Desde su conquista, Cartagena de Indias ha triunfado por haber ganado la lotería geográfica, inicialmente haciéndola uno de los principales ejes del comercio global del siglo XVI —convirtiéndola en la joya de la corona tumular. Cuando los españoles se asentaron en Calamarí, la ciudad desempeñó la labor fundamental de ser el puente entre las abundantes y vastas Indias Americanas y la hegemónica Europa. Cartagena y su puerto imantaban la totalidad de la materia prima, el producto del saqueo sistemático: era absolutamente clave en el macroproyecto extractivista español. Por consiguiente, su destino fue determinado desde su precocidad: el comercio iba a ser el vehículo conductor del progreso. No obstante, en algún momento la ciudad tuvo una transformación radical en su significación del progreso y lo que necesitan hacer para obtenerlo. En la segunda parte del siglo XX, Cartagena reorientó su atención a la reorganización del espacio urbanístico con el propósito de hacer de la ciudad un destino turístico ideal. Precisamente, estos esfuerzos de planificación urbana se tradujeron en la justificación de la extracción patrimonial y territorial afro mediante instrumentos legales, posibilitando la instrumentalización de las idiosincrasias coloniales con fines económicos y, a su vez, institucionalizando el desplazamiento lícito de la comunidad afrocolombiana.

A comienzos del siglo XX, Cartagena aún intentaba recuperarse de las tragedias decimonónicas enraizadas a la independencia. Lo cierto es que encontramos dificultades para industrializarnos, y nuestro estatus como la Cartago de las Indias declinó ante el ascenso de nuestro todavía más próspero vecino, Barranquilla. La ciudad —cuya historia está cimentada en ser el principal puerto comercial del imperio español, al igual que ser el desgarrador teatro de la trata transatlántica de esclavos— no sabía qué hacer de su propia existencia. Por ende, a mediados de siglo, la alcaldía de la ciudad (con un liderazgo desproporcionadamente blanco, por supuesto) sugirió cambiar su ethos aduanero y hacer de Cartagena un paraíso tropical opíparo en historia, patrimonio y estética. Un sitio perfecto para escapar de la apabullante particularidad de la era industrial: Cartagena como el anacronismo perfecto. Y las élites políticas sabían exactamente por donde empezar: la erradicación total de Chambacú, un tugurio en el que habitaban miles de familias afrocolombianas, situado en la periferia cercana del idiosincrático Centro Histórico.

Adoptando un marco jurídico indiscutiblemente racializado, el desplazamiento de la comunidad que ocupaba Chambacú fue justificado por sus condiciones insalubres, junto con el afán del establecimiento político en modernizarse; todo con el propósito de hacer de Cartagena un actor relevante en la economía política internacional. La opinión pública celebró la “reubicación” de las 1.200 familias que habitaban el barrio, y en ningún punto fue siquiera considerada la posibilidad de izar los estándares de vida en el corralito de negros. La élite pudiente estaba imponiendo una reconstrucción de la identidad municipal que intencionadamente excluía a los afrodescendientes. Tanto la prensa como los reportes oficiales de la alcaldía insistieron en exhibir a su población como delincuentes, drogadictos, ignorantes y personas de morales desviadas, popularizando la narrativa de que el imaginario de Chambacú es incompatible con la idea del desarrollo. El periódico El Fígaro publicó lo siguiente en 1960:

“[Chambacú] es un desafío a la higiene, a la moral, a la ley, a la estética y a la civilización, es una palabra horrenda que huele a miseria, que implica vida infrahumana, que suscita delincuencia y simboliza la incuria de una ciudad que ve pasar las hojas del calendario sin importarle la suerte de miles de seres sumidos al abandono” (Deavila, 2015, p.137).

Inclusive el Presidente de la República en 1970, Carlos Lleras Restrepo, anticipó fuertemente la transformación urbana en Cartagena y coincidía con los funcionarios cartageneros: Chambacú tenía que desaparecer. Eventualmente, en 1971, todas las familias fueron reubicadas a otros barrios subdesarrollados en la periferia de la ciudad, lejos del Centro Histórico, donde la mayoría de los proyectos de modernización iban a tomar lugar (vale la pena recalcar que hoy en día esos mismos barrios a los que migraron los chambaculeros continúan siendo los más pobres de la ciudad). El núcleo político fue arquitecto de un plan desarrollista que expresamente consideraba que las comunidades afro no podían asentarse de ninguna manera en el Centro Histórico y sus alrededores, esencialmente despojando a las personas del patrimonio que ellas construyeron. La fatídica incidencia de Chambacú volvería a tomar lugar unos cuantos años después en Getsemaní.

Desde su concepción, Getsemaní funcionó como el barrio negrero dentro del Centro Histórico; un lugar donde los negros vivían y fraternizaban lo más remotamente posible de los ricos europeos que habitaban los barrios de Santo Domingo y San Diego. Por esto, el barrio vivía en una situación de escasez y miseria extrema, pero todo cambió una vez la UNESCO confirió a la Ciudad Amurallada el título de Patrimonio de la Humanidad en 1984. Debido a esto, la ciudad ahora se presenta como un sitio con valor intrínsecamente universal para cualquier ciudadano del mundo…salvo los suyos. Asimismo, en 1991, en su artículo 328, la neonata Constitución dejó de reconocer a Cartagena como un mero municipio, y en cambio la coronó como un Distrito Cultural y Turístico, solidificando su rol netamente turístico y comercial en la economía.

La decisión de institucionalmente codificar a Cartagena como un paraíso significó una reevaluación que completamente alteró el propósito de Getsemaní: significó la comodificación del espacio getsemanicense. El barrio históricamente negro —con el que antiguamente nadie quería nada que ver— estaba a punto de volverse un parque de diversiones para el capital privado externo.

A diferencia de Chambacú, Getsemaní no fue erradicado: solo su población lo fue. La propiedad del barrio fue comprada y remodelada con el fin de erigir comercio enfocado a turistas extranjeros. Fundamentalmente, una forma más sutil e incontrovertida de extracción ocurrió: la gentrificación. En vez de desplazarlos, la empresa privada se dedica continuamente a comprar propiedad en el área, incrementando los costos de vida, creando condiciones insostenibles para las humildes familias, obligándolos a vender sus hogares e irse.

Hoy en día, la gentrificación se prolonga, y los residentes que aún persisten continúan denunciando las profundas injusticias de su situación actual, organizándose como comunidad para luchar contra el ímpetu del gran capital extranjero; una auténtica batalla entre David y Goliat.

Aunque no fue tan explícitamente racial como el caso de Chambacú, la gentrificación de Getsemaní tuvo consecuencias increíblemente similares (sino idénticas): el desplazamiento de los afrocolombianos lo más lejos posible de los turistas; lo más lejos posible de su patrimonio. Las élites políticas y económicas ingeniaron mecanismos legales diseñados para excluir y extraer calculadamente el valor del legado africano en Cartagena: y la erradicación de Chambacú y la gentrificación de Getsemaní son prueba empírica de esto. El derecho fue empleado imparcialmente y de manera injusta; funcionó como una herramienta justificadora de la exclusión sistemática del verdadero patrimonio cartagenero: su gente.

Bibliografía

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Deavila, O. (2015). Los desterrados del paraíso: turismo, desarrollo y patrimonialización en Cartagena a mediados del siglo xx. In Los desterrados del paraíso: raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias (pp. 123–146). essay, Icultur.

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