Con el cierre del periodo legislativo 2022–2026 surge nuevamente una pregunta en el debate público colombiano: ¿fracasaron las llamadas curules de paz? Aquellos escaños garantizados en el Congreso de la República para los miembros del partido surgido tras la desmovilización de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron concebidos como un mecanismo de participación política derivado del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia. Durante dos periodos legislativos se aseguró la presencia de esta nueva colectividad política en el Senado y la Cámara de Representantes como parte del proceso de transición de la lucha armada hacia la contienda democrática. Sin embargo, al concluir estos ocho años de participación institucional, diversos sectores de la sociedad civil han planteado cuestionamientos sobre los resultados alcanzados.

Parte de las críticas se centran en la percepción de una desconexión entre los congresistas y los territorios históricamente afectados por el conflicto armado. Para algunos analistas, el tránsito hacia la política institucional implicó una dinámica centrada en el ejercicio legislativo en Bogotá, muchas veces rodeado de esquemas de seguridad y protocolos propios de la vida política nacional, lo que dificultó la construcción de una relación orgánica con las comunidades que durante décadas fueron escenario de la confrontación. A estas críticas se suma el cuestionamiento sobre la iniciativa legislativa. Aunque los representantes del partido surgido de la antigua guerrilla registraron participación en más de un centenar de proyectos de ley relacionados con temas agrarios, laborales y sociales, la percepción pública dominante ha sido que su incidencia legislativa fue limitada. En buena medida, esto se explica por la debilidad política de la colectividad dentro del Congreso y por la falta de alianzas amplias que permitieran convertir esas iniciativas en reformas efectivas.

Los resultados electorales también reflejan las dificultades de consolidación política del partido Comunes. En las elecciones legislativas de 2018 obtuvo alrededor de 52.000 votos al Senado (aproximadamente el 0,34 % del total), mientras que en las elecciones de 2022 su votación descendió a cerca de 31.000 votos (alrededor del 0,19 %). Estas cifras se encuentran muy por debajo del umbral electoral requerido para obtener representación parlamentaria por vía electoral, lo que evidencia el escaso respaldo ciudadano hacia el proyecto político surgido de la antigua guerrilla. Otro elemento fundamental en esta discusión es el debate sobre la legitimidad política de estos escaños. Para una parte de la sociedad colombiana, profundamente marcada por décadas de violencia, la presencia de antiguos combatientes en el Congreso continuó siendo un tema difícil de aceptar. El resultado del Plebiscito por la Paz de 2016 en Colombia —en el que el 50,2 % de los votantes rechazó el acuerdo— evidenció que el proceso de reconciliación nacional estaba lejos de constituir un consenso social.

Las heridas de la guerra, aún abiertas en muchos territorios, condicionaron inevitablemente la recepción social del nuevo proyecto político. No obstante, limitar el análisis a estas dificultades implicaría desconocer otros factores estructurales que influyen en los resultados del proceso. Uno de los más relevantes ha sido el incumplimiento parcial de varios puntos del acuerdo de paz por parte del Estado colombiano, particularmente en lo relacionado con la implementación de la reforma rural integral, las garantías de seguridad para excombatientes y líderes sociales, y el desarrollo efectivo de programas de reincorporación. Según datos de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, más de trescientos excombatientes firmantes del acuerdo han sido asesinados desde 2016, lo que evidencia las persistentes dificultades para garantizar condiciones seguras de reincorporación política y social.

En este sentido, evaluar las curules de paz únicamente en términos de éxito o fracaso resulta una simplificación excesiva. Si bien el partido surgido de la desmovilización guerrillera no logró consolidarse como una fuerza electoral significativa ni transformar profundamente la agenda legislativa del país, sí cumplió uno de los objetivos fundamentales del acuerdo: sustituir la confrontación armada por la participación política institucional. La presencia de antiguos combatientes en el Congreso, actuando dentro de las reglas de la democracia, constituye en sí misma una transformación significativa en la historia política reciente de Colombia. Por ello, más que hablar de un fracaso rotundo, resulta más apropiado entender este proceso como una experiencia con resultados limitados y múltiples obstáculos estructurales. La construcción de paz en sociedades que han vivido conflictos prolongados rara vez produce resultados inmediatos o plenamente satisfactorios.

En última instancia, la reflexión que deja este proceso es profundamente política y ética. En un país como Colombia, marcado por décadas de guerra interna, apostar por la paz siempre implicará riesgos, tensiones e incluso errores. Sin embargo, incluso con sus imperfecciones, el intento de transformar las armas en participación política sigue siendo una alternativa más deseable que la perpetuación de la violencia como mecanismo de disputa del poder. En ese sentido, quizá la lección más importante no sea determinar si las curules de paz fracasaron o no, sino reconocer que la consolidación de la paz requiere algo más que acuerdos firmados: exige voluntad política sostenida, cumplimiento institucional y, sobre todo, una sociedad dispuesta a transformar gradualmente las heridas del pasado en posibilidades de reconciliación futura.