Universidad Complutense de Madrid

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Uno de los mitos de la historia colombiana ha sido su democracia. Sobre ello, se dice que es la democracia más sólida de América Latina, por la seguidilla de elecciones durante casi toda su historia. Recientemente, me topé con un video de la plataforma ‘Nerds de la historia’, dirigida por la historiadora María Emilia Gouffray, en el que afirmaban que la colombiana es “la segunda democracia más antigua del mundo”, solo superada por la estadounidense. No solo por su longevidad; también por una supuesta continuidad, acompañada, eso sí, de bastantes y muy grandes imperfecciones. Para entender por qué estas afirmaciones son imprecisas, veamos un poco de la historia de nuestro país y tratemos de concluir.

La tesis que acompaña el video se sustenta en la creencia de que, con sus imperfecciones, las instituciones democráticas se han mantenido, a pesar de las diferentes guerras y conflictos internos que vive el país. Sin embargo, sus autores omiten detalles determinantes a la hora de analizar un sistema político, social y económico para determinar su carácter democrático. La democracia colombiana no solo ha sido imperfecta. En su debilidad y sus inconsistencias, también ha sido saboteada, interrumpida y en algunos casos depuesta en favor de intereses particulares.

Como proponen los autores del video, vamos por partes. Es cierto que la democracia colombiana existe desde la primera mitad del siglo XIX y que, en comparación a muchos otros regímenes democráticos, su duración ha sido relativamente prolongada y muchas de sus instituciones, por lo menos en lo formal, se han mantenido a lo largo del tiempo. Sin embargo, la particularidad de la democracia colombiana no está en la formalidad de sus instituciones. Más bien, se encuentra en sus entrañas, en la letra pequeña.

Si tomamos como punto de partida el siglo XIX en Colombia, podemos ver cómo el orden democrático transitó por diferentes etapas. Sin una economía centralizada, con un panorama político marcado por divisiones regionales y partidistas, alimentadas por el poco desarrollo de infraestructura estatal; entre guerras civiles, gobiernos simultáneos y otros elementos, al final del siglo no es visible la conformación de un sistema institucional que caracterice un orden democrático real, más allá de las formalidades como algunas instituciones, las elecciones con una limitada participación, o los parlamentos con una marcada sobrerrepresentación de un sector minoritario de la sociedad.

Colombia era un Estado-Nación que estaba naciendo. A pesar de ello, se debe reconocer que en este siglo ocurrieron avances considerables para la conformación de instituciones democráticas. La constitución de 1886 dio paso al desarrollo de un Estado centralizado que propiciara la aparición de características democráticas más visibles, como la banca central, la división política del territorio o un sistema electoral definido −aunque este, paradójicamente, limitó en un principio el derecho al voto, poniendo como condición, aparte de ser mayor de edad y estar o haber estado casado, un monto de ingresos mínimos para acceder a él−. Posteriormente esto se fue transformando y se dieron avances como la universalización del voto, el voto femenino, entre otros.

El estudio de la historia del siglo XX en Colombia es una herramienta que resulta bastante útil para el análisis de esta cuestión. Marcado por la violencia política, el elitismo exacerbado, la represión y la limitada libertad de expresión; también por el surgimiento de movimientos insurgentes, de su contraparte, los paramilitares, y el crecimiento de movimientos sociales, este es un periodo donde podemos encontrar las inconsistencias más grandes que tiene la afirmación que pretendo debatir.

La primera mitad del siglo XX en Colombia estuvo marcada por diferentes fenómenos. Con una población mayoritariamente rural y con un Estado insipiente, la presencia de las instituciones democráticas era limitada. La centralización de la constitución del 86 trajo consigo una concentración del poder político y de las instituciones del Estado en los pocos centros urbanos consolidados, sobre todo en Bogotá. De entrada, esto muestra una democracia bastante relativa, en particular a cuestiones geográficas y, por lo tanto, económicas. Esto último debido a que no solo el poder político, también el poder económico y la infraestructura estaban concentrados en regiones específicas de la geografía nacional.

El bipartidismo marcó esta etapa de la historia colombiana. Luego de la consolidación de una hegemonía conservadora en los gobiernos posteriores a la guerra de los mil días, y la posterior “República Liberal”, consolidada luego de 30 años de gobiernos conservadores, la violencia política heredada de los diferentes conflictos pasados siguió vigente y tuvo en este periodo expresiones de todo tipo. Son estas las que nos muestran que, aunque la élite política y académica pregonaban un sistema democrático con elecciones y algunas instituciones, la base política del país, campesinos y trabajadores en su mayoría, estaba en las calles arreglando sus diferencias, en una cantidad considerable de casos, a punta de bala y machete.

Este fenómeno trajo consigo la aparición de las primeras guerrillas liberales en los llanos y en el macizo colombiano, que serían gran parte de la base política y militar de los movimientos insurgentes nacidos en la década del sesenta. Así mismo, surgieron organismos paraestatales, como Los Pájaros o la Policía Chulavita, que funcionaron como apéndices de las instituciones de seguridad del Estado, en favor de la ideología conservadora gobernante desde 1946 hasta 1957. Éstos últimos fueron organizaciones financiadas y promovidas por el Estado, que servían como policía política y que iban por gran parte del territorio asesinando, violando y desplazando personas para mantener la hegemonía de un orden político determinado… ¿democracia?

En esta parte de la historia política del país, un suceso que da muestra clara de la discontinuidad de la democracia colombiana ocurrió en 1949, cuando, luego del asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán y el consecuente ‘Bogotazo’, el presidente Mariano Ospina Pérez declaró el estado de sitio el 9 de noviembre, ante la inminente victoria del liberalismo en las elecciones legislativas. Con esta medida, el presidente limitó la movilización, las reuniones políticas, clausuró el congreso, las asambleas departamentales e impuso límites a la libertad de prensa. Según el politólogo Darío Villamizar, esta acción “fue un golpe de Estado”. Como consecuencia, el conservador Laureano Gómez fue electo sin oposición, algunos días después, el 27 de noviembre.

Otra de las inconsistencias más grandes de este mito, puede rastrearse entre 1953 y 1957, en el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla. Este gobierno, aunque tomó el poder de manera incruenta y en una masa representativa de la población era legitimado, nunca buscó mantener el orden democrático e impuso los intereses de una élite militar politizada en prácticamente la totalidad de las instituciones estatales. Además, su carácter represivo fue propio de una dictadura. En sus hombros pesan masacres y persecución a opositores, así como el cierre de medios de comunicación y la ilegalización tanto del Partido como de la ideología Comunista.

A partir de los 50, la violencia política se volvió paisaje. La evolución del conflicto armado en el país y sus reacciones en diferentes sectores también da cuenta de lo cuestionable de esa supuesta continuidad democrática. En este sentido, podrían analizarse numerosos elementos, pero me interesa enfocarme en uno: la imposición arbitraria del estado de sitio mediante el artículo 121 de la constitución de 1886, y su aplicación indiscriminada. Este apartado constitucional facultaba al presidente, en casos de guerra exterior o de conmoción interior, para “defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento”, además, consideraba que “Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros.”

En la práctica, este mecanismo se convirtió en un cheque en blanco para los gobiernos de turno. Su aplicación no estuvo precisamente ajustada a las exigencias que dictaba la constitución, sino que obedeció a los intereses de quienes lo usaron, beneficiados por una inexistente pluralidad en la rama legislativa del poder. Según Mauricio García, sumando la duración de sus diferentes declaraciones, entre los años 40 y la constitución de 1991, “Colombia vivió más de 30 años bajo estado de sitio”. En este periodo, el uso indiscriminado de este mecanismo propició la persecución y represión de diferentes grupos políticos vinculados, muchas veces de manera infundada, con actividades subversivas.

En 1962, el gobierno de Turbay Ayala expidió el decreto 1923 del 6 de septiembre, conocido públicamente como Estatuto de Seguridad. Con este decreto, el gobierno limitó la libertad de prensa, la actividad política y las manifestaciones públicas. Igualmente, amplió las facultades de la Justicia Penal Militar, otorgándole la posibilidad de juzgar civiles. Según el Centro de Memoria Histórica, mientras estuvo vigente este decreto, se registraron cerca de 82.000 denuncias de detenciones arbitrarias y torturas en centros militares. Entre los años setenta y ochenta, miles de civiles, entre ellos una cantidad considerable de presos políticos, pasaron por juzgados militares. Entre tanto, las fuerzas armadas desarrollaron políticas de tortura, asesinato y desaparición forzada de manera sistemática.

Estos métodos criminales fueron ejecutados por instituciones del Estado, tanto policiales como militares, en muchos casos con motivos políticos. Las prácticas antidemocráticas aplicadas desde dichas instituciones, tuvieron numerosas consecuencias. Entre ellas, la eliminación casi total del partido Unión Patriótica, la consolidación de Colombia como uno de los países del mundo con más víctimas de desaparición forzada, entre otros. A la postre, estas consecuencias le costaron al Estado colombiano la condena ante cortes internacionales por crímenes de lesa humanidad… ¿democracia?

En ese periodo se dio otra de los sucesos que desmiente la permanencia de la democracia en Colombia. El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando de treinta guerrilleros del M19 entraron al palacio de justicia con el fin de secuestrar la Corte Suprema de Justicia y someter al presidente, Belisario Betancur, a un juicio político. Son múltiples las versiones de este hecho, pero con el tiempo han salido a la luz las condiciones en las que desarrolló el operativo militar, denominado como Operación Rastrillo o, ante el público, Retoma del Palacio de Justicia. Fueron más de 48 horas en las que los altos mandos militares tomaron el control del poder público, pasando por encima del presidente y asesinando a magistrados titulares y auxiliares, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Ante la inestabilidad política del país en el siglo pasado, sus diferentes fenómenos y situaciones que limitaron y sabotearon la democracia, la constitución de 1991 marcó un punto de quiebre en la historia nacional. Esta nueva carta amplió la participación política, reconoció la diversidad en la población colombiana y estableció las bases para un desarrollo real del sistema democrático en el país. Solo luego de la nueva constitución podría afirmarse relativamente lo que asumen los autores de este video. La democracia en el país se mantuvo, se fortalecieron las instituciones y se establecieron métodos de participación efectivos que acercó las decisiones políticas del país a su población, sobre quien reposa la soberanía nacional.

Sin embargo, a partir de entonces no cesaron los fenómenos que ponen en peligro a la democracia. En este periodo se han dado fenómenos como el auge del paramilitarismo, la política de seguridad democrática, que implicó más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales por manos de militares, la parapolítica y el intento de soborno a la Corte Constitucional para eliminar la limitación a la reelección presidencial, en favor del líder ultraderechista Alvaro Uribe Velez. Aún así, escenarios como el proceso de paz en el 2016, el reconocimiento de numerosos crímenes de estado y el fortalecimiento de la participación política de poblaciones históricamente excluidas de la vida nacional, muestran cierto fortalecimiento de la democracia colombiana y sus instituciones.

El concepto de democracia es un asunto bastante complejo. En la práctica, su realización va más allá de las formalidades, y la presencia de estas, como las jornadas electorales y algunas instituciones de representación, no implican necesariamente su existencia real. El caso colombiano es bastante extraordinario. Nuestra historia tiene una complejidad que nos pone ante una necesidad latente de salir de estas “zonas de confort” en las que se protegen muchos intelectuales de la historia y las ciencias sociales.

Entender las numerosas vertientes teóricas que nos manifiesta el estudio de la historia colombiana, antes que llevarnos a asumir explicaciones ligeras y superficiales, debe orientarnos hacia la creación de conceptos y categorías propias que nos ayuden a entender con claridad los fenómenos que atraviesan nuestra historia, más allá de zonas comunes que, son útiles a la hora de hacer contenido “viral”, pero que dejan vacíos analíticos que, al final, terminan perjudicando al público que consume estos productos audiovisuales.

La labor de la historia, de su estudio, no requiere solo memorizar o compilar datos desde la superficie mediante reflexiones inmediatas. También necesita un análisis profundo de los fenómenos y de sus características, más allá de los deseos con los que nos enfrentamos a ellos.

Referencias

Bushnell, D. (2007). Colombia: una nación a pesar de sí misma. Bogotá: Planeta.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2012). ¡Basta ya! Bogotá: CNMH.

Hernandez, N. T. (11 de Junio de 2021). Una breve historia del estado de sitio en Colombia entre 1949 y 1991 de cara al actual paro nacional. Agencia Anadolu.

Palacios, M., & Safford, F. (2002). Historia de Colombia. País fragmentado, sociedad dividida. Bogotá: Ediciones Uniandes.

Reyes Cárdenas, C. (1989). El Gobierno de Mariano Ospina Perez: 1946 - 1950. Nueva historia de Colombia, 9 - 32.

Villamizar, D. (2017). Las guerrillas en Colombia. Bogotá: Debate.

Villegas, M. G. (11 de octubre de 2008). Un país de estados de excepción. El Espectador .