La reciente propuesta política que articula al candidato presidencial Iván Cepeda Castro con la lideresa indígena Aída Quilcué abre una pregunta interesante para la política colombiana: ¿puede el Estado colombiano integrar verdaderamente las distintas formas de entender el territorio y la política que existen en el país?

La pregunta no es menor. Durante décadas, América ha intentado construir sus instituciones políticas siguiendo el modelo Estado-nación europeo, un modelo que históricamente se apoyó en la idea de una relativa homogeneidad cultural y política. Sin embargo, las sociedades americanas rara vez encajan en esa lógica.

Países como Colombia están formados por una compleja diversidad de pueblos, culturas y territorios. Comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas conviven dentro de un mismo marco institucional que, en muchos casos, no fue diseñado para reconocer plenamente esa pluralidad.

El problema no radica únicamente en la adopción de instituciones democráticas. Colombia es, formalmente, una democracia. La cuestión es más profunda: cómo se concibe y cómo se aplican esas instituciones.

Con frecuencia, el Estado en América adopta estructuras políticas acordes al canon democrático occidental, pero en la práctica muchas de esas instituciones terminan operando como marcos que simplifican o incluso invisibilizan realidades sociales mucho más complejas. Se construye así un Estado que, aunque formalmente democrático, no siempre logra integrar plenamente a los distintos pueblos que conforman la nación.

Un ejemplo ilustrativo de esta tensión fue la llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia de Colombia. Su elección representó un hito histórico para sectores tradicionalmente excluidos del poder político. Sin embargo, ese avance simbólico también dejó una sensación ambigua: la presencia de figuras provenientes de la periferia social dentro del aparato estatal no siempre se traduce en transformaciones estructurales.

Las dinámicas políticas continúan siendo definidas, en gran medida, desde los centros de poder tradicionales, especialmente desde las capitales. Allí persiste una concepción del Estado que muchas veces ignora o simplifica las complejidades de la periferia nacional.

Parte de esta dificultad también se relaciona con el papel de las élites intelectuales del sur global. Muchas de ellas han sido formadas en centros académicos del norte y, aunque su aporte al pensamiento político es indudable, en ocasiones terminan reproduciendo marcos teóricos diseñados para realidades sociales distintas.

El resultado es un intento constante por traducir conceptos políticos europeos a contextos americanos que no siempre comparten las mismas bases históricas o culturales. Conviene añadir que esta tendencia no ha sido exclusiva de una corriente ideológica particular. A lo largo de la historia política americana, proyectos provenientes de distintos espectros políticos han recurrido, en mayor o menor medida, a marcos conceptuales elaborados para contextos históricos distintos. El problema, por tanto, no reside únicamente en una orientación ideológica específica, sino en una forma persistente de pensar el Estado desde categorías externas que no siempre logran captar plenamente la complejidad social de la región.

Desde esta perspectiva resulta especialmente útil el concepto de sociedad abigarrada, desarrollado por el sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado. Con esta idea, Zavaleta describe sociedades en las que conviven múltiples formas de organización social, económica y cultural que no necesariamente se integran de manera homogénea.

En estas sociedades coexisten estructuras modernas, comunitarias e incluso premodernas, generando un entramado social complejo que difícilmente puede reducirse a una sola identidad política uniforme.

A esta reflexión se suma otra idea sugerente: el concepto de lo ch´ixi, desarrollado por la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui.

A diferencia del mestizaje entendido como una fusión total de identidades, lo ch´ixi propone pensar la sociedad como un espacio donde distintas formas de vida coexisten sin necesidad de disolverse unas en otras. No se trata de crear una identidad única, sino de reconocer la convivencia simultánea de múltiples visiones del mundo que mantienen su propia autonomía.

Llevando al terreno político, este enfoque sugiere algo fundamental: la construcción de un Estado verdaderamente representativo en América no debería basarse en la búsqueda de una identidad nacional uniforme. Más bien debería centrarse en la capacidad de articular institucionalmente la diversidad sin eliminarla.

En este sentido, la propuesta política que vincula a Cepeda y Quilcué podría abrir un debate interesante. No necesariamente porque represente una solución inmediata, sino porque plantea la posibilidad de pensar el Estado colombiano desde una perspectiva distinta.

El desafío no consiste en romper abruptamente con las instituciones existentes ni en imponer una visión de política sobre otra. Se trata, más bien, de abrir espacios dentro del propio Estado donde diferentes formas de entender la política puedan dialogar y coexistir.

Este debate adquiere especial relevancia cuando se habla de reformas estructurales como la reforma agraria. Abordarla únicamente desde una lógica técnico-administrativa o desde modelos heredados de otras realidades podría dejar de lado conocimientos y prácticas que durante siglos han permitido a muchas comunidades relacionarse con la tierra de manera equilibrada.

Las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas no solo habitan el territorio: lo conocen, lo interpretan y lo cuidan desde perspectivas que rara vez han sido plenamente incorporadas en las decisiones del Estado.

Precisamente ahí reside una de las mayores virtudes de la democracia: en la posibilidad de que distintas perspectivas –la económica e institucional, por un lado, y la comunitaria o ancestral por otro- puedan dialogar y construir acuerdos sin que una tenga que imponerse completamente sobre la otra.

Y así volvemos a la pregunta inicial:

¿Puede el Estado colombiano integrar realmente las distintas formas de entender el territorio y la política que existen en el país?

En ese sentido, también resulta pertinente plantear una pregunta abierta a quienes hoy impulsan este tipo de propuestas políticas. Si el objetivo es construir un Estado más representativo de la diversidad social del país, ¿de qué manera podría el propio Estado colombiano integrar institucionalmente esas distintas formas de entender el territorio, la comunidad y la vida política sin reducirlas a un único marco político?

La respuesta no llegará de forma inmediata ni a través de una sola reforma. Integrar realidades históricamente separadas exige algo más complejo que una decisión institucional. Requiere voluntad política, paciencia histórica y, sobre todo, la capacidad de escuchar a quienes durante mucho tiempo permanecieron en los márgenes del Estado.

Tal vez el verdadero reto no sea simplemente reformar las estructuras existentes, sino aprender a construir un espacio político donde diferentes formas de entender la tierra, la comunidad y la vida colectiva puedan convivir sin tener que desaparecer unas dentro de otras.

Si Colombia logra avanzar en esa dirección, su democracia no solo será más representativa: también estará más cerca de reflejar la pluralidad real que siempre ha definido al país.