Universidad de los Andes

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Para entender lo que atraviesan los colombianos política y socialmente debemos elevar el debate y mirar más allá de nuestras narices. La política nacional se ha convertido en un campo de batalla de eufemismos, promesas vacías y populismo punitivo. Por eso, antes de analizar candidaturas o dejarnos llevar por las encuestas, debemos entender tres conceptos que son la columna vertebral de la ciencia política, pero que hoy nos venden de forma distorsionada: el poder, el poderío y la autoridad.

Históricamente, la autoridad ha sido malinterpretada. Aristóteles decía desde una óptica estrictamente jerárquica y machista. La del amo sobre el esclavo, la del esposo sobre la mujer o la del padre sobre el hijo. Sin embargo, la sociedad y el Estado de Derecho evolucionaron. El sociólogo Max Weber nos enseñó que la verdadera autoridad es la "dominación legal-racional". Es decir, es el poder combinado con el derecho. Es la capacidad de dirigir y gobernar de manera justa, amparada en la ley, las instituciones y los principios morales. En pocas palabras, la autoridad es cuando alguien te manda, pero tú le haces caso porque sabes que tiene la razón y porque crees que las reglas son justas.

El poder, en esencia, es simplemente la capacidad de tomar decisiones y lograr que las cosas se hagan; es una herramienta neutral, un instrumento que puede usarse para bien o para mal, como todo. El problema aparece cuando se transforma en poderío. La filósofa Hannah Arendt decía que cuando quienes mandan pierden su legitimidad, es decir, cuando ya no los respetan, terminan sustituyendo el liderazgo por la violencia. Eso es el poderío: el abuso puro y duro. Es imponerse por la fuerza, ignorando las reglas del juego y pasando por encima de la gente, simplemente porque se tiene el control de las armas. De esos ejemplos hay muchos.

En la actual coyuntura electoral, Colombia se enfrenta a un dilema trágico. Los extremos nos obligan a elegir entre un Estado que, bajo el fracasado modelo de la 'Paz Total', ha entregado la autoridad a criminales que hoy dictan su propia ley en el Chocó, el Cauca y el Catatumbo bajo el disfraz de 'gestores de paz', y, por el otro lado, un modelo que promete recuperar el orden a través del poderío abusivo de los 'destripadores' de la oposición, cuya única receta es la fuerza bruta sin estrategia ni consenso. Ambas vías, tanto la claudicación absoluta ante el bandido como el autoritarismo de opereta de quienes creen que el país se arregla solo con plomo y destripar, conducen al mismo precipicio: el colapso total de nuestra institucionalidad.

Por principios de orden y legalidad, este gobierno actual es insostenible, al igualar nuestras instituciones con criminales y otorgar estatus político a delincuentes, el Estado no ha buscado la reconciliación, sino la abdicación de su rol. Las cifras respaldan esta claudicación, con un crecimiento alarmante del ELN y el Clan del Golfo, cuyos picos históricos en cultivos ilícitos superan las 230.000 hectáreas, permitiendo que en regiones apartadas sean ellos quienes imponen toques de queda y carnetizan a la población. En el otro extremo, la respuesta no es la autoridad, sino la visceralidad de los llamados 'destripadores' de la oposición, cuya propuesta se limita al uso desmedido de la fuerza y la tecnología represiva. Es una narrativa de populismo punitivo que, al igual que el otro extremo, omite la estrategia social y la construcción de consensos, cayendo en la misma trampa de confundir el ejercicio del poder legítimo con el simple abuso de la fuerza.

Aquí debemos plantear una pregunta ¿El Salvador o Argentina son Estados fuertes o débiles?

Casi todos deslumbrados por los videos de TikTok, el despliegue militar y las mega cárceles de Nayib Bukele, responderá que son Estados de hierro e intocables . Pero es todo lo contrario. Son estados estructuralmente débiles. Según el World Prison Brief, El Salvador tiene hoy la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, más del 1.6% de su población total está tras las rejas. Un Estado que tiene que encarcelar a una porción tan masiva de su sociedad civil para mantener la paz, es un Estado que fracasó en la prevención, en la educación y en la generación de oportunidades. Compensa su falta de autoridad moral con poderío militar. La debilidad histórica de los dictadores es, precisamente, su dependencia de las cárceles. Cuando no puedes convencer, tienes que encerrar. Si el Estado tiene que poner a un soldado con un fusil detrás de cada ciudadano para que este no delinca, ese Estado ya perdió. Un Estado no es fuerte cuando tiene más cárceles. Un Estado es fuerte cuando menos las necesita.

La seguridad en Colombia no se resolverá ni regalándole el país a los criminales ni convirtiéndolo en un campo de concentración. El problema medular, y del que pocos candidatos hablan con rigor, es que nuestro tejido social está pulverizado. El tejido social o capital social como lo define el politólogo Robert Putnam es la red de confianza, normas de reciprocidad y solidaridad que unen a los miembros de una sociedad con sus instituciones. En Colombia, esa red se rompió, y podemos trazar una línea de tiempo muy clara para entenderlo: En 2020: La pandemia desnudó la fragilidad de nuestro modelo económico, la pobreza en Colombia alcanzó el 42.5%. En 2021: Lo que inició como el rechazo a una reforma tributaria desconectada de la realidad, no fue solo vandalismo; fue el colapso del tejido social. En medio del rompimiento, la respuesta en zonas como Suba y Ciudad Bolívar en Bogotá, o Siloé en Cali, cruzó del respeto hacia el abuso de la fuerza. Casos donde la policía agredió a la sociedad, defendiendo su posición sin tener en cuenta que había otra posición y la sociedad, sin saber cómo hacerse escuchar sin el uso de la fuerza. En consecuencia, los estudios de Latinobarómetro posteriores a 2021 mostraron una caída en picada de la confianza ciudadana en la Policía Nacional y en las instituciones de justicia.

¿Qué pasó en la mente de la gente de a pie? Que la Policía dejó de ser vista como una autoridad garante de derechos para convertirse en un símbolo de Poderío y amenaza abusiva. Y cuando el ciudadano pierde el respeto por la institución protectora, el tejido social muere y la anarquía toma su lugar.

Si seguimos el camino de lo actual, terminaremos consolidando una cleptocracia gobernada por carteles. Si abrazamos el autoritarismo de lo extremo, entraremos en un ciclo de violencia estatal que sólo engendrará más resentimiento y sangre. Colombia quiere, con urgencia, reconstruir su tejido social bajo la batuta de una autoridad genuina. Necesitamos una propuesta que entienda que la firmeza no está reñida con la ley, y que la seguridad se sostiene sobre dos pilares innegociables: el combate frontal al crimen sin concesiones, y la inversión social profunda en los territorios.

No necesitamos a un caudillo gritando “Vamos a destripar”. Ni a otro que diga “Necesitamos continuidad de lo mismo". Colombia necesita algo estructurado, coherente y con carácter. Un liderazgo con la sensibilidad y el rigor que históricamente han aportado las mujeres en el mundo; capaz de poner orden, defender a la fuerza pública limpiando sus manzanas podridas, y abrazar a las comunidades para que vuelvan a confiar en las instituciones.

El éxito del próximo gobierno no se medirá en el número de insurgentes indultados ni en el número de mega cárceles inauguradas. Se medirá en su capacidad de lograr que un joven en Ciudad Bolívar vea a un policía y sienta respeto, seguridad y confianza, en lugar de miedo. Ese es el triunfo de la verdadera autoridad sobre la tiranía del poderío. Colombia tiene que volar, hacia la reestructuración del tejido social y descargar el rayo de la autoridad donde la ley lo demanda; solo así, sumando voluntades, se rescatara el Estado que Colombia merece.