Los últimos meses en Colombia han sido de bastante desconcierto, al traer a la memoria fantasmas del pasado violento que ha sufrido el país: atentados a candidatos presidenciales, presencia de grupos armados, ataques terroristas, atentados contra las Fuerzas Armadas, carros bomba y miedo en las calles. En décadas pasadas, se tenía al menos la certidumbre o una noción más general de quiénes podían ser los posibles perpetradores de estas acciones, dependiendo de las motivaciones detrás, el fin político y los actores que resultaban afectados.

Hoy el panorama es diferente por los diferentes sistemas complejos adaptativos que manejan los grupos al margen de la ley. En los 90 y 80 existía mayor claridad de cómo estaban organizados de manera jerárquica los diferentes carteles de droga, las FARC o las AUC. En el presente resulta más complicado entender el funcionamiento de estos grupos por las mismas divisiones internas que los han llevado a fraccionarse, como el caso de las FARC en diferentes disidencias. Lo que dificulta aún más este panorama es el número extenso de grupos al margen de la ley que tenemos, e incluso los diferentes grupos de crimen transnacional que tienen incidencia en Colombia, sin mencionar, la propagación de conceptos y teorías con vacíos, como la mal llamada “Junta del Narcotráfico”.

Sin embargo, un aspecto que se comparte con décadas pasadas es la simultaneidad y la frecuencia de estos actos, tan solo desde el mes de junio ocurrió el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el ataque con explosivos en Cali que tenía como objetivo la base aérea Marco Fidel Suarez, el derribo de un helicóptero en Amalfi Antioquia con drones, la explosión en el centro de Florencia a una cuadra de la alcaldía, que ocurrió unas horas después de los sucesos en Cali y Amalfi, y la retención de 33 militares en el Guaviare. Siendo estos hechos tan solo un ejemplo de los múltiples que han ocurrido en los últimos dos meses, y sin olvidar el control que los grupos al margen de la ley ejercen actualmente en diferentes territorios como el Catatumbo, el Chocó y algunas zonas de la Guajira.

El gobierno de Colombia ha decidido tomar acción, pero sin una aparente ruta clara, tras lo ocurrido en Cali el presidente Gustavo Petro viajó a esta ciudad para reunirse con altos cargos militares, ordenó la creación de un Puesto de Mando Unificado para recuperar sectores del Sur del Valle del Cauca y anunció que algunas disidencias de las FARC y el Clan del Golfo serían declaradas organizaciones terroristas.

Esta estrategia de declarar organización terrorista a este tipo de actores es útil para intentar demostrar resultados frente a la población civil y anunciar que las futuras acciones militares frente a estos grupos se realizarán con mayor dureza. Ya que el término terrorista, aunque su definición implica un carácter político en sus acciones, suele emplearse de forma peyorativa en los ámbitos estatales.

La incógnita que entonces queda es el cómo se van a desempeñar las mesas de negociación con los grupos, teniendo en cuenta las que están activas, las inactivas o incluso las que se reactivaron días antes de los ataques en Cali y Antioquia, como fue el caso de la mesa de negociación con el Clan del Golfo en Catar. La cuenta regresiva ya está en marcha para estos últimos intentos de la paz total, en un contexto de ataques simultáneos y de fortalecimiento de estos grupos, mientras que las Fuerzas Armadas en Colombia continúan debilitadas y un paso atrás en la lucha armada.