Universidad Nacional

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Atacar al Banco de la República es un error político, económico e institucional que puede salir caro.

No estamos hablando de cualquier entidad del Estado, sino de una de las mejores instituciones, al menos para mí, que ha construido Colombia en las últimas décadas —seria, técnica y respetada—, en un país donde la confianza pública suele ser escasa.

Por eso me preocupa profundamente la ofensiva del gobierno contra el BanRep. Y lo digo con franqueza: respaldar algunas iniciativas oficiales no significa renunciar al criterio propio ni aplaudir todo de manera automática. A mi juicio, una democracia sana necesita ciudadanos críticos —no seguidores obedientes—.

He visto en las últimas semanas un tono cada vez más hostil desde el Ejecutivo frente a la entidad emisora. Se cuestionan sus decisiones, se sugieren motivaciones políticas y se le quiere convertir en responsable de todos los males económicos del país. En mi opinión, ese camino es profundamente equivocado. Criticar decisiones concretas es válido —incluso necesario—, porque ninguna institución debe ser intocable. Pero una cosa es debatir con argumentos y otra muy distinta es emprender una campaña de desgaste contra una entidad cuya fortaleza depende, precisamente, de la confianza y de la percepción de su independencia.

Siempre he creído —y lo seguiré creyendo— que el Banco de la República no existe para complacer al gobierno de turno. Su función es otra: introducir criterio técnico allí donde la política suele pensar en la inmediatez. Todos los gobiernos quieren crecimiento rápido, crédito barato, resultados visibles y cifras favorables para mostrar, y eso es apenas natural. Pero alguien tiene que mirar más allá del próximo titular de prensa o de la siguiente elección —alguien tiene que pensar en el mediano plazo—, y para eso existe el Banco.

Por eso considero tan importante su autonomía. No porque sus miembros sean infalibles, ni porque nunca se equivoquen, sino porque el diseño institucional importa.

El ejemplo lo tenemos en el mismo patio que nosotros. América Latina ha padecido demasiadas veces el costo de someter bancos centrales al capricho presidencial. Cuando eso ocurre, la historia suele repetirse —con distintos nombres y distintos matices—: gasto desordenado, inflación creciente, pérdida del ahorro y deterioro de la confianza. Y cuando la economía se desordena, quienes primero pagan la cuenta de cobro no suelen ser los más ricos; suelen ser las familias que viven al día, los trabajadores informales y formales, y los pensionados de clase baja y media.

También me parece injusto el relato según el cual defender al Banco equivale a defender élites o privilegios. De facto, no comparto esa visión simplista. Por eso creo que defender a un banco central tan serio como el nuestro es defender la estabilidad de la moneda y proteger el ingreso real de la gente común. La inflación no castiga a todos por igual —castiga más a quien menos tiene—. Por eso me resulta tan superficial presentar este debate como una lucha entre tecnócratas, oligarcas —como los quiere hacer ver el presidente— y el pueblo.

Además, atacar al Banco de la República es atacar una de las pocas instituciones colombianas que ha logrado sostener prestigio durante décadas. En medio de tantas crisis políticas, escándalos y deterioro institucional, el BanRep ha representado continuidad, profesionalismo y prudencia. Claro que puede equivocarse. Claro que sus decisiones pueden discutirse. Claro que sus modelos pueden fallar. Pero destruir reputaciones institucionales que tardaron años en construirse me parece una irresponsabilidad enorme —sobre todo cuando cuesta tanto construir instituciones serias en Colombia—.

Todo lo anterior no significa que crea ciegamente en las decisiones del banco central, porque también creo que la economía colombiana necesita crecer más, generar empleo y recuperar dinamismo; en eso estoy de acuerdo con el gobierno. Pero me parece intelectualmente pobre reducir todos los problemas nacionales a una tasa de interés. El crecimiento depende de seguridad jurídica, inversión, productividad, infraestructura, confianza empresarial, ejecución estatal y manejo fiscal responsable. Pensar que todo se resolvería con crédito más barato es una simplificación cómoda. A veces siento que algunos gobiernos prefieren buscar un antagonista externo antes que revisar sus propios errores, y ese es el caso de este gobierno —y el Banco termina siendo un blanco fácil—.

Yo veo aquí un problema todavía mayor. Cuando desde el poder se desacredita a toda institución que no obedece, se erosiona lentamente la lógica republicana con la que se constituyó nuestro Estado. Este gobierno tiene una visión compleja de entender porque, si un tribunal pone límites, estorba; si el Congreso discrepa, entonces bloquea; si la prensa critica, molesta; si el banco central mantiene autonomía, conspira. Ese patrón me parece peligroso porque normaliza la idea de que toda institución legítima debe alinearse con el presidente de turno o el gobierno en sí mismo. Y eso no es democracia liberal —eso es concentración de poder—, y es algo que yo no estoy dispuesto a aceptar.

Por eso creo que quienes apoyamos ciertas reformas sociales no deberíamos guardar silencio frente a este error. Defender instituciones independientes no es una postura conservadora ni reaccionaria. Es una postura democrática. Se puede querer más justicia social y al mismo tiempo exigir responsabilidad macroeconómica. Se puede respaldar cambios profundos y rechazar ataques innecesarios al BanRep. Se puede coincidir con un gobierno en unas materias sin convertirse en militante acrítico —yo diría que esa debería ser la regla básica de cualquier ciudadanía madura—.

Por eso creo que hoy más que nunca defender al Banco de la República no significa declarar perfectas todas sus decisiones. Significa defender una idea que considero fundamental, que es la base de esta columna: Colombia necesita instituciones técnicas, estables y respetadas. Necesita contrapesos. Necesita reglas. Necesita espacios donde no mande el impulso político del día. Y necesita cuidar lo poco que sí funciona —porque destruir siempre es más fácil que construir—.

Yo puedo coincidir con el gobierno en varias banderas y al mismo tiempo rechazar con firmeza sus ataques al BanRep. No veo contradicción alguna en eso. La verdadera contradicción sería callar por conveniencia. Las instituciones no se defienden solo cuando gobiernan los adversarios. Se defienden, sobre todo, cuando quien las agrede es alguien cercano a nuestras propias simpatías políticas —ahí es donde se prueba la honestidad democrática—. Por eso hoy lo digo sin titubeos: defendamos el BanRep.