En Colombia, las discusiones políticas suelen estar dominadas por abogados, economistas y administradores. Esto no es necesariamente un problema en sí mismo: cada disciplina aporta una mirada valiosa sobre la gestión del Estado. Sin embargo, en un país considerado uno de los más biodiversos del planeta, resulta llamativo que haya tan pocos profesionales de las ciencias biológicas y ambientales ocupando espacios de decisión política.

Colombia enfrenta desafíos ambientales enormes: deforestación, contaminación de ríos, expansión urbana desordenada, pérdida de ecosistemas estratégicos y conflictos entre desarrollo económico y conservación. Estos temas no son secundarios. De hecho, afectan directamente la calidad de vida de millones de personas y el futuro del país. Aun así, cuando se toman decisiones sobre estos asuntos en concejos municipales, asambleas departamentales o incluso en el Congreso de la República, rara vez hay biólogos, ingenieros ambientales o ingenieros forestales participando directamente en el debate político.

Lo que suele ocurrir es que los gobiernos o los legisladores consultan a expertos cuando necesitan un concepto técnico. Se convoca a biólogos para que presenten estudios, diagnósticos o advertencias. Pero una vez entregado el informe, la decisión final queda en manos de políticos que, en muchos casos, no tienen formación en temas ambientales.

Esto plantea una pregunta importante: ¿no sería más lógico que profesionales de estas áreas también estuvieran presentes dentro de los espacios donde se toman las decisiones?

Tener biólogos y especialistas ambientales en cargos de representación política podría enriquecer el debate público. No se trata de reemplazar a otras profesiones, sino de ampliar la diversidad de conocimientos en la política. Un biólogo puede comprender de primera mano el impacto de una obra sobre un ecosistema, un ingeniero forestal puede analizar con mayor profundidad las implicaciones de la deforestación, y un ingeniero ambiental puede evaluar de forma más rigurosa los efectos de ciertas actividades industriales.

Además, su presencia no solo sería técnica, sino también política. Podrían ejercer control sobre decisiones que afecten el medio ambiente, proponer regulaciones más informadas y contribuir a que el desarrollo económico vaya de la mano con la sostenibilidad.

En un país cuya riqueza natural es parte fundamental de su identidad y de su potencial económico, la representación política también debería reflejar esa realidad. Tal vez ha llegado el momento de que más científicos y profesionales ambientales no solo asesoren a los gobiernos, sino que también participen directamente en ellos.

Porque proteger la naturaleza no debería ser solo una recomendación técnica; debería ser también una prioridad política.