Hablar de violencia basada en género parece una conversación que se repite sin producir cambios reales; mencionar cifras de feminicidios termina reduciendo la tragedia a números, dejando de lado a la mujer que es maltratada, acosada, violada, torturada y asesinada, a los hijos que quedan huérfanos y a las familias que terminan con el vacío en el pecho al perder a su abuela, madre, hija, hermana, tía, prima, novia, amiga y compañera. La pregunta que más duele es inevitable: ¿por qué nadie hace nada? ¿Qué ocurre con las leyes que prometen proteger la vida de las mujeres y castigar a los agresores?

Pues esas leyes no existen para el régimen talibán de Afganistán, donde se ha publicado el nuevo código penal que ha sido cuestionado por las disposiciones en las que establece que un esposo que golpee a su esposa y le cause lesiones visibles, como fracturas, puede recibir una pena de hasta 15 días de prisión, siempre que la víctima logre probar los hechos ante un tribunal. Más que una simple reforma normativa, este código envía un mensaje preocupante: la violencia contra las mujeres deja de ser entendida como una agresión grave y pasa a ser un asunto de sanciones mínimas dentro del sistema judicial.

Ahora vemos el problema desde una perspectiva más cercana, Colombia, en donde la vida de las mujeres sigue pendiendo de un hilo. Aunque el feminicidio está tipificado como delito autónomo desde 2015, las cifras continúan creciendo y la impunidad sigue siendo una deuda pendiente. La diferencia no está únicamente en la existencia de la ley, sino en su aplicación efectiva y en la voluntad real de proteger a quienes siguen siendo las principales víctimas de la violencia estructural.

En lo que respecta al año 2025, según reportes del Observatorio de Feminicidios de Colombia, se registraron 973 feminicidios y la mayoría de los agresores tenían una cercana relación con la víctima. El panorama no parece mejorar, pues en lo que va del año 2026, según la Defensoría del Pueblo, se han registrado al menos 8 feminicidios consumados y 2 transfeminicidios en Colombia.

Identificar realidades como las de Afganistán y Colombia no busca compararlas, sino entender que la dignidad de las mujeres no puede depender de la geografía. En algunos lugares se retrocede abiertamente en la ley; en otros, se avanza en el papel, pero se falla en la práctica. En ambos casos, lo que está en juego es el valor de un ser vivo autónomo, uno que a la fuerza quieren bajo la opresión y el silencio.

Mientras la violencia contra las mujeres siga tratándose como una estadística más y no como una crisis estructural, seguiremos escribiendo columnas que se repiten cada año. Las leyes existen, pero sin voluntad política, educación transformadora y justicia efectiva se convierten en promesas vacías. No es suficiente con indignarse cuando ocurre un caso mediático; el verdadero compromiso comienza cuando decidimos desmontar las estructuras que permiten que estas muertes sigan ocurriendo.

No basta con agradecer la resistencia de las mujeres ni con conmemorar los nombres de quienes ya no están. El verdadero homenaje consiste en garantizar que ninguna más tenga que resistir para sobrevivir; la justicia no puede ser simbólica ni tardía, debe ser preventiva, firme y constante. La pregunta ya no es por qué sucede, sino qué estamos dispuestos a cambiar para que deje de suceder.