Colombia parece tener una peligrosa fascinación por empezar de cero. Un gobierno adelanta estudios. El siguiente los cuestiona. Se crea una mesa técnica. Después se anuncia una nueva mesa técnica. Se expide una decisión. Luego alguien encuentra un problema y todo vuelve al escritorio y los años pasan.

Ese es precisamente el riesgo de Santurbán. Un procedimiento que hoy se revoca para hacerlo correctamente puede terminar atrapado durante años entre nuevos estudios, recursos administrativos, controversias judiciales y, por supuesto, cambios de gobierno. Porque en Colombia también sabemos que las decisiones ambientales cambian de tono dependiendo de quién ocupe el despacho, y mientras el Estado discute consigo mismo, los intereses económicos no necesariamente se toman una pausa.

Ese es el verdadero motivo de preocupación.

La protección ambiental no puede convertirse en una especie de interruptor que se enciende y se apaga cada vez que aparece un problema administrativo. Mucho menos cuando lo que está en juego es una fuente hídrica estratégica.

Habrá quienes digan que la ley debe cumplirse y que no se puede proteger un territorio vulnerando el debido proceso. Por supuesto que no. Nadie está proponiendo eso. Pero también deberíamos abandonar esa falsa idea según la cual Colombia tiene que escoger entre hacer las cosas legalmente y proteger el ambiente.

Puede hacer ambas. Puede garantizar la participación de las comunidades. Puede corregir los vicios del procedimiento. Puede escuchar a quienes tienen reparos. Y, al mismo tiempo, puede adoptar mecanismos que impidan que un ecosistema estratégico quede desprotegido durante el tiempo que tarde en rehacerse el proceso. No es una misión imposible. Es, sencillamente, lo que debería hacer un Estado que entiende la magnitud de lo que está en juego.

Porque las comunidades tienen derecho a participar, claro que sí. Pero también tienen derecho a abrir la llave de su casa y encontrar agua.

La seguridad jurídica es fundamental, nadie lo discute. Sin embargo, también debería existir una mínima seguridad ambiental: la tranquilidad de saber que un ecosistema indispensable para millones de personas no quedará en una especie de limbo cada vez que cambie un ministro, una interpretación jurídica o un gobierno.

Santurbán necesita participación. Necesita ciencia. Necesita decisiones técnicamente sólidas y jurídicamente impecables. Pero necesita algo más: voluntad real de protegerlo.

Y esa voluntad se pone a prueba justamente cuando aparecen las dificultades. Proteger un ecosistema cuando todo el procedimiento está perfecto es relativamente sencillo. El verdadero compromiso se demuestra cuando surgen los obstáculos y el Estado debe encontrar una solución que corrija sus errores sin abandonar aquello que estaba obligado a defender.

Porque una cosa debería estar clara: los ecosistemas no tienen la capacidad de esperar indefinidamente a que el Estado se ponga de acuerdo. Un trámite puede repetirse, una resolución puede modificarse, un expediente puede volver a abrirse. Pero un ecosistema destruido no siempre tiene una segunda oportunidad.

Por eso, frente a Santurbán, el país debería tener una regla mucho más simple que todos los discursos técnicos que suelen acompañar estas decisiones: cuando existen dudas sobre la forma, se corrige la forma; cuando está en riesgo el agua, no se abandona la protección.

Revocar puede ser jurídicamente defendible. Pero eso no significa que sea ambientalmente acertado y tal vez esa sea la discusión que realmente estamos evitando porque cuando pasen los meses, cuando vuelvan los estudios, cuando aparezcan nuevos recursos y cuando otro funcionario tenga que revisar nuevamente los mismos papeles, habrá una pregunta que seguirá esperando respuesta:

¿Qué pasa si, mientras el Estado intenta hacer todo correctamente, llega demasiado tarde para proteger lo que realmente importa?