Colombia se acostumbró demasiado rápido a la violencia. Tan rápido, que muchas veces pareciera que la muerte, el odio y la persecución política hubieran dejado de sorprendernos. Vivimos en un país donde asesinan líderes sociales casi todas las semanas, donde los atentados contra figuras políticas vuelven a ocupar titulares, donde las amenazas se convierten en paisaje y donde la agresión verbal ya no es vista como un síntoma peligroso, sino como parte “normal” del debate público.

Ese es quizás uno de los mayores problemas de Colombia: la normalización de la violencia como forma de hacer política.

En otros países, un magnicidio marca generaciones enteras. En Colombia, lamentablemente, tenemos demasiados nombres. Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y muchos otros que representan una historia nacional marcada por la incapacidad de convivir con quien piensa distinto. No importa si provenían de la izquierda, del liberalismo, del conservadurismo, de la derecha o de movimientos alternativos: todos terminaron atrapados en una cultura política donde el adversario deja de verse como contradictor y empieza a verse como enemigo.

Este fenómeno no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, mutó y se adaptó a nuevas formas de comunicación y confrontación. Hoy la polarización política en Colombia ya no se limita al Congreso, a las plazas públicas o a los partidos tradicionales; también vive en redes sociales, transmisiones en vivo, cuentas anónimas e influenciadores políticos que convierten el insulto y la humillación en herramientas de movilización.

La violencia política no empieza únicamente cuando alguien dispara un arma. Empieza mucho antes: cuando se deshumaniza al otro, cuando se celebra la agresión contra quién piensa y es diferente, cuando se justifica la persecución dependiendo de quién sea la víctima. Y eso ocurre todos los días en Colombia. Resulta profundamente preocupante ver cómo sectores de izquierda y derecha celebran tragedias dependiendo de la identidad política de la víctima. Algunos justifican asesinatos porque la persona “se lo buscó”, mientras que otros convierten el dolor ajeno en una oportunidad para atacar políticamente al contrario. La muerte deja de ser una tragedia nacional y se transforma en munición ideológica.

El reciente caso de Miguel Uribe Turbay evidenció precisamente esa degradación moral. Mientras unos rechazaban cualquier acto de violencia, otros aprovecharon para burlarse, relativizar o incluso celebrar lo ocurrido. Lo mismo ha pasado históricamente con figuras como Carlos Pizarro, cuyo pasado guerrillero es usado todavía por algunos para justificar o minimizar su asesinato, ignorando deliberadamente que había decidido apostarle a la paz y a la reincorporación democrática. Lo preocupante no es únicamente que existan sectores violentos, sino que parte de la sociedad haya aprendido a justificar la violencia dependiendo de quién sea la víctima. La identidad política termina pesando más que la vida humana misma. Ahí es donde la polarización deja de ser un fenómeno democrático y empieza a convertirse en degradación ética.

La violencia política en Colombia tiene raíces profundas. La confrontación bipartidista entre liberales y conservadores dejó cientos de miles de muertes durante el siglo XX. Más adelante, el narcotráfico convirtió el asesinato y el terrorismo en instrumentos de poder. El exterminio de la Unión Patriótica mostró hasta qué punto la diferencia política podía pagarse con la vida. Los atentados contra periodistas y medios de comunicación, como los sufridos por El Espectador, evidenciaron que incluso informar podía convertirse en una sentencia de muerte.

Pero la violencia política en Colombia no permaneció únicamente en el terreno simbólico o electoral. Durante décadas, distintos actores armados transformaron la eliminación física del adversario en una estrategia política y territorial. Guerrillas, grupos paramilitares, carteles del narcotráfico, sectores corruptos del Estado y alianzas regionales armadas convirtieron el asesinato, el secuestro, la intimidación y el terrorismo en mecanismos cotidianos de control social y disputa por el poder. La guerra dejó de librarse únicamente entre combatientes y terminó atravesando sindicatos, universidades, partidos políticos, medios de comunicación, movimientos sociales y comunidades enteras.

Esa lógica deformó profundamente la cultura política nacional. Generaciones enteras crecieron viendo cómo pensar diferente podía costar la vida, cómo participar en política implicaba convertirse en objetivo militar y cómo el miedo terminaba reemplazando el debate democrático. Colombia no solo normalizó el odio político; normalizó la idea de que el contradictor podía ser eliminado. Y quizás esa sea una de las herencias más peligrosas que dejó la violencia prolongada del país.

Sin embargo, el problema no es únicamente histórico. También es cultural.

Colombia desarrolló una preocupante tolerancia frente a la violencia cotidiana. Nos indignamos un día y seguimos adelante al siguiente. Las masacres en regiones apartadas rara vez permanecen más de unas horas en la conversación pública. El Catatumbo, el Cauca, los Llanos Orientales, la Amazonía, el Caquetá y múltiples regiones del país se han convertido en escenarios permanentes de tragedias que terminan reducidas a cifras.

Lo más grave es que muchas veces esas víctimas no ocupan un lugar central en el debate nacional. Líderes sociales, campesinos, indígenas, comunidades afrodescendientes, sindicalistas y defensores comunitarios son asesinados, mientras gran parte del país permanece indiferente. Pareciera que Colombia solo reacciona cuando la violencia alcanza las grandes ciudades o figuras conocidas.

Esa indiferencia también se refleja en la manera en que algunos sectores celebran la muerte de soldados y policías. Se olvida que muchos de ellos provienen precisamente de las mismas regiones golpeadas por la pobreza y el abandono estatal, y que terminan arriesgando su vida en medio de conflictos que el país nunca ha logrado resolver completamente.

Por eso resulta irresponsable minimizar la polarización política colombiana como si fuera simplemente una característica inevitable de cualquier democracia. Decir que “somos muy dramáticos” frente a la polarización ignora el peso histórico de un país donde las diferencias políticas han terminado demasiadas veces en asesinatos, persecuciones y guerras internas.

La polarización no es solo una discusión fuerte entre ciudadanos. En Colombia, la polarización ha servido históricamente para justificar violencias. Primero se etiqueta al otro como enemigo, luego se le deshumaniza y finalmente se normaliza cualquier agresión en su contra. Eso no significa que el conflicto político deba desaparecer. La democracia necesita debate, oposición, contradicción e incluso confrontación de ideas. El problema aparece cuando la política abandona la discusión racional y convierte al contradictor en alguien indigno de existir o de participar en la vida pública.

Las redes sociales han profundizado ese problema. Muchos influenciadores y figuras políticas construyen audiencias enteras alrededor del odio permanente. No importa el argumento; importa la humillación pública, el ataque personal y la destrucción simbólica del adversario. En algunos casos, esa agresividad incluso termina trasladándose al espacio físico.

Parte de la política electoral contemporánea parece haber entendido que el miedo, la indignación y el resentimiento movilizan más rápido que las propuestas o la deliberación racional. Por eso muchos sectores políticos han construido ecosistemas digitales donde la confrontación permanente se convierte en estrategia de campaña. Las llamadas “bodegas”, las cuentas anónimas, los ataques coordinados y la desinformación terminan incentivando una lógica donde destruir moralmente al adversario resulta más rentable que debatir ideas. La política deja de centrarse en convencer y empieza a enfocarse en humillar, ridiculizar y deshumanizar.

Esa lógica también ha terminado deteriorando la relación entre la política y los medios de comunicación. En un país donde periodistas, periódicos y comunicadores fueron históricamente perseguidos, amenazados e incluso asesinados, resulta especialmente grave que desde distintos sectores políticos se incentive constantemente la deslegitimación de la prensa. Colombia ya conoció las consecuencias de convertir al periodismo en enemigo público: el atentado contra El Espectador, el asesinato de Guillermo Cano Izasa y el asesinato de múltiples periodistas durante las décadas más violentas del narcotráfico demostraron hasta qué punto informar podía convertirse en una actividad de alto riesgo.

Hoy, aunque el contexto sea distinto, persiste una retórica preocupante donde sectores políticos y sus ecosistemas digitales atacan sistemáticamente a medios y periodistas cuando sus investigaciones o posiciones resultan incómodas. Tanto figuras como Gustavo Petro, que frecuentemente confronta públicamente a sectores de la prensa, como voces de derecha radical cercanas a figuras como Abelardo de la Espriella, han contribuido a alimentar ambientes de hostilidad donde el periodista deja de ser visto como un actor democrático y empieza a ser tratado como enemigo político. El problema no es la crítica a los medios, que en democracia es legítima y necesaria, sino la construcción permanente de narrativas que convierten al periodismo en blanco de odio, persecución y deshumanización pública.

Ese fenómeno no pertenece exclusivamente a un sector ideológico. Se manifiesta tanto en influenciadores y figuras cercanas a la izquierda como en voces radicales de derecha que convierten el insulto y la agresividad en parte de su identidad política. Casos como los enfrentamientos verbales y físicos protagonizados por figuras como Levy Rincón, la retórica agresiva de personajes como “Me dicen Wally” o las dinámicas de hostigamiento impulsadas desde múltiples sectores políticos evidencian cómo la polarización ya no solo vive en las instituciones, sino también en audiencias digitales movilizadas emocionalmente contra quien piensa distinto. El problema no es únicamente quién lo hace, sino que cada vez más ciudadanos terminan viéndolo como algo legítimo o incluso deseable.

El resultado es un país agotado, incapaz de escucharse a sí mismo y atrapado en una lógica donde todo debe dividirse entre “buenos” y “malos”. Una lógica que además termina siendo funcional para los extremos políticos, porque el miedo y el odio movilizan más rápido que la reflexión.

Pero Colombia ya conoce demasiado bien las consecuencias de ese camino.

Cada magnicidio, cada atentado, cada líder social asesinado y cada masacre deberían recordarnos que la violencia nunca ha resuelto los problemas estructurales del país. Al contrario: los ha profundizado. Décadas de guerra interna dejaron territorios abandonados, generaciones enteras traumatizadas y una sociedad profundamente desconfiada.

Por eso defender la polarización como espectáculo o participar activamente de ella desde el odio no es un gesto inocente. Significa ignorar la historia nacional y vaciar de sentido el sacrificio de quienes murieron intentando construir un país distinto donde cabemos todos. La democracia colombiana necesita recuperar algo elemental: la capacidad de reconocer humanidad incluso en quien piensa diferente. Porque cuando un país pierde eso, deja de discutir ideas y empieza a justificar violencias.

Parte del problema es que la polarización contemporánea no surge únicamente de diferencias ideológicas genuinas, sino también de incentivos políticos, mediáticos y tecnológicos que premian la confrontación constante. Las redes sociales amplifican los discursos más agresivos, los algoritmos priorizan la indignación sobre la reflexión y muchas campañas descubrieron que el miedo produce más interacción que la moderación. En medio de ese ambiente, la política termina reducida a una competencia emocional donde importa más destruir al adversario que construir soluciones colectivas.

Esa dinámica resulta especialmente peligrosa en un país con una memoria histórica marcada por décadas de guerra interna. Colombia ya conoce las consecuencias de convertir la diferencia política en enemistad moral absoluta. Por eso trivializar la polarización o romantizar el odio partidista no es una postura inocente: significa ignorar que este país ha enterrado generaciones enteras por culpa de esa lógica. Un país donde la diferencia política termina justificando la muerte deja de discutir proyectos de nación y empieza a acostumbrarse a la barbarie.

Un país donde la diferencia política termina justificando la muerte deja de discutir proyectos de nación y empieza a acostumbrarse a la violencia.