También está el caso de Vladdo, cuya salida de Noticias RCN generó especulaciones por una caricatura crítica del presidente. Es importante decirlo con claridad: no se ha confirmado que esa caricatura haya sido la razón de su salida. Afirmarlo como un hecho sería irresponsable. Sin embargo, el episodio deja abierta una reflexión necesaria sobre la independencia de los medios y las condiciones en las que trabajan quienes cuestionan a los gobernantes.

Una caricatura puede incomodar. Una columna puede molestar. Una investigación periodística puede poner en aprietos a un ministro o a un presidente. Pero ninguna democracia debería exigir que el periodismo sea agradable para ser aceptable. Su función no consiste en aplaudir las decisiones del poder, sino en examinarlas, cuestionarlas y ayudar a que la ciudadanía comprenda sus consecuencias.

Lo más delicado es que, en ocasiones, ni siquiera hace falta una orden para que alguien deje de hablar. Basta con que empiece a sentir miedo de perder su trabajo, de cerrar una oportunidad profesional o de convertirse en blanco de ataques. Poco a poco, las preguntas se moderan, las críticas se evitan y los temas incómodos dejan de publicarse. Así aparece la autocensura: cuando una persona termina callando por anticipar las consecuencias de decir lo que piensa.

Y esa es una de las razones por las que debemos prestar atención a estas señales antes de que el silencio se vuelva costumbre.

Ahora bien, sería injusto hablar de libertad de prensa como si el problema hubiera comenzado con este Gobierno. Durante la administración de Gustavo Petro también hubo cuestionamientos por sus confrontaciones con periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa advirtió sobre la estigmatización contra la prensa. Esos antecedentes importan, porque la defensa de la libertad de expresión pierde credibilidad cuando solo nos preocupa si el gobernante pertenece a una corriente política que no compartimos.

Pero reconocer que hubo problemas antes no significa restarle importancia a lo que sucede hoy. Tampoco significa que todos los hechos sean iguales. Cada decisión debe analizarse con sus propias pruebas, sus consecuencias y las explicaciones de quienes la tomaron. La coherencia consiste precisamente en exigir garantías tanto a quienes piensan como nosotros como a quienes están en la orilla contraria.

Porque la libertad de prensa no es un favor que un presidente les concede a los periodistas. Es una garantía que necesita la sociedad para vigilar a sus gobernantes y tomar decisiones informadas. Sin ella, los ciudadanos terminamos conociendo únicamente la versión que alguien más considera conveniente contarnos.

Tal vez por eso la pregunta más importante no sea si un gobierno tiene derecho a organizar sus comunicaciones o a exigir que se cumplan los procedimientos legales. Claro que puede hacerlo. La pregunta es si esas decisiones se están tomando de una manera que proteja, en lugar de restringir innecesariamente, el derecho de la gente a estar informada.

Al final, no estamos hablando únicamente de periodistas, caricaturistas o emisoras. Estamos hablando de las personas que necesitan saber qué ocurre en sus municipios, de quienes quieren entender las decisiones de sus gobernantes y de quienes tienen derecho a escuchar opiniones distintas antes de formar la propia.

Por eso, cuando una voz desaparece, no basta con preguntarse quién dejó de hablar. También hay que preguntarse quién dejó de escucharla y qué perdemos los demás con ese silencio.

Porque el día en que dejemos de preocuparnos por las voces que incomodan al poder, quizá también hayamos empezado a renunciar a nuestro derecho de cuestionarlo.