Los medios tradicionales de comunicación insisten en llamar “guerra entre Israel y Hamas” a lo que ocurre en la Franja de Gaza. Sin embargo, tras una revisión atenta de los hechos, esa denominación resulta no solo imprecisa, sino profundamente engañosa. No se trata de una guerra en sentido estricto, sino de una operación militar abrumadoramente asimétrica.

Lo que se observa es al ejército del Estado israelí empeñado en desmantelar a un grupo paramilitar violento que, desde hace años, opera ocultándose en túneles subterráneos excavados bajo edificaciones civiles: hospitales, viviendas, escuelas y templos de culto. Todo ello en medio de una población que lleva una vida común y que, en su mayoría, jamás ha empuñado un arma. Esta realidad deslegitima cualquier intento de justificar un ataque militar de tal magnitud contra la población palestina de Gaza, hoy reducida a escombros y miseria.

Tras los asesinatos del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamas durante la operación denominada Tormenta Al-Aqsa, el Estado de Israel optó por una respuesta basada en la devastación total. En lugar de explorar alternativas compatibles con el derecho internacional, eligió una vía arcaica y desproporcionada que asumió, de facto, a toda la población palestina como sospechosa o cómplice del terrorismo. El resultado ha sido una masacre indiscriminada.

Las cifras son elocuentes. Más de 73.000 personas han muerto en Gaza desde octubre de 2023, entre ellas más de 21.000 niños y niñas, según el Ministerio de Salud palestino, cifras utilizadas habitualmente por organismos internacionales como Naciones Unidas y UNICEF. A estas víctimas se suman miles de personas que permanecen bajo los escombros, así como quienes han fallecido por hambre, enfermedades prevenibles o la destrucción del sistema sanitario. No se trata únicamente de daños colaterales inevitables: se trata de vidas civiles aniquiladas.

El despilfarro militar es obsceno. Miles de toneladas de bombas y misiles han sido lanzadas sobre un territorio fijo, densamente poblado y sin posibilidad real de huida. Casas, hospitales y escuelas —espacios esencialmente civiles— fueron convertidos en objetivos. Pupitres y camas de hospital volaron por los aires junto con quienes los ocupaban.

Nada de esto exime a Hamas de responsabilidad. Sus crímenes del 7 de octubre y su práctica de escudarse tras la población civil son moral y jurídicamente condenables. Pero reconocer esa culpa no puede servir para legitimar una respuesta que castiga colectivamente a un pueblo entero.

Aquí es donde el lenguaje importa. Calificar esta masacre como “guerra” o “conflicto” es recurrir a un eufemismo que maquilla lo inadmisible. El eufemismo no describe: encubre.

Convierte la barbarie en algo presentable, la vuelve aceptable y, en última instancia, justificable.

La actuación del Estado de Israel constituye un crimen de guerra inocultable, del mismo modo que lo fueron los crímenes cometidos por Hamas. La diferencia de poder no atenúa la responsabilidad: la agrava.

En conclusión, Benjamin Netanyahu carga una responsabilidad histórica equiparable a la de los líderes de Hamas. Ambos han elegido la violencia como lenguaje político y han condenado a pueblos enteros a un sufrimiento que se prolongará durante generaciones. Llamar a esto “guerra” no es un error semántico: es una forma de complicidad.