¿Quién dio la orden?
Mariana Pedraza Rico
Universidad de La Salle
Actos despreciables como los del congresista Miguel Polo Polo ante los llamados falsos positivos nos muestran la falta de empatía en un país que pretender ser indiferente al dolor de las víctimas. Asumir que la cifra de las 6402 víctimas del paramilitarismo confirmadas por la JEP es un invento de la izquierda se convierte en un acto populista que apela en convertir esta tragedia en un discurso político de odio. Negar la existencia de esta problemática también es evitar reconocer que estos crímenes de lesa humanidad ocurrieron bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Durante este periodo de violencia, cuyo pico fue entre 2002 a 2008, miles de civiles fueron asesinados de manera inocente haciéndolos pasar por guerrilleros dados de baja en combate tras ser engañados con falsas propuestas de empleo y secuestrados en sus casas. Sectores empeñados en minimizar la magnitud de los hechos nos muestran lo fácil que les resulta convertir el sufrimiento de las víctimas en un tema de debate porque el negacionismo no les permite aceptar lo que pasó pues eso implicaría interpelar las decisiones y lógicas que permitieron que hechos tan atroces pasaran.
Las cifras no son un simple número inventando, nacen de información consolidada en el 2021 por la misma Jurisdicción Especial para la Paz, saliente de registros de la Fiscalía General de la Nación, Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Además, 32 informes de organizaciones de víctimas sustentan la veracidad de estos.
Me resulta repudiable pensar que hay quienes juegan con el dolor de aquellas madres que perdieron a sus hijos, muchachos que salieron con la esperanza de un futuro mejor y no regresaron. Desprestigiar movimientos que buscan vaciar de sentido una lucha con años de memoria y resistencia como es el caso de “Las cuchas tienen razón” es el colmo, teniendo en cuenta que las víctimas no se ridiculizan, se respetan.
Despreciable, inhumana, incoherente son palabras que definen la sociedad colombiana. Despreciable al reducir el dolor ajeno a una opinión. Inhumana al ignorar que detrás de cada cifra existió una vida. Incoherente al hablar sin saber que el sufrimientos de estas madres no es tangible en años sino en repetir la historia una y otra vez, en aclarar lo que nunca debió ponerse en duda, que sus hijos no eran criminales, ni miembros de grupos paramilitares.
¿Quién dio la orden? Esa es la misma pregunta que se hacen las miles de familias en el país que aún buscan la verdad tras dichas ejecuciones extrajudiciales y mientras esa pregunta siga sin respuesta, mientras siga incomodando, Colombia seguirá siendo un país que le debe a sus víctimas algo más que justicia, les debe, al menos, la capacidad de no seguir negando lo que ya no tienen forma de ocultar.