La movilidad es uno de los principales conflictos a nivel nacional. Por donde se mire, el país busca mejorar, ampliar y alcanzar nuevos rincones de vía pavimentada para enfrentar el alto flujo vehicular que día a día crece en el territorio.

Ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín o Cali están reinventándose para reducir los tiempos de desplazamiento. Bajo esa misma premisa ubicamos a Soacha, la sexta ciudad más poblada del país, que tiene entre sus principales problemas uno especialmente grave: la movilidad, fuertemente ligada a su conurbación con Bogotá, la capital que concentra la mayor población y genera el mayor movimiento diario hacia y desde ella.

Promesas que se dilataron en el tiempo.

Desde el año 2013, cuando la alcaldía de Juan Carlos Nemocón recibió la Fase I de TransMilenio sobre la Autopista Sur, se tenía claro que el crecimiento descontrolado de Soacha terminaría haciendo obsoleto el sistema. Se planificaron entonces alternativas de movilidad para responder a las necesidades futuras. Lo lamentable no fue la falta de planificación inicial, sino la ausencia total de continuidad en su ejecución.

Muchas de esas soluciones se quedaron en promesas de campaña, cambiando según el gobierno de turno y sin garantizar la culminación de lo que ya estaba proyectado.

Las Fases II y III de TransMilenio han acumulado retrasos importantes. Han pasado más de doce años desde los primeros anuncios y, aunque la pandemia explicó parte de los retrasos, las adiciones, correcciones y aplazamientos posteriores han sido constantes. La obra, prometida en varias ocasiones por el alcalde municipal y el gobernador de Cundinamarca, sigue evidenciando retrasos en su ejecución.

La realidad que viven los soachunos.

La población soachuna está “mamada” de la lucha diaria para tomar transporte que los lleve a sus lugares de trabajo, en su mayoría ubicados al norte de Bogotá. Sectores como Altos de la Florida o Cazucá tienen rutas piratas operadas bajo monopolio que cobran entre $2.000 y $3.000 por acercarlos a la estación del SITP, bus o TransMilenio más cercana.

Abundan también las colectivas ilegales que operan entre Ciudad Verde y Bosa o que acercan a los usuarios a Terreros, y que pese a la aparente sobreoferta, el transporte no alcanza a cubrir el enorme flujo diario.

Obras que avanzan, pero con retraso.

Proyectos como el Puente Vehicular Tibanica, la Avenida Las Torres y la conexión Ciudad Bolívar-Cazucá se han quedado esperando ejecución durante años por falta de voluntad política. Aunque hoy están en desarrollo, la lentitud ha generado cansancio y desconfianza entre la población.

Aunque ya existe una fecha para la construcción del Puente Tibanica, es una realidad que para cuando finalmente entre en funcionamiento ya será menester el avance de la Fase IV de TransMilenio, considerando que el crecimiento poblacional no frena y las alternativas son cada vez más urgentes.

El Cazucable, propuesto incluso antes que el cable aéreo de Ciudad Bolívar, finalmente está en ejecución tras años de promesas. Aunque es destacable que avance, es particularmente triste reconocer que del otro lado de la frontera ya funciona el mismo modelo de transporte que durante años fue solo promesa de campaña en el municipio.

Desconexión en la Secretaría de Movilidad.

En medio de esta crisis, la Secretaría de Movilidad parece un ente ajeno a la realidad del territorio.

Medidas como el contraflujo en la vía Indumil en la operación retorno, los planes de pico y placa regional y las obras simultáneas en la Autopista Sur han empeorado la situación en lugar de aliviarla.

Sectores como Hogares Soacha, Campestre o Ciudad Latina quedan prácticamente incomunicados en cada operación retorno. Las obras en la Autopista Sur, ejecutadas en múltiples frentes al mismo tiempo, han reducido la vía a dos carriles en varios tramos.

Los conductores de Sibaté pueden tardar hasta dos horas para llegar a San Mateo. Soluciones no prácticas como el giro de 180° en la salida del sector del Altico (salida de las canteras) o el cierre de la calle 22 muestran una clara desconexión entre la planificación y el conocimiento real del territorio.

Lo que realmente necesita Soacha.

Más allá de críticas, es urgente definir con claridad las soluciones concretas que el municipio requiere:

1. Un Pico y Placa funcional y adaptado a la realidad local, que no deje incomunicados a barrios enteros ni priorice solo el tránsito de paso.

2. Ejecución acelerada y ordenada de las obras en curso, evitando abrir múltiples frentes simultáneos que colapsen aún más la Autopista Sur.

3. Integración real del transporte que beneficie económicamente a Soacha y responda a las necesidades tanto de sus habitantes como de quienes atraviesan el municipio.

4. Construcción de paraderos y bahías propias para buses interurbanos, eliminando el actual caos de paradas sobre la autopista.

5. Planificación multimodal que incluya el fortalecimiento de alimentadores, mayor regulación del transporte informal y soluciones para las zonas altas (como el Cazucable y futuros cables). 

6. Priorizar al soachuno: las medidas de movilidad deben poner en primer lugar a quienes viven y votan en el municipio, y no solo resolver los problemas de Bogotá o Sibaté.

Soacha no puede seguir siendo la ciudad que paga los costos de la conurbación sin recibir los beneficios. La movilidad digna no es un favor, es un derecho.

Mientras las autoridades sigan actuando con improvisación, falta de continuidad y desconexión territorial, “Soacha Inmóvil” seguirá siendo la definición más precisa de esta realidad.

Es hora de pasar de las promesas eternas a soluciones reales, oportunas y pensadas desde y para Soacha.