31 de mayo de 2026… Esa es la fecha en la que debería estar pensando Colombia. No solo porque se avecina una nueva elección presidencial – como cada cuatro años – sino también porque está en juego la continuidad de la democracia, algo que no debería estar entredicho en una institucionalidad sólida como la colombiana. Y no es para menos: hemos salido adelante a pesar del narcotráfico, de las guerrillas, los paramilitares, de intentos de presidentes autoritarios. Petro es la muestra de esto último. La oposición falló con el pronóstico de que nos íbamos a convertir en Venezuela, pero no precisamente debido al “progresismo” del Pacto Histórico, sino por todo lo contrario; la solidez de nuestras instituciones. Las mismas que día a día vienen siendo blanco de ataques por parte del petrismo acérrimo, con el respaldo de ciertos intelectuales. Prefieren mantener silencio o incluso apoyar estas gestas en contra del Banco de la República, el Consejo de Estado, la Registraduría, el CNE e incluso, la Constitución del 91, el mayor pacto social alcanzado en los últimos 40 años. Por eso me pregunto y les pregunto, ¿qué rumbo vamos a elegir para Colombia estos cuatro años?

Es importante entender que ningún gobierno ha sido perfecto, no por nada somos uno de los cinco países más desiguales según el coeficiente de Gini y uno de los veinticinco más violentos de acuerdo con el Índice de Paz Global. La corrupción también ha sido una mancha que ningún gobierno, llámese por omisión o complicidad, ha estado dispuesto a combatir eficazmente.

No obstante, como colombianos debemos reconocer que durante los últimos treinta años habíamos progresado considerablemente; en lo social se avanzó en la reducción de pobreza, reclutamiento armado, desnutrición infantil, analfabetismo, etc. En cuanto a seguridad, la reducción en los homicidios, secuestros, hurtos, entre otros, mejoró de forma radical especialmente durante la presidencia de Álvaro Uribe. Todo esto se puede comprobar en las bases estadísticas del DANE, otra de las instituciones que se ha sostenido frente a intentos de manipulación informática.

El desarrollo de infraestructura, la inversión extranjera y el crecimiento económico era un común denominador en las noticias, hasta que llegó el gobierno del “cambio” a transformar ese modelo. Desde 2022, se empezó a creer que las autopistas 4G solo las usan los multimillonarios de este país; se normaliza que bajo la política de “Paz Total”, se nombraran criminales como gestores de paz; que no importa si Juliana Guerrero falsificó un título, sí Olmedo López se robó la plata del agua, si los ministros no tienen experiencia en sus campos, si ahora los embajadores son “compañeros del proyecto” o irónicamente, castigados por su deslealtad. Nada de esto importa puesto que los anteriores gobiernos también lo hacían. No se trata de tabúes, se trataba de un pacto social que creímos ya establecido, pero Petro demostró que la ideología puede prevalecer sobre el pragmatismo.

Ahora la Constitución del 91, aquella que reunió a exguerrilleros del M-19, a la Séptima Papeleta, a liberales y conservadores. Aquella que consagró el mayor acuerdo nacional en décadas para un país en donde se mataba por pensar diferente, ya no sirve. El Banco de la República que, con su reestructuración en 1991, permitió que los colombianos más jóvenes, como yo, no viviéramos con una inflación de dos dígitos (exceptuando la pandemia); ahora supuestamente solo le sirve a los “banqueros”. El peligro de esa narrativa no es solo que Petro haya logrado instalarla en un buen porcentaje de colombianos, sino que hay un candidato dispuesto a materializar lo que este Gobierno, no solo por ineptitud, sino gracias al actuar de las instituciones, no ha logrado concretar.

No seré yo quien les diga por quién votar, pero si les pediré que lo hagan por convicción, leyendo los diferentes planes de gobierno y siendo conscientes del panorama nacional. Una convicción que relacionen el progreso con infraestructura, inversión, empleo, seguridad y respeto a las instituciones, y no por narrativas que solo fortalecen la polarización que esta campaña presidencial ha profundizado. Finalmente, apoyar a los candidatos dispuestos a retomar esa senda de crecimiento y, así mismo, identificar qué candidato representa la continuidad de ese deterioro institucional agravado por el Gobierno Petro.