La llegada de Gustavo Petro al poder en 2022 marcó uno de los puntos de inflexión más importantes de la política colombiana contemporánea. Por primera vez en la historia republicana reciente, un proyecto político de izquierda alcanzaba la presidencia con una narrativa concentrada en los denominados ejes centrales para el cambio. Desde el inicio de su gobierno, el debate público quedó atrapado entre dos visiones radicalmente opuestas: quienes presentaban a Gustavo Petro y su proyecto político como la posibilidad de corregir desigualdades estructurales históricas y quienes advertían sobre una supuesta deriva autoritaria y un inminente colapso económico.

Cuatro años después, el balance exige abandonar tanto el entusiasmo militante como el catastrofismo opositor. El gobierno Petro no transformó completamente las bases del modelo económico colombiano, pero sí alteró de manera significativa las prioridades del Estado y el enfoque de la discusión pública nacional. Su administración dejó avances materiales verificables, tensiones institucionales profundas y una reconfiguración ideológica que probablemente seguirá influyendo en la política colombiana durante los próximos años.

Uno de los elementos centrales del gobierno fue el impulso a la reforma agraria y a la redistribución de tierras. Durante décadas, Colombia sostuvo una estructura rural marcada por la extrema concentración de la propiedad, fenómeno íntimamente relacionado con el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la exclusión económica del campesinado. Petro entendió que la cuestión agraria no podía seguir siendo tratada únicamente como un asunto productivo, sino que debía abordarse como un problema de democracia y justicia material. La entrega y formalización de tierras avanzó mediante mecanismos de compra estatal, recuperación de predios y formalización jurídica para campesinos históricamente excluidos del acceso a la propiedad. Más allá de las cifras exactas — más de 2.5 millones de hectáreas de tierra entregadas, que naturalmente serán objeto de disputa política—, el cambio más relevante fue el retorno del debate sobre la tierra al centro de la agenda nacional. Durante años, sectores tradicionales defendieron la idea de que la gran propiedad rural era un resultado “natural” del mercado; el petrismo cuestionó esa narrativa y recordó que buena parte de la concentración territorial colombiana estuvo atravesada por violencia, despojo y ausencia gubernamental.

El discurso que equiparaba cualquier intento redistributivo con una “expropiación masiva” terminó funcionando más como una herramienta de movilización política que como una descripción objetiva de las medidas adoptadas. Lo cierto es que el gobierno buscó construir legitimidad alrededor de la idea de que la propiedad privada debe coexistir con criterios de función social y productividad. En el plano económico, probablemente uno de los aspectos más debatidos del gobierno fue la política de incremento del salario mínimo. El petrismo rompió con una tradición tecnocrática que durante años priorizó la moderación salarial bajo el argumento de proteger el empleo formal y la estabilidad macroeconómica. Petro defendió abiertamente una tesis distinta, en sociedades profundamente desiguales, el fortalecimiento del ingreso popular puede convertirse en un motor de crecimiento económico a través del aumento de la demanda interna.

Los incrementos del salario mínimo durante el cuatrienio fueron históricamente altos en términos nominales y reales. La crítica inmediata de diversos gremios y analistas económicos consistió en afirmar que dichas alzas generarían desempleo masivo, cierre de pequeñas empresas e inflación descontrolada. Sin embargo, aunque Colombia enfrentó presiones inflacionarias —muchas de ellas asociadas a fenómenos internacionales posteriores a la pandemia y a las tensiones globales en alimentos y energía—, el escenario de destrucción económica anunciado por ciertos sectores nunca se materializó en los términos apocalípticos planteados.

Esto no significa que la política salarial estuviera exenta de riesgos o contradicciones. Persisten altos niveles de informalidad y el mercado laboral colombiano continuó mostrando profundas debilidades estructurales, pero el debate que abrió el gobierno fue políticamente relevante, pues cuestionó la normalización de un modelo económico donde millones de trabajadores, aun teniendo empleo, permanecían en condiciones cercanas a la pobreza. De igual forma Petro introdujo una discusión incómoda para las élites económicas tradicionales: si el crecimiento macroeconómico no mejora las condiciones humanas de las mayorías, ¿para quién está creciendo realmente la economía?

A todo esto se sumó una expansión importante de programas sociales y subsidios focalizados. El fortalecimiento de transferencias para adultos mayores sin pensión, un aumento en la inversión Estatal en temas de educación, energías renovables, y la consolidación de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad y hogares pobres respondió a una visión más intervencionista del Estado, quizás, en gran medida buscando traspasar las barreras que impiden alcanzar de manera efectiva las promesas del estado social de derecho en donde vivimos, esto al tiempo que sectores liberales criticaron estas políticas por considerarlas fiscalmente peligrosas o electoralmente clientelistas, el gobierno defendió que en un país con profundas brechas sociales la neutralidad estatal equivale, en la práctica, a perpetuar desigualdades históricas.

En este punto, resulta importante reconocer una tensión legítima, Colombia sigue teniendo limitaciones fiscales severas y altos niveles de endeudamiento. El desafío para cualquier política redistributiva consiste en encontrar sostenibilidad financiera de largo plazo. No obstante, las reconvenciones a estas medidas cayeron frecuentemente en contradicciones evidentes… Durante años se aceptaron sin mayor escándalo enormes beneficios tributarios para grandes sectores empresariales, pero cualquier ampliación del gasto social dirigida a poblaciones vulnerables era presentada automáticamente como una amenaza económica.

Otro de los elementos que definieron el gobierno Petro fue su intención de modificar la relación entre Estado y ciudadanía. El discurso presidencial buscó construir una narrativa donde sectores históricamente invisibilizados —campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas, jóvenes periféricos y trabajadores informales— aparecieran como sujetos centrales de la política pública. Esto produjo una reacción intensa de sectores tradicionales que interpretaron dicho cambio no solamente como una disputa económica, sino también como una ardua batalla simbólica y cultural.

Antes de 2022, muchas discusiones giraban principalmente alrededor de seguridad, inversión extranjera y estabilidad macroeconómica. Bajo Petro, temas como desigualdad, hambre, concentración de riqueza, transición energética y justicia social adquirieron una centralidad inédita. Incluso sus opositores terminaron discutiendo estos tópicos dentro del marco conceptual que el propio gobierno ayudó a instalar.

Por supuesto, el gobierno también evidenció limitaciones serias. La confrontación permanente con sectores institucionales redujo márgenes de gobernabilidad y dificultó consensos legislativos. En múltiples ocasiones, la comunicación presidencial contribuyó más a profundizar la polarización que a construir acuerdos políticos estables. Algunas reformas carecieron de suficiente claridad técnica inicial y varios ministros mostraron dificultades administrativas importantes. Buena parte de la resistencia que enfrentó el gobierno Petro no provino únicamente de desacuerdos técnicos, sino de una disputa histórica por el control del modelo político y económico colombiano. Petro gobernó enfrentando un establecimiento que durante décadas había administrado el poder bajo consensos relativamente homogéneos. La intensidad de la oposición no puede entenderse solamente desde el debate programático, también respondió al temor de perder hegemonías históricas.

Quizás el principal legado del gobierno Petro no sea únicamente una lista concreta de políticas públicas, sino haber demostrado que en Colombia era posible disputar democráticamente el sentido del Estado desde una perspectiva distinta al consenso tradicional neoliberal y de seguridad predominante desde finales del siglo XX. La pregunta sobre si el país realmente “vivió sabroso” seguirá siendo objeto de controversia política. Para muchos sectores urbanos y empresariales, estos cuatro años representaron incertidumbre, confrontación y desgaste institucional. Para amplios sectores populares, en cambio, significó el primer gobierno que habló explícitamente de redistribución, dignidad material y deuda social a manos del estado sin complejos ideológicos o formalismos técnicos excesivos, el Petrismo no acabó con el modelo económico colombiano; lo obligó, por primera vez en décadas, a justificarse públicamente.”