El pasado 14 de octubre las calles de la capital se volvieron a llenar de pancartas, consignas y reclamos ciudadanos. Sin embargo, más allá de las razones que motivaron la movilización, resulta inevitable examinar la sincronía y la mesura política del momento. Criticar con dureza la administración De La Espriella, que apenas supera los dos meses en el poder, evidencia una profunda incoherencia si se contrasta con la pasividad y el silencio cómplice que mantuvo gran parte de esta misma oposición frente a los graves tropiezos, escándalos y omisiones del gobierno de Gustavo Petro. Un debate riguroso exige memoria, contexto y, sobre todo, criterio.

Nadie pretende invalidar las preocupaciones de quienes marcharon; la democracia se nutre del seguimiento de la ciudadanía. No obstante, las exigencias actuales chocan de frente con la doble moral de un sector político que ignoró olímpicamente problemáticas estructurales acumuladas y profundizadas durante el mandato anterior. ¿Dónde estaban las masivas protestas cuando la minería ilegal devoraba sin freno los ecosistemas estratégicos? El caso del páramo de Santurbán es una muestra dolorosa, pues el abandono institucional y la negligencia permitieron que redes criminales y pasivos ambientales sin resolver, como los túneles y socavones abandonados, sigan amenazando fuentes hídricas vitales para millones de colombianos, una degradación ecológica que se expandió sin control en la administración pasada.

A lo anterior se suman las alarmantes sombras institucionales que marcaron los últimos cuatro años. Para nadie es un secreto que el proyecto de la paz total de Petro fracasó, en gran parte, por la inacción gubernamental, ya que no implementó medidas contundentes ni ejerció la presión necesaria para evitar que los grupos armados continuaran expandiéndose y delinquiendo en medio de las negociaciones. El país presenció con desconcierto el incremento exponencial del reclutamiento infantil por parte de grupos armados ilegales y una preocupante expansión del control territorial mafioso en las regiones, mientras la política de seguridad parecía atada de manos. A esto se suma la degradación del sistema penitenciario, retratada en polémicas fiestas y reuniones clandestinas dentro de centros carcelarios que evidenciaban la pérdida de control del Estado o incluso algo peor: su complicidad. Y los millonarios gastos de la ex primera dama Verónica Alcocer, que contrastaban de manera insultante con las promesas de austeridad y cambio social. En cambio, los opositores del gobierno se manifestaron en contra de la figura de la nueva primera dama Ana Lucía Pineda, cuando ya había aceptado hacer rendición de cuentas.

Por si fuera poco, la opinión pública vio estupefacta cómo las redes de clientelismo y tráfico de influencias se tomaban despacho tras despacho, desde el Ministerio del Interior hasta el Aerocivil. Los cuestionamientos en torno a figuras como Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, jóvenes vinculadas a círculos de poder cercanas al mismo Petro, señaladas por presunta intermediación irregular en nombramientos clave de entidades como la Aeronáutica Civil, sumado a millonarios esquemas de protección financiados por todos los colombianos, destaparon una red de privilegios que distaba mucho de la meritocracia prometida.

El mandato actual merece un margen de gobernabilidad para mostrar resultados, sin que ello implique una defensa ciega ni exenta de crítica, pero señalando con firmeza la miopía de una oposición que despertó de su letargo demasiado pronto para algunos, cuando para otros nunca llegaron. La oposición tiene el derecho y el deber de vigilar, pero perderá toda credibilidad si se basan en juicios dependiendo del dolor político de quién ocupe la casa de Nariño.