Durante el tiempo restante de la carrera mantuvieron una correspondencia frecuente; cartas de amor transcontinentales que desafiaban la distancia. Sin embargo, cuando Jana finalmente se graduó y pareció superada la etapa más difícil de la relación, emergió una barrera aún peor: el autoritarismo. Los Aliados habían ganado la guerra, pero Checoslovaquia seguía sometida bajo el yugo del régimen ruso comunista —que fue incluso peor que el de los nazis, como recordaría mi abuela—. Eran tiempos de represión, y desde Moscú la orden era clara: ningún ciudadano podía abandonar el país. Fue entonces cuando Carlos, moviendo sus influencias y contactos diplomáticos, logró conseguir un permiso extraordinario que autorizaba la salida de Jana hacia Colombia. Pero nada era gratuito: el régimen le otorgó un ultimátum de apenas veinticuatro horas para cruzar la frontera y, una vez afuera, perdería su nacionalidad. Ante la asfixia que padecía su tierra y con la esperanza de que ese país desconocido llamado Colombia le ofreciera un porvenir de mayores oportunidades, Jana abandonó su hogar en busca de un futuro junto a su amado. Jamás volvió a ver a su madre, quien falleció antes de que ella pudiera regresar.

 

Ya en Bogotá, con el pasar de los años, Jana logró dominar un español que a primera vista parecía nativo, aunque jamás se desprendió de sus raíces checas. En su persistente anhelo de tener una hija, la vida les dio primero cuatro varones y, finalmente, en el último intento, llegó la menor: una niña. Carlos, fiel a su temperamento fuerte, mantuvo una disciplina férrea en la crianza; una tarea nada fácil frente a unos hijos que en su adolescencia resultaron ser algunos profundamente revoltosos. Durante este tiempo, alternó los desafíos del hogar con su ejercicio como abogado independiente y profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad La Gran Colombia y la Universidad Nacional, siendo en esta última miembro del consejo directivo de la Facultad. Su carrera académica y profesional dio frutos cuando se produjo la vacante del consejero de Estado Lucrecio Jaramillo Vélez, momento en el cual la corporación lo eligió por cooptación para ocupar la magistratura.

 

Desde su posesión en 1973 como magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado, mantuvo una línea jurisprudencial inequívoca: la defensa férrea de las libertades ciudadanas y las garantías del Estado de derecho. El 26 de mayo de 1976, bajo su ponencia, la corporación dictó una sentencia hito al consagrar como principio constitucional y democrático que las actuaciones y documentos del Estado deben ser públicos. La trascendencia de este pronunciamiento era mayúscula si se tiene en cuenta el contexto de la época: bajo el fantasma omnipresente del estado de sitio contemplado en la Constitución de 1886, y ante un catálogo de derechos fundamentales marcadamente restrictivo, la veeduría ciudadana sobre el poder público era prácticamente nula. En palabras del propio magistrado

 

“En un régimen de democracia representativa como el que nos rige, la participación ciudadana no se reduce al derecho de intervenir por medio del sufragio en la constitución de los poderes públicos; además de ello, los ciudadanos tienen la facultad de ejercer vigilancia sobre la conducta pública de los agentes del Estado y el derecho de controvertir o discutir privada o públicamente las actuaciones y las decisiones de la autoridad pública (...) Naturalmente, el ejercicio de tales facultades y derechos requiere, como presupuesto básico que la actividad pública no se desarrolle secretamente o bajo el sigilo sino que como pública que es, así se ejercite y de esa forma quede constancia de ella”.

 

Posteriormente, mediante sentencia del 20 de febrero de 1980, el magistrado Galindo reafirmó su postura al sostener que: “Sólo mediante la publicidad de las actuaciones de los funcionarios estatales se hace posible el control que la opinión pública tiene derecho a ejercer sobre sus gobernantes”. De este histórico fallo, los periodistas Alberto Donadio y Daniel Samper Pizano extrajeron dicha premisa para convertirla en el epígrafe de su libro La llave de la transparencia. La providencia significó un paso monumental en la defensa de los derechos de los ciudadanos y la prensa, sentando de manera temprana las bases de lo que hoy consagra el artículo 74 de nuestra Constitución Política. Finalmente, tras culminar su ciclo en el Consejo de Estado, dejó su cargo en 1980. Al momento de presentar su dimisión, el entonces procurador general de la Nación, Guillermo González Charry, le remitió una emotiva misiva en la que elogió su profunda dedicación, rectitud y eficacia en la noble labor de administrar justicia en Colombia.

 

Es entonces cuando abre las puertas de su propia firma, Galindo y Asociados, donde ejerció el litigio hasta que la salud se lo permitió. Hoy en día, la oficina —renombrada Galindo Vácha Abogados— es por uno de sus hijos, el abogado javeriano Juan Carlos Galindo Vácha, quien ha continuado con la tradición de servicio público al desempeñarse como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y registrador nacional del Estado Civil.

 

Años después de haber dejado la alta magistratura, debió dirigirse al centro de Bogotá para realizar una diligencia en el Palacio de Justicia. Sin embargo, antes de cumplir la cita, decidió pasar a almorzar a su ya frecuente Club de Abogados. Mientras estaba sentado a la mesa, una noticia escalofriante sacudió el lugar: el “Eme” se había tomado la sede de la Rama Judicial. El impacto inicial lo dejó sin aliento; de no haber sido por el azar de un almuerzo temprano, se habría encontrado en medio del fuego cruzado entre el Ejército y la guerrilla. Aquel 6 de noviembre de 1985 fue un día de luto y terror para Colombia; una tragedia que extinguió las vidas de los más brillantes juristas del país, como Alfonso Reyes Echandía, Carlos Medellín Forero o Manuel Gaona Cruz. Por un designio de la fortuna, no fue el turno de mi abuelo.

 

En cuanto a sus relaciones personales, siempre cultivó una lealtad inquebrantable hacia sus compañeros de estudios y de letras. Tejió estrechos vínculos con los poetas del movimiento de Piedra y Cielo: Gerardo Valencia, Arturo Camacho Ramírez, Eduardo Carranza y, de manera entrañable, con Jorge Rojas. Asimismo, su agudeza y rectitud le permitieron mantener una relación de mutuo respeto con grandes protagonistas de la historia nacional, entre ellos los expresidentes Guillermo León Valencia, Darío Echandía, Laureano Gómez, Virgilio Barco y Misael Pastrana Borrero, al igual que con el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

 

Pareciera que en este punto su historia llegaba a su fin; sin embargo, en los años recientes, todo dio un giro absoluto. Uno de sus hijos es Álvaro Galindo, mi padre, quien a pesar de haber crecido entre leyes y decretos, demostró habilidades y motivaciones hacia la estética, es artista. Hace un par de años, recibió un correo electrónico de un remitente desconocido que lo dejó desconcertado. Un periodista checo le escribió: “Tengo información de su padre que le puede interesar”. En un principio, el escepticismo lo hizo dudar: “Pedirá dinero o algo”, imaginó; pero la curiosidad venció al recelo y decidió indagar más.

 

Resultó que este periodista llevaba años investigando los archivos del régimen comunista en la antigua Checoslovaquia y descubrió una serie de documentos desclasificados del StB, la policía secreta, que evidenciaban una estrategia de expansión soviética hacia América Latina, y en particular hacia Colombia. El plan consistía en adoctrinar e instrumentalizar a funcionarios clave del gobierno para desestabilizar el Estado e introducir su ideología. Fue bajo el amparo de esa estrategia que Moscú accedió en su momento a autorizar la salida de Jana, pretendiendo que los ciudadanos checos en Colombia sirvieran involuntariamente de puente operativo con la inteligencia comunista. Claramente, la operación fue un fracaso absoluto: ni mi abuela comulgaba con el comunismo, ni mi abuelo mucho menos.

 

Lo que sí evidenciaron las carpetas compartidas fueron los informes detallados de espías que, a lo largo de los años, se hicieron pasar por amigos personales de la familia y de la delegación diplomática en Colombia para reportar las actuaciones y opiniones de Carlos. Mi abuelo falleció antes de enterarse de este entramado, pero para mi abuela Jana el hallazgo significó una dolorosa traición por parte de quienes consideraba sus allegados.

 

No obstante, en aquellos archivos de inteligencia, los espías se referían a Carlos bajo el alias de el “Faro”. Se equivocaron los estrategas soviéticos al creer que podían corromper o instrumentalizar a un hombre de sus convicciones, que como el roble, se rompía antes que torcerse. Pero, acertaron con el pseudónimo: como faro que es, se erige como una torre firme en sus creencias e ideales, cuya luz guía a los demás hacia la rectitud. Es precisamente por esa última cualidad, que en 2004 el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, lo condecoró con la Orden de la Justicia, “Por toda una vida entregada al Estado colombiano”, pues a través de decisiones siempre defendió las garantías de los ciudadanos.