A finales de 1812, cuando la nación colombiana apenas intentaba definir su forma y su alma, ya se libraba una guerra de ideas que anticiparía, con perturbadora exactitud, las guerras de sangre que vendrían después. Dos visiones irreconciliables del poder se enfrentaban: la centralista, que exigía someter toda autoridad a un único núcleo capital, y la federalista, que apostaba por distribuir ese poder entre los distintos territorios que conformaban la república naciente. Esta fractura no fue neutral en términos ideológicos. El centralismo encontró en el pensamiento conservador su defensor más férreo, mientras que el federalismo fue la bandera de los liberales. Y en esa correspondencia entre modelo político y bando ideológico está, precisamente, la semilla del conflicto interno colombiano: uno de los más antiguos, complejos y devastadores del planeta.

Para entender las consecuencias de aquella disputa hay que partir del concepto clásico de poder: lo que el Estado busca, en su formulación más elemental, es imponer el orden soberano sobre la totalidad de su territorio. Sin esa presencia real, el monopolio de la fuerza es una ficción y el contrato social, una promesa incumplida. Desde ahí surge la pregunta que Colombia debió haberse hecho con mayor rigor en el siglo XIX:

¿Era el centralismo el modelo político más idóneo para una nación de estas dimensiones geográficas y esta diversidad regional?

La historia, que rara vez miente cuando se la lee con honestidad, ha respondido que no. Al concentrar el poder en el centro del país, el Estado colombiano se construyó como una estructura sólida en sus zonas céntricas y estructuralmente débil en sus periferias. No fue una debilidad accidental: fue la consecuencia lógica e inevitable de un diseño político que nunca contempló llegar con fuerza a los confines del territorio nacional.

«Donde no llega el Estado con justicia, llega el poder ilegal con orden. Esa es la gramática del Estado paralelo en Colombia.»

No hace falta un análisis sofisticado para advertir la coincidencia que la historia ha trazado sobre el mapa colombiano. Basta con señalar los territorios donde el conflicto armado ha sido más persistente y donde la ausencia estatal ha sido más crónica: al norte, La Guajira, conocida por su histórico olvido institucional; al sur, Nariño, Putumayo y Caquetá, epicentros del conflicto durante décadas; al este, el Vichada y el Guainía, fronteras invisibles para el Estado; al oeste, el Cauca y el Chocó, escenarios de una disputa armada que no termina. Dos rasgos comparten todos estos territorios sin excepción: son zonas periféricas y son zonas abandonadas. La coincidencia es demasiado sistemática para ser casual, y la pregunta que se impone es si ese abandono es una fatalidad geográfica o el resultado predecible de un modelo político que nunca fue diseñado para llegar hasta allí.

La respuesta está en lo que el centralismo conservador del siglo XIX dejó a su paso: las bases de un país partido en dos, con territorios integrados al proyecto nacional y territorios condenados al margen. Y en ese margen, como ocurre siempre que el Estado se retira o nunca llega, otros actores ocuparon el vacío. Primero los caudillos locales, luego las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes. Todos ellos han operado, en distintos momentos y con distintas lógicas, como sucedáneos del Estado en las periferias que el modelo centralista olvidó. Es lo que los politólogos llaman el Estado paralelo: una estructura de poder ilegal que replica, de manera perversa, las funciones que el Estado legítimo debió haber ejercido. En Colombia ese paralelismo no es una aberración reciente ni un fenómeno importado; es la consecuencia orgánica de un Estado que nació incompleto.

Lo expresó con meridiana claridad el pensador venezolano Arturo Uslar Pietri: cuando se decapita una estructura, queda un vacío. En Colombia ese vacío no lo llenó el Estado central que el conservadurismo decimonónico impuso a sangre y fuego. Lo llenaron los ilegales en las periferias del territorio nacional, allí donde el modelo centralista no pudo o no quiso llegar. Y al hacerlo, sembraron las bases del conflicto interno más antiguo y complejo de todo el continente. Los liberales federalistas del siglo XIX no eran revolucionarios caprichosos: eran los más lúcidos lectores del territorio colombiano, y su apuesta por acercar el Estado a la diversidad de una nación que nunca fue homogénea contenía una respuesta más honesta a la realidad del país. No fueron escuchados. Y el precio de ese silencio lo hemos pagado, y lo seguimos pagando, en los mismos territorios que el centralismo condenó desde el principio.