Objetivo

No solo es denunciar que el Estado, a través de los servicios de inteligencia, sabía de la situación de la coca en el Catatumbo muchos años antes de reconocerla públicamente; es hacer explícita una verdad oculta: que aquella “ausencia del Estado” es un mito no solo engañoso, sino peligroso. Hay una presencia específica del Estado en el territorio y en el conflicto.

Este ensayo se construye desde la firme creencia de que no se puede imaginar un futuro sin comprender el presente, y que no se puede comprender el presente sin mirar el pasado.

Preludio

El año pasado, 2025, para estas fechas de enero, el Estado colombiano declaró la llamada “crisis humanitaria del Catatumbo”. Los ojos del país estaban puestos en un territorio “históricamente olvidado por el Estado”. Este axioma, por lo menos, resulta llamativo y me lleva a formular una serie de preguntas indelebles como:

¿Qué es el olvido estatal?

¿El olvido es desconocimiento?

Y si hay desconocimiento, ¿cuál es su causa?

¿Ineficiencia del Estado o presencia limitada?

¿Cómo es la presencia del Estado?

¿Y cómo debería ser esta presencia?

Cuando todas estas preguntas aparecen después de la emocionalidad del momento, la respuesta clásica de muchos paisanos del territorio —que como buen cucuteño y nortesantandereano respeto, aunque no comparto—, más allá del nihilismo de quienes afirman que “nada va a cambiar”, es: necesitamos más Estado. Pero ¿a qué Estado hacen referencia, consciente o inconscientemente?

Porque el Estado, para bien o para mal, siempre ha estado allí…

“Era el año de 1983, cuando a las oficinas del DAS nos había llegado la información de que en la serranía motilona entre Tibú y La Gabarra (Catatumbo) había cultivos de coca. Yo era investigador judicial del DAS y enviaron a 20 funcionarios y a mí a investigar. Nos trasladaron a la ‘cooperativa’, zona en donde habitaban los indígenas Barí. En el sector se encontraba un regimiento militar a orillas del río La Gabarra, limítrofe con la República de Venezuela. De ahí nos trasladamos a la cooperativa, en donde hicimos un desplante y se tomó evidencia; era muy poca coca en ese momento. Esta operación no tiene nombre, la hicimos de civil, de manera encubierta.

Ya luego, en el año 99, en esa misma zona se realizó la masacre de La Gabarra, la toma paramilitar de la región que, para el 2004, en órdenes del comandante Mancuso de las AUC, presentó masacres y se convirtió en una zona fuerte del narcotráfico”.

—Luis Domingo Parada Sanguino, abogado y ex investigador judicial del DAS.

Este testimonio contrasta con versiones oficiales estatales. El “primer reconocimiento”, si se pudiera llamar así, de indicios de problemáticas sociales —más no directamente relacionadas con la plantación de coca— fue en el año 1987, con la firma de un pliego de peticiones del Paro del Nororiente, en el cual la comunidad exigía acceso a educación de calidad, puestos de salud y construcción de vías (Comisión de la Verdad, 2026).

Más aún, la propia Comisión de la Verdad, encargada de la memoria histórica y la reconstrucción del conflicto, afirma que fue a finales de los años ochenta cuando “la hoja llegó a la región por La Gabarra”. Entonces, ¿cómo es posible que oficialmente el Estado colombiano afirme una cosa y que sus propios operativos de inteligencia indiquen otra?

Desde las ciencias políticas entendemos que estos sucesos no son contradictorios entre sí, sino que están correlacionados con narrativas de poder que, a través de los años, el Estado —como campo de lucha entre actores por la dominancia— ha legitimado.

Como se concluye en El 18 brumario, no se puede entender el devenir histórico de una coyuntura o un suceso sin discernir las acciones de los actores que condujeron a ello. No se puede comprender, en este caso, la “crisis humanitaria del Catatumbo” sin entender cuál ha sido el papel del Estado, representado en el elitismo gobernante; en las instituciones de la “legítima violencia”, como el Ejército y sus aparatos de inteligencia; en el campesinado desplazado u obligado por las condiciones materiales al cultivo de coca; en el narcotraficante; y en el papel de los grupos armados que han habitado y competido por lo estratégico que resulta la región para la ruta del narcotráfico internacional.

Todos estos actores han creado el caldo de cultivo para lo que denomino “la estructura existente”: una organización del desarrollo del capital de la violencia, que el profesor Estrada categoriza como acumulación capitalista, concentración extrema de la riqueza y desigualdad social. La tendencia histórica del proceso de acumulación constituye un factor esencial para la persistencia del conflicto armado colombiano y explica su producción y reproducción.

No es casualidad que los organismos de inteligencia del Estado, como lo fue en su momento el DAS, supieran del inicio de las plantaciones de coca, reconocieran el terreno y lo dejaran pasar como si se tratara de un problema menor. No se trata de un error de cálculo político: es parte de la estrategia de los actores. Como afirma Estrada en Estado, poder de clase y contrainsurgencia, en el Estado se encuentra un espacio de mediación política y articulación de intereses en forma de proyecto político y económico.

Así, la violencia no es una falla estatal ni un error al gobernar, como sostienen algunas teorías. Como comparten Estrada y otros autores, la violencia cumple una función dentro de la estructura existente: una función ordenadora de la relación social capitalista en su proceso de despliegue y expansión.

Para desarrollar esta característica de la estructura existente, la profesora Margarita Serje, en su texto El mito de la ausencia del Estado, muestra cómo esta supuesta ausencia en el territorio, basada en metáforas como centro–periferia, sirve como una analogía funcional.

No es que el Estado sea débil, que no esté en el territorio o que no haya podido llegar a él; siempre ha estado, pero de maneras específicas y singulares, al servicio de las formas de producción y/o explotación. Así ocurrió desde 1870, con la construcción de las primeras vías ferroviarias en Cúcuta; con la presencia específica en el Catatumbo a través de la “Concesión Barco”, un pacto político entre élites vencedoras de la Guerra de los Mil Días que derivó en la explotación petrolera en la región; o incluso en microrelaciones sociales, como una operación encubierta realizada por funcionarios del DAS en zonas que luego serían consideradas de “alto valor”.

La configuración de la estructura existente se basa en un discurso de secularización que opera en estos márgenes donde habita el salvajismo: territorios “vacíos”, “inaccesibles”, pero con “potencial oculto”. Por ello, la geografía de la gestión necesita penetrar y apropiarse de esta periferia y de su población a través de la violencia, como ocurrió y ocurre con la comunidad Barí, perseguida, asesinada y expulsada de sus territorios.

Lo mismo sucede con el campesinado, que vive en un estado constante de violencia, con oportunidades reducidas, extorsionado por los grupos al margen de la ley mediante amenazas, desplazamiento y, en ocasiones, incentivos económicos.

Como lo expresa Serje:

“El Estado y sus representantes, lejos de estar ausentes, han implementado formas diversas de disciplina y normalización para estas comunidades y sus formas de vida. Por un lado, se han implementado campañas de ‘pacificación’, y por otro, políticas de disciplina social y domesticación”.

Por ello, cuando hablamos de presencia estatal es necesario comprender esta dinámica. Según esta narrativa, el centro es civilizado: allí el campo de la “civilización” se despliega, las personas son ciudadanos de pleno derecho; mientras que en la periferia, “desconocida”, donde no ha llegado esta civilización y donde el derecho es limitado, la gestión se ejerce a través del aparato coercitivo del Estado porque “no hay Estado”.

De esta forma, la presencia del Estado requerida en los grandes centros urbanos —o en territorios sin conflicto armado ni intereses encontrados— se materializa en políticas públicas y diálogo constante con las comunidades. Esta forma de presencia, que debería ser la norma a nivel nacional, no lo es.

El Estado colombiano se acostumbró a un régimen de excepcionalidad constante. La “ausencia del Estado” es una característica de esta organización política. Un claro ejemplo es el orden paramilitar: el paramilitarismo surge desde la sociedad civil y se convierte en forma política justificada en esta aparente “ausencia”. Es una dinámica estatal que persiste; no es un error, pertenece a ese bloque de poder y constituye una de las presencias específicas y singulares del Estado en la periferia.

El paramilitarismo es la muestra más precisa de esta presencia. No son Ejército ni fuerzas armadas sujetas a protocolos institucionales, pero sí aparatos coercitivos entrenados y fuertemente armados, con conexiones directas con el Ejército y las fuerzas armadas. Como lo afirma el propio Mancuso ante la JEP, realizan el trabajo que el Estado legalmente no puede hacer: la llamada “guerra sucia”, encargándose del desplazamiento campesino, asesinatos extrajudiciales, torturas, masacres y control de las rutas del narcotráfico.

Un ejemplo claro fue la primera crisis humanitaria del Catatumbo en 1999, coordinada por alias Camilo, hombre de confianza de Mancuso, cuyo nombre real era Armando Alberto Pérez Betancur, exmilitar y miembro del Bloque Catatumbo de las AUC. Solo en ese año fueron responsables de la masacre de Tibú, asesinatos selectivos contra la población civil para enviar mensajes a los narcotraficantes y la masacre de La Gabarra: un asedio que dejó más de 11.600 desplazados, hogares convertidos en centros de tortura y más de 52.000 hectáreas reclamadas hoy por más de 1.200 familias desplazadas.

Todo esto fue apoyado por militares que, según exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, suministraron armas, municiones y transporte a sus tropas.

Conclusión

El Estado nunca ha estado “ausente” del conflicto; por el contrario, ha estado bien presente, pero al servicio de intereses que no son los de la población vulnerable. Es esta población la que termina pagando todos los platos rotos: los del Estado, los de la guerrilla y los del paramilitarismo. La población paga con su sangre la riqueza del mercado negro; la riqueza de unos pocos se construye sobre el sufrimiento de muchos.

Por eso, ¿de qué presencia estatal se habla cuando se reclama más Estado?

“Porque lo que no se nombra, no se dice, es como si no existiera”.

—George Steiner

Dedicado a mi tío, Luis Domingo Parada, hombre de mis profundos afectos y de mi admiración plena.

Referencias

➢ Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), Catatumbo: memorias de vida y dignidad. Resumen, Bogotá, CNMH.

➢ El Catatumbo merece la presencia integral del Estado. (n.d.). Comisiondelaverdad.Co. Retrieved January 30, 2026, from https://web.comisiondelaverdad.co/especiales/catatumbo/factores-persistencia.html

➢ Serje, M. (2011). El mito de la ausencia del Estado: La incorporación económica de las “zonas de frontera” en Colombia. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales / CESO.

➢ Estrada Álvarez, J. (2015). Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada: Elementos para una interpretación histórica del conflicto social y armado. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

➢ Marx, K. (2015). El 18 brumario de Luis Bonaparte. Fundación Federico Engels. (Obra original publicada en 1852).