Ser joven, incomodar al poder y ser independiente en Colombia no solo cuesta sino que se paga caro; se paga con estigmatización, con linchamientos digitales, con la reducción simplista de trayectorias complejas a una sola decisión política. En un país atravesado por la polarización, la independencia se ha convertido en una herejía y el disenso en una ofensa personal, pues no se debate sino que se cancela; no se argumenta, se descalifica.

La política colombiana parece haber perdido la capacidad de tolerar el matiz, pues hoy se exige adhesión total, obediencia permanente y lealtad sin fisuras. Quien no se alinea automáticamente es señalado como “traidor”, “tibio” o funcional al “enemigo”. Este es el clima que se respira antes de elecciones y no solo empobrece la discusión pública, sino que erosiona el sentido mismo de la democracia que se supone descansa en la pluralidad, el control al poder y la deliberación informada.

En ese escenario aparece el caso de Katherine Miranda, representante a la Cámara y hoy aspirante al Senado. Una figura política que ha construido su trayectoria desde el debate, la propuesta y la fiscalización del poder. Miranda ha impulsado iniciativas relevantes, ha puesto temas incómodos sobre la mesa y ha ejercido su función legislativa con una premisa básica pero cada vez más escasa: no renunciar a su criterio. Paradójicamente eso es lo que hoy se le cobra; no sus ideas, no sus resultados, no su preparación, lo que se le reprocha es haberle dicho no al presidente Gustavo Petro cuando consideró que debía hacerlo y haber dejado clara su independencia dentro del Congreso.

En redes sociales, ese gesto ha sido suficiente para afirmar que “no merece llegar al Senado”, como si el Legislativo fuera un premio reservado para la obediencia y no una institución diseñada para el contrapeso. Este tipo de reacciones revela un problema más profundo, una concepción autoritaria de la política, incluso entre quienes se proclaman demócratas. Se ha instalado la idea de que apoyar un proyecto político implica renunciar a la crítica, y que disentir equivale a traicionar una causa. Entonces, bajo esa lógica, la independencia no sólo es indeseable, sino peligrosa, y esa mentalidad es incompatible con cualquier democracia saludable.

Resulta preocupante que en lugar de exigir mejores argumentos o debates más sólidos, se opte por expulsar simbólicamente del escenario político a quien no repite el libreto oficial. El Congreso no está para aplaudir gobiernos, sino para controlarlos. No está para uniformar el pensamiento, sino para representar la diversidad de la sociedad. Pretender lo contrario es degradar la política a un ejercicio de fe ciega.

Más grave aún es que este castigo recaiga con especial fuerza sobre figuras jóvenes. En Colombia a la juventud política se le exige pureza ideológica, coherencia absoluta y lealtad incondicional, requisitos que rara vez se les piden a las viejas élites. Se tolera el oportunismo de siempre pero se sanciona la independencia nueva. Se celebra la rebeldía en el discurso, pero se persigue en la práctica.

Colombia no necesita más congresistas disciplinados por miedo. Necesita representantes con carácter, con capacidad de disentir y con la valentía de decir no cuando el poder se equivoca, sin importar de dónde provenga. La independencia política no debería ser una falta, sino una garantía.

Tal vez el problema no sea Katherine Miranda y los que creemos que sí se puede ser independiente. Tal vez el problema sea una cultura política que confunde liderazgo con obediencia, respaldo con sumisión y democracia con unanimidad. Mientras esa alergia a la independencia siga intacta, el país seguirá atrapado en una política de bandos, incapaz de escuchar, debatir y corregirse a sí misma. Y eso, sin duda, es un precio demasiado alto para cualquier democracia.