemporánea colombiana fue la que se convocó en 1991. El objetivo era reformar totalmente la constitución política de 1886. En el gobierno del expresidente Virgilio Barco (1986-1990) surgieron iniciativas para convocar una nueva constituyente argumentando que se requería de una reforma más profunda para sentar las bases de un nuevo acuerdo político en el país. Sin embargo, los conflictos políticos y sociales, el asesinato de 4 aspirantes a la presidencia y la injerencia del cartel de Medellín en el congreso, no permitió que el proyecto de reforma se consolidara. En 1990, gracias al movimiento “Todavía podemos salvar a Colombia” y la propuesta de la “Séptima papeleta” se consiguió una nueva consulta popular sobre la aprobación de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, aprobada por el 85% de los votantes.

Sin embargo, la visión alrededor de una nueva constituyente es muy diferente a la de hace unos años. Una parte de la sociedad considera que convocar una nueva constituyente, más que representar una manera de reformar la sociedad para equilibrar las desigualdades, es un riesgo para la estabilidad democrática. Para otra parte de la sociedad es necesario reestructurar la constitución política del país para poder enfrentar las nuevas adversidades; representando así una sociedad que ha vivido polarizada gran parte de su existencia.

Además de la polarización, este miedo radica también en que, a diferencia de las reformas y las leyes, la constituyente puede cambiar por completo la organización política del país. Las reformas modifican o ajustan los artículos existentes en la constitución política; las leyes formulan nuevas regulaciones y normas; y la constituyente puede reescribir las reglas que rigen la constitución política, modificando los principios básicos de la nación. La capacidad de reformar el equilibrio entre los poderes del estado, ajustar las reglas electorales y reestructurar los derechos fundamentales produce un estado de incertidumbre en los ciudadanos.

Por otro lado, la experiencia de países vecinos en Latinoamérica que convocaron la constituyente estuvo acompañada de una creciente concentración de poder. Por ejemplo, Hugo Chavez impulsó una constituyente en 1999, aprobada por la mayoría y que, tiempo después, muchos críticos la catalogaron como la estrategia que permitió la concentración del poder del chavismo. Siendo este, uno de los ejemplos más cercanos y actuales, se genera la impresión de que las constituyentes conducen a desequilibrios institucionales y concentración del poder. El miedo se intensifica al pensar en un régimen autoritario.

Dentro del debate político respecto al gobierno del presidente Gustavo Petro y el peligro que involucraba su ascenso al poder radicaba en la posibilidad de convocar una constituyente. Las respuestas otorgadas por el presidente respecto a esta posibilidad resultaban ambiguas. Después de que sus propuestas de reformas sociales fueran impedidas, pensaba convocar una constituyente, resaltando que, frente a los conflictos presentados en el congreso, no existía otra manera de realizar las reformas sociales. Misma convocatoria a la cual desistió, pues “Con un apoyo tan fuerte de la población al fascismo no es posible adelantar una constituyente progresista, de avanzada y en favor del mismo pueblo (…)”

A pesar de ello, también están quienes defienden una nueva constituyente. Consideran que, la constitución creada en 1991 buscaba responder los problemas que atravesaba Colombia a finales del siglo XX. Sin embargo, en la actualidad las problemáticas son diferentes. La transformación tecnológica, la globalización, nuevas formas de participación política, problemas ambientales, entre otros, son las razones que refuerzan la convocatoria a una constituyente. Visto desde esta perspectiva, no necesariamente involucra un peligro para la democracia, al contrario, es una herramienta para distribuir el poder.

En definitiva, la discusión sobre una Asamblea Nacional Constituyente refleja la polarización que ha atravesado Colombia a través de los años. Unos a favor que sí, otros en contra. Independientemente que estas razones sean motivos válidos o infundados, esto explica porqué el nombrar una nueva Asamblea Nacional Constituyente es motivo de preocupación. Resulta fundamental que, más allá de preguntarse si Colombia necesita una reforma de la constitución o no, es ofrecer las garantías que permitan el equilibrio del poder y no su concentración en unos pocos.