¿Está América Latina girando a la derecha o siempre lo ha sido? ¿Estamos ante una América Latina ideológicamente más conservadora o ante un electorado que cambia de gobierno cuando sus expectativas no se cumplen? ¿Qué nos dice el ciclo actual sobre las prioridades de los votantes?

De acuerdo con un informe de S&P Global, 14 de los 19 gobiernos del continente están bajo liderazgos de derecha o centroderecha. Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia ilustran esta tendencia, que representa un cambio respecto de la llamada Marea Rosa que llevó a varios gobiernos progresistas al poder durante los primeros años de la década en cuestión.

Sin embargo, detrás de cada resultado electoral hay circunstancias distintas que invitan a cuestionarse si estamos viviendo una transformación ideológica o un hastío generalizado por el fracaso de gobiernos socialistas en materia económica, de seguridad y cultural. ¿Acaso ha perdido credibilidad un proyecto político que prometió resolver las desigualdades estructurales, pero que en distintos países ha encontrado dificultades para garantizar seguridad, dinamismo económico y sostenibilidad fiscal? No se trata de afirmar que todos los gobiernos progresistas han tenido los mismos resultados ni de desconocer sus diferencias. Se trata de reconocer que las promesas ideológicas pierden capacidad de movilización cuando los ciudadanos no perciben mejoras en sus condiciones de vida.

Esa percepción de incumplimiento se aprecia con particular claridad en tres terrenos: la seguridad, la economía y las finanzas públicas. Para determinar si el ciclo actual responde a un cambio ideológico o a una evaluación de resultados, me centraré en la dimensión económica y fiscal, examinando cómo el desempeño de los gobiernos progresistas y las dificultades para garantizar la sostenibilidad de sus promesas han contribuido al desgaste de sus proyectos políticos y a la creciente receptividad electoral hacia las propuestas de derecha. Desde mi punto de vista, también puede leerse como una reacción frente a los límites de un modelo que ha depositado demasiada confianza en la capacidad del Estado para producir prosperidad mediante el gasto público, la redistribución y la intervención económica. Cuando la riqueza no se crea por decreto ni se sostiene indefinidamente con deuda, requiere inversión, competencia, seguridad, libertad para emprender y unas finanzas públicas responsables.

En materia de seguridad, el problema radica en la dificultad de algunos gobiernos para garantizar una de las funciones fundamentales del Estado: proteger la vida, la propiedad y la libertad de sus ciudadanos. La expansión del crimen organizado, la extorsión y la inseguridad afecta no solo el día a día, sino también el funcionamiento de la economía, pues incrementa los costos de operar para las empresas y desincentiva la inversión. Según la OCDE, en su encuesta regional de 2025, el 60 % de los encuestados en América Latina y el Caribe identificaron el crimen y la violencia entre los tres principales problemas de sus países. Esta preocupación ha favorecido la agenda de derecha que prioriza el fortalecimiento de la autoridad estatal, la seguridad y la protección de los derechos de propiedad. Para los gobiernos que hicieron de la llamada justicia social una de sus prioridades, la persistencia de estas amenazas plantea una contradicción: difícilmente puede hablarse de ampliar las libertades y las oportunidades cuando los ciudadanos no cuentan con condiciones básicas de seguridad para ejercerlas.

Argentina y Bolivia son los dos ejemplos más claros. Argentina por un lado cerró 2023 con una inflación anual de 211 %, fruto de un déficit estructural que su clase política prometió resolver en cada campaña sin intentarlo jamás. Como consecuencia, la fatiga del electorado, sobre todo del menos favorecido, lo llevó a apostar por quien prometía acabar con ese déficit. Si bien aún es pronto para juzgar resultados, la inflación interanual ya pasó de tres dígitos a 33,4 % en septiembre de 2026. Bolivia, por su parte, llegó al final del largo gobierno del MAS con un déficit fiscal de 10,3 % del PIB, una deuda pública cercana al 95 % del PIB en 2024 y, además, reservas en caída por el desplome de los ingresos por hidrocarburos. En ambos casos el votante no castigó la aspiración de reducir la desigualdad, sino la incapacidad de traducir en empleo, ingresos y poder adquisitivo: porque antes de redistribuir la riqueza hay que producirla.

Las finanzas públicas confirman el límite de las promesas vacías del socialismo. Cuando un gobierno multiplica el gasto (ayudas, subsidios, “inversión social”) sin ingresos que lo respalden, el desequilibrio se paga con deuda; la deuda genera intereses y la desconfianza de los acreedores encarece el financiamiento, agranda el déficit y exige todavía más deuda. Ese círculo sólo se rompe de una manera: dejando de gastar lo que no se tiene. La responsabilidad fiscal no es una preferencia ideológica, es aritmética: los recursos son limitados, todo gasto tiene un costo de oportunidad y la confianza tarda años en construirse y se destruye en un parpadeo. Margaret Thatcher lo dijo en 1976: a los gobiernos socialistas siempre se les acaba el dinero de los demás. Y cuando eso ocurre la cuenta no la paga quien la firmó, sino el ciudadano, con inflación, estancamiento y salarios que ya no alcanzan. Por eso, lo que vive hoy América Latina no es una conversión ideológica, sino un ajuste de cuentas: el electorado revisó la factura y dejó de votar por quienes solo ofrecen pan para hoy y hambre para mañana. Las promesas son gratis solo para quien las hace; para quien creyó en ellas, siempre llegan con factura, y es en las urnas donde los votantes empezaron a cobrar.