Universidad del Valle

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“La historia de las sociedades humanas es, en gran parte, la historia de la sucesión de las aristocracias... Los 'zorros' sustituyen a los 'leones' cuando la astucia y la combinación agotan su eficacia, y los 'leones' desplazan a los 'zorros' cuando la sociedad exige orden y desconfía de las palabras. Al final, el pueblo solo cambia de amos.”

–Vilfredo Pareto

La teoría de élites de Pareto, Mosca y Michels ofrece una lente útil, pero no única, para mirar la política. Su tesis central es que toda sociedad se divide entre una minoría organizada que gobierna y una mayoría desorganizada que es gobernada. La democracia, desde esta óptica, sería apenas un método para elegir qué élite ejerce el poder. Pero conviene no olvidar que existen marcos alternativos como el pluralismo de Dahl, el republicanismo, la democracia participativa, que han mostrado que los movimientos sociales organizados, los contrapesos institucionales y las luchas por derechos pueden ampliar márgenes de agencia ciudadana. La famosa “ley de hierro de la oligarquía” de Michels es una tendencia poderosa, no un destino inapelable. Dicho esto, apliquemos estas herramientas a la coyuntura electoral colombiana, con la conciencia de sus límites.

Cuando Pareto escribió que la historia de las sociedades humanas es la sucesión de aristocracias “zorros” que reemplazan a "leones" y viceversa, describía un mecanismo recurrente. La democracia no sería otra cosa que un sistema donde las élites compiten por el poder, y las ideologías funcionan como “fórmulas políticas” (Mosca) para legitimarse ante las masas desorganizadas. Michels añadió un elemento estructural: a medida que una organización crece, delegar el poder en una minoría es técnicamente inevitable. Colombia no escapa a estas dinámicas, pero ¿son inmutables? Pensemos en casos concretos: la Corte Constitucional colombiana ha frenado intentos autocráticos de distintos signos; el movimiento campesino e indígena ha logrado reformas sin ser plenamente cooptado; el estallido social de 2021 evidenció formas de presión ciudadana que ninguna élite controla del todo. La circulación de élites existe, pero no es el único motor de la historia.

Ahora bien, tanto un hipotético gobierno de Iván Cepeda como uno de Abelardo de la Espriella representan proyectos de consolidación de poder que reactivan dinámicas clásicas de la teoría política. Por un lado, Cepeda tiene una fórmula política que lo legitima a través de la justicia social, los derechos humanos y la redistribución estructural. Desplazaría a las facciones tradicionales mediante una contraélite burocrática e intelectual de izquierda. Su riesgo principal no es el fantasma del “comunismo” que algunos esgrimen para no votar por él, sino la parálisis institucional. Si intentara alterar drásticamente la estructura de propiedad o la doctrina de seguridad, chocaría con los vetos de las élites económicas y las Fuerzas Armadas. El resultado probable no sería una revolución, sino un vacío de poder o una esclerosis del Estado, donde la expansión burocrática alimenta una nueva oligarquía tecnocrática inclinada a su propia autorreproducción. En resumen: el peligro real de un gobierno de Cepeda es la inmovilidad y la frustración popular, no la dictadura del proletariado.

Por el lado de De la Espriella, su fórmula política se basa en la legitimación a través del orden vertical, la seguridad nacional, la tradición y la defensa de la libre empresa. Pero tiene un giro bonapartista: concentra el poder en una facción radicalizada de la élite económica y judicial existente. Su riesgo es más grave en términos democráticos. Al romper el “pacto poliarquico”, ese acuerdo tácito entre élites que permite la coexistencia sin destruirse mutuamente, un gobierno hiperpresidencialista puede subordinar el juego de múltiples élites a una sola facción ejecutiva y judicial. En nombre de la “libertad”, puede terminar suprimiendo libertades: control judicial vertical, persecución a la disidencia, debilitamiento de los contrapesos constitucionales de 1991. El riesgo no es meramente teórico: la historia muestra que los populismos punitivos tienden a clausurar los canales institucionales del desacuerdo, reduciendo la predictibilidad del sistema y generando mayor inestabilidad a largo plazo.

Quien lea estas líneas podría pensar que estoy equiparando ambos peligros. Nada más lejos de mi intención. Una cosa es la parálisis y la burocratización; otra muy distinta, la concentración activa del poder coercitivo y la erosión de contrapesos. La primera es grave para la eficacia del Estado y la satisfacción de demandas populares; la segunda es letal para la democracia misma. Por eso, aunque desde el realismo político ambos escenarios comparten el dilema de fondo, cómo una élite gobernante consolida su hegemonía frente a una oposición que cuestiona su legitimidad, los instrumentos elegidos marcan una diferencia crucial: la captura y expansión del aparato burocrático-distributivo (Cepeda) no equivalen a la centralización de la fuerza y la autoridad judicial (De la Espriella). No toda élite es igual, y no todo riesgo tiene el mismo peso.

Dicho esto, el pesimismo radical tampoco ayuda. La historia muestra que movimientos sociales organizados, desde el sufragismo hasta las luchas por derechos civiles y ambientales, han logrado ensanchar márgenes de participación que las élites no preveían. En Colombia, la acción de la Corte Constitucional, los cabildos indígenas, las marchas campesinas y los mecanismos de revocatoria de mandato demuestran que la política no se reduce a un simple recambio de amos. La ley de hierro de la oligarquía es una tendencia poderosa, pero se pliega cuando hay ciudadanos dispuestos a organizarse y exigir contrapesos. Reconocer la circulación de élites no debe ser una invitación a la abstención, sino a la vigilancia activa. Si la democracia puede volverse oligárquica, la única respuesta racional es construir contrapesos populares que no dependan de la buena voluntad de quienes gobiernan: prensa independiente, litigio estratégico colectivo, referendos revocatorios, asambleas ciudadanas vinculantes.

Al final, el lector juzgará. Mi argumento es simple: en Colombia votamos entre dos proyectos de élite, pero uno conlleva el riesgo de parálisis y el otro el riesgo de autoritarismo. El primero es menos dañino para las libertades en el corto plazo, aunque quizás más probable. El segundo es más peligroso, aunque políticamente menos viable. La diferencia importa. No se trata de caer en la ingenuidad de creer que un gobierno cambiará mágicamente las estructuras de poder, ni en el cinismo de pensar que da igual quién gane. Se trata de reconocer los mecanismos de dominación para, al menos, no colaborar con ellos desinformados. Porque el pueblo no solo cambia de amos: también puede aprender a ponerles jaulas. De eso, al final, se trata la democracia.