El cuerpo es el primer territorio que una persona debería gobernar. Es el lugar desde el que existimos, actuamos y sentimos en el mundo. Habitar nuestro cuerpo implica reconocerlo como un espacio de autonomía, dentro del cual cada persona tiene la capacidad de decidir sobre sí misma. Sin embargo, este principio se ha visto históricamente cuestionado cuando el tema a tratar es el cuerpo de las mujeres. Con frecuencia, su corporalidad ha sido tratada como un terreno sobre el que la sociedad, la política y la moral buscan imponer sus propias reglas.

La discusión sobre quién decide sobre el cuerpo de las mujeres sigue manifestándose en el debate público actual. Un ejemplo reciente aparece en la política colombiana. El 5 de febrero de 2026, el Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, mediante el cual se creó la “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”. Dentro de esta iniciativa se incluyó una frase que despertó preocupación en muchas mujeres: “ofrecer alternativas a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

Para entender por qué esta afirmación genera cuestionamientos, es necesario recordar el marco legal del aborto en Colombia. El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-055, mediante la cual estableció que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es legal y libre en el país hasta la semana 24 de gestación. En esta decisión, el alto tribunal reconoció que la IVE hace parte de derechos fundamentales como la salud, la autonomía reproductiva y el libre desarrollo de la personalidad.

Si la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido, surge entonces una pregunta inevitable: ¿por qué se insiste en presentar “alternativas” para ejercerlo? Resulta difícil imaginar que se propongan alternativas frente a otros derechos fundamentales como la libertad de expresión o el trabajo. Sin embargo, cuando se trata del aborto, el debate público suele rodearlo de advertencias, condicionamientos o discursos que buscan disuadir su ejercicio. Este tipo de lenguaje refleja una persistente desconfianza hacia la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos.

Detrás de estas discusiones legales también se esconden expectativas sociales profundamente arraigadas. Diversas autoras feministas han señalado cómo los sistemas sociales han asociado la identidad femenina con la reproducción y el cuidado. La filósofa francesa Simone de Beauvoir advertía en El segundo sexo que a las mujeres se les ha definido durante siglos en función de su capacidad reproductiva, reduciendo su existencia a ese rol. Cuando esta idea se traslada al debate público, decisiones como interrumpir un embarazo se interpretan como una desviación de ese mandato y no como el ejercicio legítimo de un derecho. En ese contexto, el cuerpo de las mujeres deja de entenderse como un espacio de autonomía y comienza a tratarse como un medio para cumplir expectativas sociales. Bajo esta lógica, el debate público deja de centrarse en la garantía de derechos y empieza a girar en torno a cómo orientar o corregir las decisiones de las mujeres.

Reconocer la autonomía reproductiva no significa imponer decisiones ni negar el valor que muchas mujeres encuentran en la maternidad. Significa aceptar que esta debe ser una elección y no un destino impuesto. En una sociedad que aspire a respetar verdaderamente los derechos fundamentales, las decisiones sobre el propio cuerpo no deberían estar condicionadas por mandatos sociales ni por presiones políticas. El cuerpo de las mujeres no es un instrumento social: es un territorio de autonomía.