Recientemente releí El acontecimiento, de Annie Ernaux, un relato en el que la autora narra su experiencia al abortar clandestinamente en Francia durante los años sesenta, cuando la interrupción voluntaria del embarazo era todavía ilegal. Su relato, a pesar de su capacidad para generar empatía, debido al detalle con el que describe su vida cotidiana durante este periodo y los sentimientos que la acompañaron momentos previos y posteriores a su aborto, suele percibirse como una historia lejana. Sentimos que este pertenece a otro tiempo, a otro contexto jurídico y social, a una época en la que el cuerpo y decisiones de las mujeres estaban aún más vigilados por la ley.

Hoy en día esa experiencia parece ajena; no solemos pensar que una compañera de universidad o una amiga cercana pueda verse obligada a abortar clandestinamente debido a la ilegalidad del procedimiento. Sin embargo, el reciente debate en el Concejo de Bogotá en torno al aborto en Colombia vuelve problemática esa distancia temporal y simbólica. Aunque el proyecto fue finalmente archivado, su sola discusión revela hasta qué punto el acceso a este derecho continúa siendo objeto de disputa política.

La propuesta contemplaba que las mujeres que desearan abortar debían someterse a un procedimiento llamado “Ruta por la vida”, que incluía una evaluación psicológica como requisito previo para acceder al procedimiento. El proyecto incluso alcanzó a avanzar dentro del Concejo y generó un intenso debate público, pero posteriormente fue archivado tras las críticas jurídicas que señalaban que podía contradecir el derecho al aborto.

De este modo, aquello que parecía un relato lejano comenzaba a adquirir la posibilidad de presentarse en el presente: la historia narrada por Ernaux dejaba de ser únicamente memoria y empezaba a mostrarse como una posibilidad para las mujeres colombianas.

En ese contexto, El acontecimiento deja de funcionar solo como testimonio del pasado y se convierte también en una advertencia sobre el presente: cuando el Estado reconoce un derecho de manera ambigua o permite que su acceso se restrinja en la práctica, la clandestinidad no desaparece, simplemente se transforma.

Ya no se impone penalmente las decisiones de la mujer en relación a su embarazo, sino que, mediante obstáculos administrativos y simbólicos, devuelven a muchas al miedo, al abandono institucional y, en última instancia, al peligro de la clandestinidad.

El proyecto fue finalmente archivado. El debate sobre el aborto en Colombia sigue siendo importante. Cuando el acceso a un derecho depende de trámites adicionales o de decisiones políticas locales, la autonomía corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía. No es la prohibición lo que reaparece, sino la sospecha de que el cuerpo femenino sigue siendo un territorio en disputa.