¿Y si el ministro no vuelve?
María Fernanda Ávila
Universidad Externado
En la actualidad, las tensiones entre el gobierno actual y el Banco de la República se incrementan notablemente. Mientras que Gustavo Petro, primer mandatario colombiano, sugiere que las acciones propias del Banco de la República representan un “sabotaje político” frente a su administración, nuestro mayor exponente de la política monetaria defiende sus decisiones detrás del objetivo de mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana.
En semanas anteriores, el ministro de Hacienda, quien preside la junta directiva, Germán Ávila, abandonó la sesión en manifiesto de su inconformidad —y la del gobierno, consecuentemente— frente a las políticas que se planeaban implementar referentes al posible aumento de la inflación; dentro de estas, el alza, calificada por el ministro como desproporcionada, de las tasas de interés. Sin embargo, desde este distanciamiento entre ambos actores, lo que se encuentra en juego ya no es solo el aumento de los 100 puntos a las tasas de interés; es más grande que esto: significa también poner en tela de juicio la coordinación entre economía fiscal y monetaria a partir de la pugna entre ambos organismos estatales quienes integran la junta directiva que, en principio, ejercen como representantes de los intereses generales de la ciudadanía . Cabe resaltar que la presencia del ministro como representante gubernamental en este consejo no es una decisión “obvia” ni general; es propia de la organización estatal colombiana y nace de resultados que confirman la conveniencia de coordinar las políticas fiscal y monetaria.
Ante esto, adquiere gran importancia cuestionarnos: ¿qué pasará si quien preside la junta no regresa? El Decreto 2520 de 1993, que regula los estatutos del Banco de la República, impide a la Junta Directiva sesionar sin la presencia del Ministro de Hacienda; es decir, que si el ministro no se presenta, la junta no cuenta con el quorum necesario para sesionar ni deliberar frente a las decisiones pertinentes a sus funciones, que tienen como finalidad favorecer la estabilidad macroeconómica, generando una parálisis institucional en un órgano fundamental para la estabilidad económica del país.
Esta protesta por parte del ministro y su ausencia representan un acontecimiento nunca antes visto en Colombia y significan un bloqueo sin precedentes que afecta múltiples variables financieras relacionadas con la confianza de nuestro sistema monetario y continúa vulnerando la establecida autonomía del banco. Este riesgo de fiscalizar las decisiones monetarias es más complejo de lo que parece: que el Estado tenga la capacidad de generar decisiones monetarias políticas y no técnicas implica la posibilidad de tomar medidas irresponsables con el fin de crecer más rápido, generar mayor apoyo político y, por ende, gastar más, especialmente en época de elecciones presidenciales. Así mismo, la naturaleza propia de la administración pública nos demuestra que la autonomía es fundamental para proteger, en la medida de lo posible, la estabilidad económica; esto evita que el poder ejecutivo baje tasas artificialmente, aumente el gasto sin control y genere inflación para financiarse. En definitiva la autonomía del banco no es un obstáculo, como el gobierno del cambio lo plantea; en realidad, debilitar su independencia significa poner en riesgo nuestra estabilidad a largo plazo.