América Latina no está perdiendo la guerra contra las drogas. Está dejando de pelearla en los términos en los que fue concebida.

Durante décadas, el narcotráfico se trató como un enemigo externo: algo que había que contener, desmantelar o erradicar. Sin embargo, esa imagen resulta cada vez menos precisa. En distintos países de la región, el problema ya no es únicamente la existencia de actores ilegales, sino la transformación del propio orden político en el que estos operan.

Hoy, el narcotráfico funciona como una red transnacional flexible: se adapta, se fragmenta y se rearticula atravesando territorios, economías y, a veces, al propio Estado. La pregunta ya no es cómo derrotarlo, sino cómo gobernar en un entorno donde el poder se encuentra distribuido entre actores legales e ilegales.

Colombia: negociar en la fragmentación

En Colombia, la mutación del problema es tangible. Lejos de los grandes carteles del pasado, el país enfrenta un entramado fragmentado de actores armados que combinan control territorial, economías ilícitas y capacidad de incidir en la política local.

En amplias zonas, organizaciones como el ELN o el Clan del Golfo no sólo disputan rutas: regulan la vida cotidiana, administran economías y condicionan decisiones públicas. Ese poder se hace visible también en los momentos electorales, donde amenazas a candidatos y liderazgos locales y hasta presidenciales recuerdan que la competencia política no ocurre en un vacío, sino bajo presión.

En este contexto, la negociación impulsada por el gobierno actual no surge porque sí. Responde a un escenario en el que la confrontación directa ha mostrado límites claros. Pero abre una tensión difícil: reducir la violencia en el corto plazo puede implicar, al mismo tiempo, tolerar —explícita o implícitamente— la consolidación de poderes armados en el territorio.

Colombia enfrenta así menos un problema de seguridad que uno de gobernanza: cómo ejercer autoridad donde el Estado no es el único que manda.

México: cuando el control se vuelve relativo

Si Colombia refleja la fragmentación, México muestra una fase distinta del mismo fenómeno. Allí, organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan en un entorno donde la relación entre Estado y crimen no siempre es de confrontación abierta, sino de tensiones, equilibrios y, en algunos casos, coexistencia.

En distintas regiones, la capacidad de estas organizaciones no se limita a la violencia: incluye la regulación de mercados, la imposición de normas locales y la intermediación en conflictos. El resultado no es la ausencia del Estado, sino una superposición de órdenes donde lo legal e ilegal coexisten y, a veces, se entrelazan.

En los últimos años, un gobierno de corte progresista abandonó la estrategia de “descabezamiento” de líderes —asociada a la fragmentación de los grupos y al aumento de la violencia— y priorizó una lógica de contención: reducir los enfrentamientos directos y atender causas estructurales como la pobreza y la desigualdad. En términos operativos, esto implicó una menor persecución proactiva de las cúpulas criminales y una preferencia por evitar choques letales inmediatos, incluso a costa de ceder en momentos tácticos.

Quizás el efecto más relevante ha sido la consolidación de equilibrios territoriales. Al disminuir la presión directa del Estado para desmantelar estructuras, ciertos grupos expandieron su presencia y profundizaron formas de gobernanza criminal. En varias regiones, la relativa “paz” responde más al establecimiento de monopolios locales de la violencia que a la ausencia de actores armados: allí, un grupo impone reglas, administra economías y suple, de facto, funciones estatales.

La política, en ese escenario, no queda al margen. Procesos electorales, autoridades locales y dinámicas institucionales operan bajo presiones múltiples, desde la intimidación hasta la negociación —incluidos señalamientos y controversias sobre posibles vínculos entre autoridades y redes criminales—, que difuminan las fronteras entre gobernanza y control criminal.

Más que un colapso, México evidencia una reconfiguración: el Estado sigue presente, pero su capacidad de organizar el poder es relativa y compartida. La cuestión ya no es solo si puede confrontar al crimen, sino en qué condiciones termina conviviendo con él.

Sistema internacional: la red que conecta todo

Lo que ocurre en Colombia y México no puede entenderse sin mirar más allá de sus fronteras. El narcotráfico contemporáneo funciona como una cadena de valor transnacional: producción, transformación, transporte, distribución y lavado articulados en distintos territorios y bajo lógicas flexibles de cooperación y competencia.

En ese sistema, América Latina no es un espacio aislado, sino un nodo central. La región concentra territorios de producción y tránsito, pero también se integra a redes globales que incluyen centros financieros, rutas marítimas y mercados de consumo en el norte global y otros destinos emergentes.

El cambio no es solo dónde ocurre, sino cómo se organiza el negocio. Las estructuras jerárquicas del pasado han dado paso a redes multinodales: alianzas cambiantes, especialización de funciones y capacidad de adaptación frente a la presión estatal. No se trata de “un” cartel global, sino de múltiples actores que se conectan según oportunidades y riesgos.

Esta configuración deja algo claro: ningún Estado, por sí solo, enfrenta el problema completo. Cada uno ve una parte —producción, tránsito, violencia local— mientras el sistema opera como un todo integrado.

Gobernanza global: respuestas parciales a un sistema completo

Las respuestas internacionales han tendido a fragmentarse de la misma manera. Durante décadas, la cooperación interestatal ha privilegiado enfoques centrados en la oferta — erradicación, interdicción, control territorial— con resultados desiguales en el tiempo.

Ese enfoque ha tenido límites claros. Resulta difícil abordar de forma simultánea la demanda, los flujos financieros y las redes logísticas que sostienen el negocio. En la práctica, se combate la producción en un lugar, mientras el dinero se mueve en otro y el consumo se mantiene estable en mercados distantes.

En algunos escenarios internacionales recientes, países de la región han llevado el debate hacia una crítica del enfoque tradicional, señalando la responsabilidad compartida del sistema global. Sin embargo, ese impulso no siempre se ha traducido en propuestas concretas de cooperación o en mecanismos efectivos de corresponsabilidad. La discusión avanza, pero la arquitectura de acción sigue siendo limitada.

Al mismo tiempo, los espacios multilaterales han operado con agendas dispersas y niveles de coordinación que no siempre reflejan la naturaleza sistémica del fenómeno. Se habla de drogas, de seguridad, de desarrollo, pero rara vez se integran estos elementos en una estrategia coherente.

El resultado no es la ausencia de acción, sino una desalineación: políticas que operan por partes frente a un mercado que funciona como un todo.

Mientras tanto, las propias redes criminales han desarrollado formas de gobernanza informal a escala transnacional: reglas de cooperación, mecanismos de resolución de disputas y arreglos logísticos que permiten sostener el flujo del negocio a través de fronteras.

En términos simples, los Estados siguen pensando el problema por partes. Las redes criminales, en cambio, —y muy audazmente— lo operan como un sistema.

Implicaciones para la región

Para América Latina, esto plantea un desafío y una oportunidad. Desafío, porque la presión se concentra en sus territorios y sociedades. Oportunidad, porque la centralidad de la región en la cadena le otorga capacidad —aún poco explotada— de incidir en la agenda internacional.

Pero esa capacidad no es automática. Requiere algo que la región no siempre ha logrado: pasar de la denuncia a la negociación efectiva. No basta con señalar las fallas del sistema global; es necesario traducir esa crítica en propuestas concretas que obliguen a otros actores a comprometerse.

La pregunta no es solo cómo responder internamente, sino cómo posicionarse externamente: cómo convertir su lugar en la cadena en poder de negociación real, y no solo en costo estructural.

Cierre: preguntas abiertas

De cara a los próximos años —y, en particular, al nuevo ciclo electoral en Colombia— las preguntas no son únicamente programáticas, sino estructurales:

¿Puede una estrategia de negociación reducir la violencia sin consolidar poderes armados en lo local?

¿Tiene el Estado la capacidad de recuperar control territorial sin reproducir dinámicas que erosionen derechos?

¿Cómo puede la región articular una posición común que refleje su papel central en el sistema global del narcotráfico?

¿De qué manera América Latina puede incidir en escenarios internacionales para que la gobernanza del problema deje de ser fragmentaria?

¿Seguirá el debate atrapado entre respuestas nacionales para un fenómeno transnacional?

Y en Colombia, ¿qué tipo de estrategia emergerá con el nuevo gobierno: continuidad, giro o una combinación de ambas?

El dilema ya no es entre paz o fuerza. Es entre distintas —y todas imperfectas—formas de gobernar un orden que ya cambió.