En Colombia, la salud dejó de ser un derecho para convertirse en un negocio corporativo donde las EPS e IPS priorizan las cifras sobre las vidas. El inicio de esta crisis se remonta a la Ley 100 de 1993 y la creación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Bajo este sistema, el Estado transfiere un monto fijo anual por afiliado; una fórmula perversa que vuelve un negocio perfecto al usuario joven y sano, pero que condena al paciente terminal a ser visto como una pérdida financiera.

Leyes como la 1733 de 2014, que ampara el concepto de "dolor total" que concentra el alivio físico, emocional y social, o la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que eleva la salud a derecho fundamental irrenunciable, son letra muerta en los escritorios de las gerencias médicas en Bogotá. La rentabilidad económica ha suplantado la compasión médica. Los últimos días miles de personas se consumen en medio de un sufrimiento evitable, atrapados en un laberinto de autorizaciones congeladas y trabas administrativas que terminan por quebrar la dignidad humana antes de que lo haga la propia enfermedad.

Camas vacías, bolsillos llenos: El milagro burocrático de la pandemia

Entre los años 2020 y 2025, la capital colombiana se convirtió en una contradicción social y médica. Si bien Bogotá reúne la mayor cantidad de infraestructuras hospitalarias del país con una gran lista de clínicas privadas, hospitales de alta complejidad y subredes integradas de la salud pública, la extensa demanda de cuidados paliativos desborda la capacidad operativa y la voluntad real del sistema.

Los años de COVID-19 marcaron un punto de quiebre que, lejos de flexibilizar el sistema, dispararon la burocracia y la tramitología en la salud terminal. Durante la emergencia sanitaria, bajo el argumento de optimizar los recursos, surgió la necesidad de priorizar giros directos y liberar camas con rapidez; bajo esa excusa se crearon comisiones, plataformas digitales obligatorias y comités de costos adicionales que terminaron por sepultar el principio de pertinencia médica bajo montañas de aprobaciones obligatorias.

El ejemplo más descarnado de esta violencia estructural es el caso de Luz Marina Negedeka, una enfermera de origen indígena radicada en la capital, cuya denuncia fue expuesta en una investigación de la corporación británica BBC Mundo. Su testimonio revela la peor cara de esta odisea: en plena crisis sanitaria, un sistema movido por incentivos perversos catalogó apresuradamente a su madre como paciente COVID sin certeza diagnóstica real, procediendo a intubarla en un acto que aceleró un desenlace fatal por causas que terminaron siendo naturales. La tragedia de los Negedeka que cobró también la vida de su padre y su tío en un absoluto abandono institucional demuestra cómo la flexibilización de los controles estatales en pandemia multiplicó las ganancias corporativas mediante la facturación de protocolos específicos y de alta rotación, mientras los hogares bogotanos quedaban atrapados en un desamparo burocrático letal.

Esta distorsión responde a un cálculo de pérdidas y ganancias, en junio del año 2025 el portal Consultor Salud expuso un debate que revelaba la manera en que el sistema prefiere omitir o catalogar como innecesario el suministro de medicamentos costosos para el dolor de pacientes con baja expectativa de vida. Bajo las reglas de la UPC y la burocracia heredada de la pandemia simplemente no es eficiente invertir en quien en un futuro cercano va a morir.

El arte de privatizar el sufrimiento ajeno

Detrás de las cifras hay hogares sosteniendo el dolor en completa soledad. El testimonio de Ángela Patiño expone la crudeza del sistema: durante cinco meses dejó su vida en pausa para cuidar a su cuñado, Edgar Ricardo Barón, paciente terminal de 51 años.

A pesar de haber aportado al sistema toda su vida, la EPS les dio la espalda. De los 15 medicamentos que Edgar requería, el sistema solo entregaba acetaminofén, obligando a la familia a comprarlos por su cuenta. En sus últimos días, la IPS domiciliaria nunca envió la enfermera asignada ni ambulancias. Cuando Edgar sufrió una obstrucción intestinal y perdió la movilidad, tuvieron que trasladarlo por sus propios medios de hospital en hospital. Tras una internación hostil e ineficiente, regresó a casa para colapsar. Al llamar al 911, la respuesta de la red de emergencias reflejó la indolencia institucionalizada: "era lo que se estaba esperando, que alguno de sus órganos colapsara". Ante la amenaza de una reanimación traumática y el pánico de dejarlo tirado en una sala de urgencias, la familia decidió no trasladarlo más. Edgar falleció en su hogar, rodeado de los suyos.

Bienvenidos al mercado del último suspiro

Al final, la salud terminal en Colombia evidencia una enfermedad mucho más profunda: un colapso ético absoluto. En este frío tablero corporativo, la muerte digna ha dejado de ser un derecho fundamental irrenunciable para convertirse en un privilegio selectivo determinado por la capacidad de pago.

Mientras el sufrimiento humano siga siendo cuantificado en balances de pérdidas y ganancias, los pacientes más vulnerables continuarán atrapados en una agonía programada por la burocracia. Humanizar este tránsito y arrebatarle el final de la vida a las garras del mercado no es una utopía; es la mínima condición exigible para llamarnos una sociedad civilizada. En la transformación de esta estructura nos estamos jugando, en última instancia, nuestra propia humanidad.