Universidad Libre

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En Colombia, el escrache se ha convertido en un espejo incómodo el cual viene siendo el reflejo de la debilidad de nuestras instituciones, ya que no es solo un acto de denuncia, es un grito colectivo que surge cuando la justicia calla y las víctimas se ven obligadas a buscar auxilio en redes sociales. Para algunas personas esto es percibido como una resistencia legitima, para otras es un linchamiento digital, pero lo que nadie puede negar es que este fenómeno revela una paradoja impactante: en un país donde más de 800 feminicidios fueron registrados en 2024, las mujeres deben recurrir a la denuncia pública para ser escuchadas, aún con el riesgo de que ese mismo grito sea castigado como delito.

El escrache no nace del capricho ni de la improvisación, es la consecuencia directa de un sistema judicial, que ha fallado en lo más básico como lo es proteger a las víctimas. La Fiscalía general de la Nación, consciente de esta tensión, emitió la directiva 0001 de 2026, así su valor como fuente legítima de conocimiento, pero advierte que debe ejercerse con responsabilidad para no vulnerar la presunción de inocencia.

El problema es que, en la práctica, las denuncias por injuria prosperan con mayor rapidez que las investigaciones por violencia sexual. Esa asimetría institucional es un golpe bajo ya que protege más la honra del denunciado que la integridad de la víctima. El escrache se convierte entonces en un espejo que expone las prioridades del sistema penal colombiano y desnuda su incapacidad para garantizar justicia real.

Más allá de códigos y sentencias, lo que está en juego es la voz de las mujeres que el sistema ha dejado en silencio. Criminalizar el escrache no sería un acto de justicia, sino la confirmación de un Estado incapaz de protegerlas. Convertir la denuncia en delito es blindar la impunidad y perpetuar la revictimización. Reconocerlo como protesta legítima, en cambio, es abrir un camino hacia una justicia feminista que no se limite a administrar expedientes, sino que transforme las instituciones desde sus raíces y devuelva dignidad a quienes han sido ignoradas.

El escrache no sustituye al sistema judicial, pero lo desafía. Es memoria colectiva, resistencia política y advertencia social. Y mientras los tribunales sigan fallando, seguirá siendo necesario. Porque cuando la justicia calla, la sociedad grita. Y ese grito incómodo no debe ser castigado como delito, sino escuchado como un llamado urgente a cambiar la historia de la justicia en Colombia.