En Colombia el consumo de marihuana ha sido objeto de debate durante décadas. Hoy en día, gracias a la legislación vigente, el consumo personal de pequeñas cantidades de marihuana es legal. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-221 de 1994, despenalizó el porte de dosis mínimas, permitiendo hasta 20 gramos de marihuana para uso personal. Sin embargo, a pesar de que el consumo es permitido, adquirirla sigue siendo ilegal para fines recreativos, creando una paradoja difícil de ignorar.

 

Mientras el consumo personal no es considerado un delito, el mercado para adquirirla se mantiene en la ilegalidad. Esto genera una contradicción: los ciudadanos tienen derecho a consumir marihuana, pero no tienen un acceso legal a ella. La Ley 30 de 1986 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional permiten el porte y uso personal, pero quienes deseen consumir se ven obligados a recurrir al mercado ilegal para obtenerla, una práctica que alimenta las redes de microtráfico y sostiene estructuras criminales que dependen de la venta de estupefacientes.

 

Esta paradoja no solo pone en aprietos a los consumidores, quienes deben navegar en terrenos ilegales y peligrosos para ejercer un derecho legal, sino que también perpetúa el problema del microtráfico en las ciudades colombianas. El microtráfico, que opera en las sombras del comercio ilícito de marihuana, sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos para organizaciones delictivas locales, muchas de las cuales encuentran en la venta de estupefacientes su principal sostén económico.

 

Si la venta de marihuana para fines recreativos se legaliza, gran parte de estos problemas se reducirían. De hecho, muchos expertos coinciden en que la legalización de la venta recreativa no solo sería un acceso seguro y regulado para los consumidores, sino que también debilitaría a las redes criminales que dependen del tráfico ilegal de marihuana. Las experiencias de países que han legalizado tanto el consumo como la venta de marihuana muestran que el control estatal de la distribución disminuye los ingresos de grupos criminales, reduciendo su capacidad de operar en otras áreas delictivas. Un ejemplo claro de esto sería Portugal.

 

Aunque el consumo de marihuana en Colombia es legal, su adquisición sigue en manos del mercado ilegal, lo que mantiene viva la economía del microtráfico. Legalizar la venta recreativa permitiría abordar de manera efectiva esta paradoja, para que todas y todos podamos tener un acceso seguro sobre dicha sustancia.