La violencia política que azotó a la República tras el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 tuvo efectos inmediatos en la vida de mi familia.

Santos Núñez fue asesinado porque lo confundieron con uno de mis tíos.

Él era obrero; trabajaba para mis bisabuelos paternos, don Antonio Quintero Torres y doña Concepción Carrillo Héndez. Los Quintero-Carrillo eran conocidos, entre otras cosas, por ser unos comerciantes ni los berracos y por ser bastante liberales.

Mi bisabuelo Antonio participaba activamente en la política local, organizando reuniones partidistas en su propia casa y pronunciando discursos en defensa del liberalismo. Era un hombre de una sola pieza: no se la dejaba montar de nadie. Solía ofrecer café y aguardiente a sus invitados como gesto de hospitalidad y, al mismo tiempo, como forma sutil de persuasión política, convencido de que el futuro del país dependía de los rojos.

No obstante, su militancia no le impidió mantener vínculos cercanos con miembros del bando contrario. Tal fue el caso de Peregrino Salvador Téllez, un conservador con quien mantenía una relación de negocios. A pesar de sus diferencias ideológicas, ambos cultivaron una amistad sólida, basada en la confianza y el respeto mutuo. Durante los periodos de mayor tensión política se protegían entre sí, llegando incluso a ocultarse el uno al otro cuando el agua les llegaba al cuello.

Lastimosamente, estos extraordinarios destellos de paz y honor en medio de la diferencia eran, y siguen siendo, una excepción a la norma.

Para cuando estalló La Violencia, mis bisabuelos y sus nueve hijos vivían en una vereda de El Cocuy, municipio donde aparecieron enardecidos grupos armados, tanto rojos como azules, que iban de puerta en puerta, de vereda en vereda, haciendo una pregunta muy puntual: «¿Es usted liberal o conservador?». Contestar era un tiro a ciegas: si la respuesta no era del gusto del que preguntaba, esa misma bala venía de regreso. A veces en forma de disparo. A veces, en el peor de los casos, de machete.

Consciente del riesgo que corría como liberal declarado, Antonio tomó la decisión de abandonar su hogar y refugiarse con sus hijos mayores —Luis Antonio, Margarita, José Santos y Juan Agustín— en una cueva remota. Lo acompañaron su hermano Lorenzo y tres de sus hijos. Allí tuvieron que arreglárselas como pudieron. La comida escaseaba, y no había ni pa’ remediar; las salidas para cazar eran peligrosas.

Entre quienes se refugiaron en la cueva estaba Juan Agustín, el menor de los hijos mayores, con trece años recién cumplidos. Era demasiado joven para entender la guerra del todo, pero demasiado inquieto para soportar la quietud forzada. La vida oculta lo consumía: el encierro, la escasez, la incertidumbre de no saber cuándo ni cómo terminaría aquello. Un día, sin decirle nada a nadie, se escapó para unirse al combate activo.

Durante un tiempo la familia lo dio por muerto.

Regresó semanas después, irreconocible. Agotado de pelear, desencantado de una guerra que no le había ofrecido ni por asomo la vida que imaginaba, volvió con el mismo sigilo con que se había ido. La guerra no era el lugar para un muchacho de su edad, y él lo había aprendido por las malas.

Mientras tanto, las tensiones en la región no amainaban. Los grupos armados seguían recorriendo las veredas, y el miedo se había instalado en cada casa como un huésped que nadie había invitado.

Fue en esos días cuando Concepción, que se había quedado a cargo de la finca con los hijos menores, le encargó a Santos Núñez que fuera a recoger leña. Santos era un hombre alto y robusto, de esos que no pasan desapercibidos en un camino. Eso, que en otra época habría sido una virtud, esa mañana lo condenó: alguien lo confundió con uno de los hijos de Antonio y le disparó.

Alcanzó a regresar a la casa.

Cuando Concepción lo vio llegar herido, ya era tarde para cualquier cosa. Santos la miró y, en medio del dolor, con las manos en el abdomen, pronunció sus últimas palabras:

«Mire, patrona. Me mataron».

«Mire, patrona. Me mataron».

Cuatro palabras que al día de hoy no han perdido fuerza, porque allá afuera aún hay víctimas inocentes que demandan reconocimiento porque las han matado de mil maneras. Víctimas que nadie confundió por descuido, sino que alguien eligió borrar con toda la intención del mundo. Víctimas que no piden venganza sino reconocimiento: que alguien con poder mire y diga, siquiera una vez, aquí hubo un crimen y aquí hubo un ser humano.

Al no mejorar la situación, Antonio tomó la decisión de huir más lejos, hacia Bogotá. Con la ayuda de un comerciante conservador —otro gesto que desafiaba la lógica de la violencia— logró salir del municipio junto a la mitad de sus hijos.

Eso es lo que hace la violencia con las familias: las dispersa, las obliga a repartirse entre los que se quedan y los que se van.

En Bogotá se establecieron en el barrio Boyacá. Allí vivieron hasta 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia y la relativa calma de su régimen les permitió regresar a El Cocuy. A su vuelta, encontraron su vida más o menos intacta, aunque marcada para siempre por lo que habían perdido y por lo que habían visto.

Santos Núñez no regresó con ellos. Su nombre no quedó en ningún registro oficial, en ningún monumento, en ninguna lista. Solo en la memoria de quienes lo vieron llegar herido a la puerta de esa casa.

Y qué tristeza tan honda saber que, en Colombia, querer la paz se ha vuelto sospechoso. Hay quienes ven en esa palabra —paz— una bandera de extrema izquierda, una ingenuidad peligrosa, casi una provocación. Como si aspirar a que nadie más regrese herido a su casa a despedirse de cuatro palabras fuera un lujo ideológico y no una necesidad elemental.

Setenta y ocho años después del 9 de abril, seguimos haciéndonos la misma pregunta que aquellos grupos armados le hacían a la gente en las veredas de El Cocuy. Solo que ahora la pregunta no es «¿liberal o conservador?». Ahora es más sutil: «¿Y usted por quién va a votar?».

Y la bala, de una forma u otra, sigue viniendo de regreso.