Las propuestas del candidato De la Espriella enfatizan en la necesidad de un ajuste fiscal por medio de una serie de recortes masivos, una operación agresiva al Estado colombiano que, según el candidato y su fórmula, es “financieramente insostenible” en su estado actual. Si bien es cierto que la izquierda encontraría serias dificultades para ejecutar mayor gasto, en el marco de un panorama fiscal inflexible, una reducción del calibre que propone De la Espriella enfrentará trabas institucionales, técnicas y constitucionales, vale la pena preguntarse qué tan fuerte “morderá” el tigre, cuando sea la ley y la constitución quien le dice NO en esta eventual “patria milagro”.

El discurso libertario que se presenta como enemigo del Estado de bienestar y del gasto público (al estilo de Milei en Argentina) aterrizó en Colombia con una serie de propuestas radicales como respuesta a una coyuntura dentro de las finanzas públicas en donde se acusa al gobierno saliente de elevar el gasto de manera casi que caprichosa y sin ningún sustento técnico. Sin embargo, la composición del presupuesto y las obligaciones de gasto, en muchos casos con blindaje constitucional, siembran una preocupación válida al preguntarse la conveniencia de una reducción tan violenta del Estado colombiano.

La “patria milagro” del candidato De la Espriella contempla 700.000 empleados públicos menos que el actual Estado, ya que, según él, estos empleos le “sobran” a la función pública y obstaculizan el pleno funcionamiento de la economía restándole espacio al crecimiento del sector privado. El argumento central para llevar a cabo un ajuste de tal magnitud reside en la premisa que el gobierno saliente ha elevado el gasto público de manera injustificada y caprichosa, aumentando, sobre todo, la burocracia y los cargos innecesarios. Nada más alejado de la realidad, Oliver Pardo en su libro “El laberinto fiscal de Colombia” muestra que, dentro de la nómina presupuestada para la Nación del año 2025, los sectores que más puestos reúnen fueron, respectivamente: las Fuerzas Militares y Policía Nacional, el personal de educación financiado a través del Sistema General de Participaciones (SGP), el de la rama ejecutiva, el de la rama judicial, los empleados de las universidades públicas y, por último, los empleados de la salud pagados también mediante el SGP. Los 6 rubros, según Pardo, acumularon cerca de 1.163.000 cargos, deshacerse de 700.000 empleos públicos supondría eliminar más de la mitad de la nómina presupuestada para el año pasado, ¿de dónde echaría mano el tigre?

Reducir el personal de defensa sería irrisorio para una candidatura que promete más pie de fuerza y una confrontación directa contra los grupos armados, también sería impensable reducir la rama judicial teniendo en cuenta el desborde de procesos que sufre la fiscalía junto a los altos tribunales bajo la promesa de perseguir la corrupción y mejorar la inteligencia, la justicia y la judicialización. Echar mano del personal de educación, de las universidades o de la salud enfrentaría el muro legal que obliga al Gobierno Nacional Central a transferir parte de los Ingresos Corrientes de la Nación a las Entidades Territoriales mediante el SGP para garantizar, precisamente, salud, educación, entre otros.

Otro de los temas a considerar son los billonarios recursos que se necesitarían para indemnizar a tal cantidad de empleados, tal como lo propone el candidato. No es claro si tal recorte implicaría una presión fiscal adicional a las ahogadas cuentas de la Nación a causa de las indemnizaciones, sin contemplar las miles de demandas que el Estado tendría que afrontar por un recorte de tal tamaño.

Una de las ventanas que abre el candidato a vicepresidente José Manuel Restrepo para llevar a cabo el “milagroso” recorte es la ley de competencias que se encuentra pendiente por debatir y aprobar en el Congreso de la República; el mismo Restrepo afirma que mediante la entrega de nuevas competencias a las Entidades Territoriales se puede desinflar la presión fiscal que ahoga las finanzas de la Nación, sin embargo, la estructura de la ley estará en manos del legislativo, no del ejecutivo. Hay que tener en cuenta que el congreso elegido para el periodo entrante sigue estando fragmentado sin mayorías claras y las pujas en plenarias no siempre salen a imagen y semejanza de los deseos del presidente de turno (los últimos 4 años de Petro son ejemplo de ello). Otro de los elementos a considerar es la capacidad de los departamentos, distritos y municipios para asumir funciones que históricamente han estado a cargo del Gobierno Nacional Central, un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana del 2025 reveló que en el 2024 la principal fuente de ingresos de los 1.103 municipios de Colombia, fueron las transferencias de la Nación, el informe resaltó la alta dependencia y limitada autonomía fiscal que padecen los territorios. Esta realidad hace cuestionar si la ley de competencias será un instrumento efectivo para reducir el Estado central endilgándole responsabilidades y presupuesto a los alcaldes y gobernadores.

Si bien la reforma al SGP aprobada mediante el Acto Legislativo 03 del 2024 se propone descentralizar y brindar más autonomía financiera a las regiones alcanzando un 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación transferidos a las Entidades Territoriales, este aumento de recursos se dará de manera gradual a lo largo de 12 años, demasiado ambicioso y hasta irreal plantear una descentralización del Gobierno Nacional Central en tiempo récord de 4 años que dura el periodo presidencial.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, para el año 2024, se calculaba que cerca del 92% del Presupuesto General de la Nación para el 2025 estaba comprometido, planteamientos radicales de reducción del gasto desconocen las obligaciones y compromisos del Estado en materia de deuda pública, SGP, pensiones, personal, vigencias futuras, etc.

Para De la Espriella el problema fiscal es un problema meramente de eficiencia, de hacer más con menos en donde el bienestar, la garantía y cobertura de servicios sociales que hoy brinda el Estado parecieran pasar a un plano de menor importancia ignorando la complejidad legal y económica de la arquitectura de las finanzas públicas en Colombia.

La constitución política no es un detalle menor: define a Colombia como un Estado social de derecho, esta precisión conlleva un carácter jurídicamente vinculante que implica una resistencia política e institucional ante los intentos de mutilar las funciones estatales que se encuentren dentro del marco de la ley. El tigre ha dicho que defenderá su patria milagro “a sangre y fuego”, en la práctica, vale la pena cuestionarse si se respetará la separación de poderes, si no se intentará cooptar a los entes de control y si habrá un retroceso en materia de reconocimiento de derechos y garantías por las que hoy vela el Estado.

La “patria milagro” choca con una realidad fiscal, jurídica e institucional rígida que no se desmonta en 4 años ni por medio de decretos presidenciales, desconocer dichas complejidades es motivo de preocupación cuando quien las desconoce aspira a ocupar el primer cargo de la Nación.

Referencias

Ministerio del Interior. (2 de diciembre de 2024). Colombia da un paso hacia la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal: Congreso aprobó en último debate reforma al SGP. https://www.mininterior.gov.co/noticias/colombia-da-un-paso-hacia-la-autonomia-territorial-con-sostenibilidad-fiscal/

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2024, 21 de agosto). Gastos de funcionamiento, inflexibilidades del PGN 2025 y el mayor pago a la deuda, temas que resaltó Bonilla en su artículo: Presupuesto 2025. https://www.minhacienda.gov.co/w/gastos-de-funcionamiento-inflexibilidades-del-pgn-2025-y-el-mayor-pago-a-la-deuda-temas-que-resalt%C3%B3-bonilla-en-su-art%C3%ADculo-presupuesto-2025

Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. (3 de diciembre de 2025). Informe #68: Informe sobre las finanzas públicas municipales 2024 [Comunicado de prensa]. https://www.ofiscal.org/_files/ugd/d2e86e_7bee01fdc20d4ceb873a07bd1f431236.pdf

Pardo Reinoso, O. E. (2025). El laberinto fiscal de Colombia: causas, riesgos y salidas a la crisis fiscal. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. https://doi.org/10.11144/Javeriana.9786285020667