Universidad del Norte

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La tierra, más que una propiedad, ha demostrado ser la raíz del poder político en Colombia. Su configuración final bajo el modelo de asociación de la hacienda explica, en gran medida, fenómenos como La Violencia, el conflicto armado y los conflictos derivados de la colonización campesina.

En su libro El poder político en Colombia, Fernando Guillén Martínez expone cómo este modelo cumple una función hegemónica que le ha permitido dominar gran parte de la historia republicana. Lo hace a través de un mecanismo que podría describirse como un retorno pendular entre violencia y alianza: periodos de cruenta confrontación seguidos de pactos entre los partidos tradicionales —es decir, entre las élites— cada vez que un nuevo modelo de asociación, de carácter popular y democrático, disputa el poder.

La historia colombiana, como si de una luna orbitando la tierra se tratase, parece repetirse en ciclos. Ejemplos de ello van desde la unión elitista que llevó a la caída de José María Melo, pasando por la Regeneración de Rafael Núñez, hasta la Concentración Nacional de Enrique Olaya Herrera, alcanzando su forma más explícita en el Frente Nacional.

Sin embargo, el siglo XX trajo consigo el desarrollo de las fuerzas productivas y el tránsito de una élite hacendaria a una de carácter más industrial. Este proceso, acompañado de transformaciones demográficas y del crecimiento urbano, evidenció las contradicciones de un sistema incapaz de sostener a la población dentro de relaciones patronales tradicionales.

Las luchas obreras del Magdalena Medio santandereano y los conflictos por la tierra entre campesinos y la Tropical Oil Company son una muestra de ello.

Este conflicto social emergente, por su naturaleza explosiva, se volvió difícil de contener, especialmente en un contexto donde la institucionalidad no lograba mejorar las condiciones de vida ni incluir a los sectores subalternos. Sus vías de escape, como señala Guillén, se distribuyeron geográficamente en las zonas de predominio hacendario durante la época de La Violencia.

La incapacidad de la burguesía para impulsar reformas estructurales, particularmente en la redistribución de la tierra, terminó por desplazar el conflicto fuera de las vías institucionales. No es casual la conexión histórica —y de actores— entre los grupos liberales de autodefensa y las posteriores guerrillas móviles de carácter revolucionario.

En su faceta más reaccionaria, el periodo posterior al Frente Nacional consolidó proyectos políticos contrarios al movimiento social democrático y a la pequeña propiedad. El surgimiento del narcotráfico y las contrarreformas agrarias impulsadas por esta nueva élite —ahora ligada al capital ilegal—, con apoyo de sectores del Estado y del paramilitarismo, dieron lugar a procesos masivos de despojo de tierras.

Por ello, el estudio de las instituciones liberales o de las asociaciones políticas formales, como los partidos, resulta insuficiente para comprender la realidad política colombiana. En América Latina, y particularmente en Colombia, las estructuras estatales y democráticas responden más a la adaptación de idearios externos que a procesos históricos plenamente endógenos.

Así, las élites hacendarias y buena parte de la historiografía tradicional han interpretado la independencia bajo la influencia de la Revolución Francesa y la Declaración de Filadelfia. Se presenta la revolución de los comuneros como antesala del proceso independentista y se dibuja un Estado que, bajo formas racionales y democráticas, oculta la persistencia de un poder político basado en la tierra y concentrado en las mismas élites.

Sin embargo, hay momentos en la historia que permiten vislumbrar una apertura: pequeños orificios que amenazan con resquebrajar el sistema y abrir la posibilidad de un porvenir distinto.

El acuerdo de paz con las FARC, especialmente a través del punto de Reforma Rural Integral, reabrió la discusión sobre la reforma agraria. El posconflicto permitió desplazar el debate más allá de la lógica de terrorismo y seguridad. Su principal efecto —aunque no siempre reconocido— ha sido el inicio de una alternancia política, expresada en la llegada del primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país.

Si bien existe cierto optimismo frente a una mayor apertura e inclusión dentro de la democracia liberal colombiana, cabe preguntarse si esta será capaz de avanzar hacia una redistribución efectiva de la tierra. Si el pequeño propietario podrá, finalmente, convertirse en una prioridad.

¿Será posible?

Y, en caso contrario, ¿dónde residen los límites?

Referencias bibliográficas

- Guillén Martínez, F. (1979). El poder político en Colombia (2.ª ed.). Bogotá, D. C.: Editorial Planeta Colombiana S.A.

- Vargas Velásquez, A. (1992). Colonización y conflicto armado: Magdalena Medio santandereano. Bogotá, D. C.: CINEP.