Hay algo profundamente inquietante en descubrir que, en una sociedad atravesada por la violencia contra las mujeres, incluso la desaparición de una niña puede convertirse en motivo de sospecha pública antes que de solidaridad colectiva.

Durante las últimas semanas he visto circular numerosas noticias sobre mujeres y menores de edad desaparecidas en distintas ciudades del país. Pero más allá del dolor que producen estos casos, lo que verdaderamente me ha confrontado ha sido la reacción social frente a ellos. Y no hablo de algo nuevo o excepcional, sino de un patrón repetitivo que parece recaer sobre cada víctima sin distinción alguna.

Mientras las familias viven la angustia de no saber dónde están sus hijas, esposas, primas, sobrinas, tías, madres o amigas, en redes sociales aparecen comentarios que banalizan la situación, desacreditan el sufrimiento y convierten a las víctimas en responsables potenciales de su propia desaparición. “Seguro se fue con el mozito”, “después aparece en la casa, con su domingo 7, como si nada”, “solo quiere llamar la atención”, “mínimo anda con quién sabe quién y en quién sabe dónde”. Comentarios que, lejos de ser simples opiniones desafortunadas, revelan una violencia profundamente normalizada.

Cada vez que leo ese tipo de cosas siento rabia, tristeza y miedo. Rabia porque evidencian la facilidad con la que esta sociedad pone en duda el dolor ajeno cuando ese dolor le pertenece a una mujer. Tristeza porque detrás de cada noticia hay familias atravesadas por la incertidumbre, el desespero y la impotencia. Pero, sobre todo, siento miedo. Un miedo difícil de explicar, porque no nace únicamente de la empatía, sino también del reconocimiento de una posibilidad.

Me resulta imposible leer noticias sobre mujeres desaparecidas sin pensar que algo así también podría ocurrirme a mí. Podría pasarles a mis amigas, a mis primas, a mis futuras hijas, a cualquier mujer que conozco. Y quizás ahí nace gran parte de mi indignación: en comprender que vivimos en sociedades donde la violencia contra las mujeres no se percibe como una excepción, sino como una posibilidad constante con la que aprendemos a convivir desde muy pequeñas.

Creo que hay mujeres que desaparecen dos veces. La primera vez ocurre cuando sus cuerpos dejan de regresar a sus casas. La segunda sucede cuando la sociedad comienza a sospechar de ellas antes de buscarlas; cuando su dolor se convierte en juicio público y cuando la violencia que pudieron haber sufrido queda relegada detrás de preguntas sobre su comportamiento, sus decisiones o su vida privada.

Porque la desaparición no empieza únicamente cuando alguien deja de estar físicamente presente. A veces comienza mucho antes: cuando una sociedad deja de reconocer plenamente a ciertas mujeres como personas dignas de protección, credibilidad y empatía.

Y eso es justamente lo que más me inquieta.

Lejos de ser opiniones aisladas, los discursos que circulan alrededor de las mujeres desaparecidas revelan formas de violencia profundamente arraigadas en culturas machistas y misóginas. Para mí no se trata solamente de comentarios crueles o insensibles; se trata de mecanismos que buscan desacreditar, minimizar y relativizar la violencia ejercida sobre nosotras.

La revictimización social funciona precisamente de esa manera: transforma a las víctimas en sospechosas y crea jerarquías implícitas entre aquellas mujeres consideradas “inocentes” y aquellas que, según criterios morales y patriarcales, “se lo buscaron”. Así, la sociedad no solo falla en protegernos, sino que muchas veces participa activamente en nuestra deshumanización.

Pienso entonces que el problema no es únicamente que las mujeres desaparezcan, sino que hemos construido sociedades que constantemente nos obligan a justificar nuestra propia vulnerabilidad. Cuando una de nosotras desaparece, el foco rara vez se sitúa exclusivamente sobre el agresor o sobre las estructuras que permiten que estas violencias persistan. En cambio, inmediatamente aparecen preguntas sobre dónde estábamos, cómo íbamos vestidas, con quién salíamos o qué decisiones tomamos antes del hecho.

Y es ahí donde algo empieza a romperse.

La conversación deja de centrarse en la violencia para centrarse en la conducta de la víctima. Como si el valor de una vida femenina dependiera de qué tan correctamente actuó antes de convertirse en víctima.

Hace algún tiempo leí a Rita Segato y hubo una idea que me estremeció profundamente: pensar que el cuerpo de las mujeres ha funcionado históricamente como un territorio sobre el cual se ejercen relaciones de poder, dominación y soberanía masculina. En sus análisis sobre la violencia feminicida, Segato explica que muchas agresiones contra mujeres no responden únicamente a impulsos individuales, sino a estructuras sociales donde el cuerpo femenino termina convirtiéndose en escenario de demostración de control y poder.

Cuando leí eso sentí una mezcla extraña entre angustia y lucidez. Porque entendí que la violencia contra las mujeres no es accidental ni excepcional; es estructural. Nuestros cuerpos continúan siendo vigilados, regulados, disciplinados y expuestos permanentemente al juicio social. Y quizás por eso muchas veces sentimos que debemos movernos por el mundo pidiendo permiso, intentando no incomodar, intentando no exponernos demasiado, intentando no convertirnos en “la próxima”.

Esa idea también me llevó a comprender que el control sobre nuestros cuerpos nunca ha sido únicamente moral o cultural; también ha sido político. Y ahí entendí algo más: el miedo femenino no puede explicarse solo desde lo individual. El miedo es una construcción cultural que aprendemos desde niñas.

Aprendemos a desconfiar. A ocupar menos espacio. A mirar hacia atrás cuando caminamos solas. A compartir ubicación cuando salimos. A avisar cuando llegamos a casa. A cambiar rutas, ropa, horarios y comportamientos para intentar disminuir riesgos que nunca deberían formar parte de nuestra cotidianidad.

Crecemos aprendiendo a sobrevivir incluso antes de aprender a sentirnos libres.

Y, aun así, incluso después de interiorizar todas esas precauciones, seguimos viviendo en sociedades que continúan responsabilizándonos por la violencia que recibimos. Hay algo profundamente cruel en eso. Como si nunca fuera suficiente cuidarnos. Como si el deber de prevenir la violencia recayera siempre sobre nosotras y nunca sobre quienes la ejercen.

Lo más inquietante es que este fenómeno no pertenece únicamente a Colombia. La culpabilización de las mujeres violentadas se reproduce de distintas maneras alrededor del mundo. Puede verse en los feminicidios ocurridos en México, en la manera en que se juzga públicamente a víctimas de abuso sexual en Estados Unidos, o en la constante sospecha que recae sobre mujeres desaparecidas en distintos países latinoamericanos.

Incluso debates aparentemente superficiales sobre ropa, sexualidad o comportamiento femenino revelan hasta qué punto los cuerpos de las mujeres continúan siendo considerados espacios legítimos de regulación

social. A veces pareciera que el mundo entero estuviera dispuesto a opinar sobre cómo debemos vestirnos, movernos, hablar, relacionarnos o existir.

Existe además una relación profunda entre violencia, masculinidad y poder que muchas veces se niega o minimiza. En contextos patriarcales, ciertas formas de masculinidad siguen construyéndose alrededor de la dominación, el control y la capacidad de ejercer poder sobre otros cuerpos. Por eso la violencia contra las mujeres no funciona únicamente como agresión individual, sino también como mecanismo de reafirmación masculina.

Y aunque resulta incómodo aceptarlo, muchas formas de violencia contra las mujeres continúan siendo toleradas, justificadas o incluso normalizadas socialmente. Por eso me parece insuficiente analizar las desapariciones y feminicidios únicamente como casos aislados o sucesos excepcionales. Son expresiones de una estructura social que todavía considera a las mujeres cuerpos disponibles para el control, la apropiación y el castigo.

A esta problemática se suma además el papel deficiente de muchas instituciones estatales. La lentitud en las investigaciones, la negligencia frente a denuncias tempranas, la falta de protección efectiva y la revictimización institucional profundizan la sensación de abandono que experimentan muchas mujeres y sus familias. El Estado, que debería garantizar protección y justicia, muchas veces termina reproduciendo las mismas lógicas de sospecha y desinterés presentes en la sociedad.

Y quizás eso es lo que más me duele: descubrir hasta qué punto hemos normalizado el miedo femenino y la vulnerabilidad de las mujeres como parte cotidiana de la vida social.

Vivimos en sociedades donde muchas niñas aprenden desde muy temprano que desaparecer, ser violentadas o ser asesinadas son posibilidades reales de existencia. Pero además vivimos en sociedades donde, incluso después de sufrir violencia, las mujeres todavía deben defender su inocencia frente a la opinión pública.

Tal vez uno de los mayores fracasos éticos de nuestra cultura sea haber convertido la empatía en algo condicionado. Como si algunas mujeres merecieran ser buscadas y otras no. Como si el valor de una vida femenina dependiera de su comportamiento, de su ropa, de sus decisiones o de su capacidad para encajar dentro de expectativas sociales impuestas históricamente por estructuras patriarcales.

Y quizás ahí se encuentra la segunda desaparición: en el momento exacto en que una mujer deja de ser vista como víctima para convertirse, ante los ojos de la sociedad, en sospechosa de su propio dolor.