Hay un patrón recurrente que existe dentro de una relación tóxica, y que quien haya estado cerca de una reconoce con facilidad: después de meses de silencio, indiferencia, malos tratos y promesas incumplidas convertidas en costumbre, ocurre algo inesperado. La otra persona hace algo simple. Contesta los mensajes a tiempo, pregunta qué tal estuvo el día de su pareja, o simplemente cumple con lo que dijo que iba a hacer. Es ese gesto —que en una relación sana pasa completamente desapercibido— el que hace pensar a una pareja que “por fin está cambiando” o que “se está esforzando por la relación”. Nadie puede decirle a esa persona que lo mínimo no es un logro extraordinario, cuando por mucho tiempo ni siquiera eso fue seguro.

Colombia lleva varias semanas viviendo la versión política de este mismo escenario. Un presidente que firma decretos desde el primer día, la promesa de mano dura para organizar las finanzas estatales, o la lucha activa contra los grupos criminales son solo algunas de las acciones que han provocado en redes olas de aplausos y reconocimientos, presentándolas como grandes hazañas. Si bien es cierto que puede llegar a ser tentador burlarse de esta reacción, tildándola de ingenua, sería mucho más honesto preguntarse qué tuvo que suceder antes para que lo elemental empezara a sonar a salvación.

La respuesta parcial a este dilema se encuentra en el denominado “Libro de la Verdad”, presentado por el gobierno nacional como balance del proceso de empalme con el gabinete saliente de Gustavo Petro. Las cifras consignadas en este documento son realmente alarmantes: entre 2022 y 2026 la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que concentró el 82,8% de sus recursos dados desde la Presidencia, solamente ejecutó el 4,3% de lo que tenía asignado, equivalente a $657.900 millones de pesos de los $15 billones asignados, según el documento.

Durante cuatro años, miles de millones de pesos quedaron congelados y otros tantos fueron puestos bajo cuestionamientos e investigaciones por presuntas irregularidades, mientras el país los necesita más que nunca para atender las emergencias provocadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.  No hace falta tener la misma ideología o afinidad política de quienes comparten estas cifras —de hecho, tampoco sería malo desconfiar de que el mismo gobierno entrante sea quien entregue estas cifras como evidencia contra el poder saliente— para aceptar el punto argumental: la vara quedó muy abajo.

Es en ese momento donde empieza a aparecer una pregunta incómoda, esa misma que le harías a alguien cercano que empieza a idealizar a una persona apenas esta comienza a tratarla bien: ¿cómo le explicas a una persona —o a todo un país— que no debería aplaudir lo mínimo, si precisamente durante años eso fue lo que nunca tuvo?

Esta situación tiene un nombre preciso, pero mucho menos poético: habituación. El maltrato reiterado deja de sentirse como la excepción a la norma, y se empieza a convertir lentamente en la vara para medir las demás acciones de una persona, y es ahí donde cualquier gesto parece un progreso gigantesco (aunque siga estando por debajo de lo que es estándar). Culpar a quien aplaude un progreso mínimo es, en el fondo, culparlo también por haber sobrevivido a la única forma de relacionamiento que conocía. La paradoja del alivio es que rara vez exige cuentas, únicamente le basta con la sensación de rescate y, cuando una sociedad ha sido expuesta durante varias décadas a la ineficiencia estructural, la llegada de una figura de autoridad que promete orden se percibe como una liberación y no como el cumplimiento del deber constitucional.

La vara no se acostumbró a estar en el piso únicamente durante estos cuatro años. Lleva bajando, con pausas y desfalcos, mucho antes de que el gobierno saliente asumiera el poder. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el programa Agro Ingreso Seguro (AIS)— implementado para proteger la actividad agraria de los pequeños campesinos frente a la globalización del mercado— terminó entregando subsidios millonarios a familias adineradas en el país. Años después, bajo la administración de Juan Manuel Santos, la Refinería de Cartagena (Reficar), dejó un desfalco con sobrecostos multimillonarios de cerca de $4.000 millones de dólares, mientras los escándalos de Odebrecht se adentraban en la financiación de campañas políticas. Con Iván Duque, se evidenció la parálisis institucional y escándalos de corrupción que rodearon a la contratación pública, además de la creciente desigualdad y pobreza en el país que resultó en movilizaciones que se extendieron durante meses en todo el territorio nacional.

El gobierno de Gustavo Petro no es culpable de inventar la mediocridad ni la ineficiencia del aparato estatal, pero sí es el mayor responsable de haberla heredado, profundizado en sectores clave, y haberla administrado bajo su propia narrativa. La UNGRD, sectores críticos como Agricultura, Inclusión Social o la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), recibieron la mayor financiación de toda su historia, y dejaron billones de pesos congelados en cuentas bancarias mientras las comunidades demandaban soluciones urgentes. Cada administración, sin distinción de ideologías, fue agregando un renglón más al libro que lleva la ciudadanía para enseñarse a sí misma una misma lección: no esperar nada del Estado.

Es ese cúmulo de desencantos el que ayuda a explicar la receptividad con la que se percibe la llegada de Abelardo de la Espriella, ya que al bautizar su propuesta política bajo el concepto de “Patria Milagro” y enmarcar su triunfo como el inicio de “la era del tigre”, no está vendiendo un mero eslogan publicitario, sino una propuesta enmarcada hacia la redención. No se le juzga por el rigor metodológico de sus planes para tomar una decisión, sino por el alivio que promete. Solamente necesita proyectar la ilusión de una mano dura, para sentir que se está gestando una hazaña.

Desmontar la narrativa de un “aplauso fácil” no se basa en señalar condescendientemente al electorado que celebra el actuar de un mandatario, ni de exigir que olvide de la noche a la mañana años de abandono institucional. Sino de recordarle que el cumplimiento del deber constitucional no constituye un favor extraordinario o un milagro, sino que es la base fundamental que toda sociedad debe exigir a sus gobernantes.