Hacia 2024 y 2025 ocurrió el movimiento inverso: el peso se apreció y, sin embargo, las exportaciones de petróleo cayeron más del 15 % y las de carbón más del 30 %, según el DANE. La explicación, de nuevo, estaba más en Washington que en Bogotá: las políticas comerciales de la administración Trump debilitaron el dólar frente a varias monedas emergentes, y Colombia se benefició de ese contexto sin haber hecho gran cosa para merecerlo. La relación entre el tipo de cambio y la transformación productiva, sin embargo, es más compleja de lo que suele plantearse en el debate público. Una devaluación puede favorecer la industrialización al hacer más competitivos los productos nacionales frente a los importados y mejorar los incentivos para exportar; pero ese mecanismo pierde fuerza cuando la propia producción depende de maquinaria, tecnología e insumos adquiridos en el exterior. En sentido contrario, una moneda apreciada abarata la adquisición de bienes de capital y tecnología extranjera, creando condiciones favorables para la modernización del aparato productivo. Ninguno de estos efectos, sin embargo, es automático: requieren empresas capaces de aprovecharlos, acceso a financiación, capacidades tecnológicas y una política industrial que convierta la coyuntura cambiaria en inversión productiva.

Eso es exactamente lo que el Gobierno de Petro no logró, ni con el dólar caro ni con el dólar barato: ni la devaluación sirvió para industrializar, ni la revaluación sirvió para tecnificar, porque la transformación productiva de un país no puede depender, en el fondo, del tipo de cambio, sino de la capacidad de convertir las condiciones cambiarias en inversión, innovación y producción.

Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia este 2026 ofreciendo el diagnóstico simétricamente opuesto: menos Estado, menos impuestos, menos trámites, más mercado. Ese diagnóstico también contiene una verdad parcial –la burocracia colombiana es costosa, la carga tributaria sobre las empresas formales resulta desproporcionada, y la informalidad laboral es, en buena medida, el síntoma de un sistema que hace demasiado difícil producir dentro de la legalidad–, una verdad que sostiene el análisis hasta cierto punto. El problema, como casi siempre, está en lo que viene después: Colombia tiene, según el DANE, cerca de 5,5 millones de microempresas que generan alrededor del 80 % del empleo privado del país, la inmensa mayoría de ellas informales, sin acceso a crédito formal, sin tecnología y sin capacidad de exportar; y para esas empresas un dólar alto no es una oportunidad sino un obstáculo, porque encarece la maquinaria, el software y los equipos que necesitarían para modernizarse y competir. Reducirles los trámites puede aliviarles la carga administrativa, pero no les da acceso a la tecnología que no pueden pagar ni a los mercados internacionales para los que no están preparadas. Y la apuesta de De la Espriella por relanzar la exploración de hidrocarburos, fracking incluido, revela que su modelo de desarrollo sigue apostando, en el fondo, por el mismo esqueleto que el país arrastra hace décadas –más petróleo, más carbón, más extracción–, la misma lógica que convirtió a Colombia en una economía vulnerable a los ciclos internacionales de las materias primas, ahora propuesta de nuevo, esta vez con menos impuestos y menos regulación de por medio.

Colombia firmó, entre 2011 y 2021, tratados de libre comercio con varias de las economías más grandes del mundo –Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, entre otras–, y el resultado no fue, como se prometió entonces, una explosión de manufacturas colombianas conquistando mercados externos, sino el ingreso masivo de productos industriales frente a los cuales las pequeñas y medianas empresas del país, hundidas en la informalidad y sin acceso a la tecnología, no tenían con qué competir. Los países que sí lograron diversificar su estructura exportadora, según ha documentado la CEPAL, combinaron esa apertura comercial con una política industrial activa y sostenida, no con la sola eliminación de trámites: México, integrado a las cadenas de suministro de Norteamérica a través del T-MEC, concentra hoy la abrumadora mayoría de las exportaciones de manufacturas de alta tecnología de toda la región; Costa Rica, un país que hace pocas décadas exportaba sobre todo banano y piña, transformó su economía agrícola en una plataforma de dispositivos médicos y servicios tecnológicos –hoy esos dispositivos representan cerca de la mitad de todo lo que Costa Rica le vende al mundo– gracias a un régimen sostenido de zonas francas, inversión extranjera atraída de manera deliberada y formación técnica que no se improvisó de un año para otro. Ninguno de los dos lo logró simplemente abriendo la puerta y esperando a que el mercado hiciera el resto.

Lo que la propuesta de De la Espriella no responde y es, quizás, la pregunta que su Gobierno evita con más cuidado es cómo una economía con menos del 6 % de exportaciones manufactureras de tecnología media y alta va a competir en los mercados globales por la sola virtud de que existan menos trámites. El mercado no inventa capacidad productiva donde no la hay; y sin una estrategia deliberada que construya, la desregulación termina beneficiando, sobre todo, a quienes ya están en condiciones de aprovecharla, que son exactamente los sectores que menos necesitan ayuda.

Colombia lleva décadas atrapada en una conversación que tiene toda la apariencia de la profundidad y que, sin embargo, elude sistemáticamente lo esencial. La izquierda habla de justicia social y de transición energética mientras administra una economía que sigue dependiendo del petróleo para financiar sus propios programas sociales; la derecha habla de libertad económica y de eficiencia mientras propone profundizar el mismo modelo extractivo que genera, por su propia naturaleza, la vulnerabilidad que dice querer combatir. Ambos bandos conocen el diagnóstico –nadie en Colombia puede alegar ya ignorancia sobre esto–; ambos, también, desvían la conversación un instante antes de que llegue a su conclusión más incómoda.

José Carlos Mariátegui dedicó buena parte de su obra a una idea que sigue incomodando casi un siglo después: que los grandes problemas de América no eran, en el fondo, problemas de ideas sino de intereses materiales concretos, y que las élites del continente preferían con frecuencia debatir eternamente sobre cuál era el modelo correcto antes que tocar las estructuras de las que se beneficiaban. Es la misma lógica que aplicó, en sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), al primer gobierno civil de Manuel Pardo, del que escribió que, pese a sus reformas administrativas y educativas, «no fue capaz de tocar ningún interés fundamental de la clase terrateniente». No hace falta suscribir todo su marxismo para reconocer que ese diagnóstico, trasplantado al debate colombiano de hoy, resulta incómodamente vigente. La discusión entre más Estado y menos Estado es real en sus diferencias ideológicas, pero funciona también, lo queramos ver o no, como una cortina: mientras el país se pregunta si el Banco de la República debe intervenir el dólar o cuántos ministerios conviene eliminar, casi nadie pregunta con la insistencia debida por qué Colombia sigue exportando materias primas y comprando tecnología, por qué una década larga de tratados de libre comercio no alcanzó a producir una industria exportadora de escala.

La pregunta, entonces, no es si el dólar debe estar alto o bajo. En realidad, debe ser qué está produciendo Colombia que justifique cualquier nivel del tipo de cambio; y mientras esa pregunta no tenga una respuesta distinta a petróleo, carbón y café, el debate cambiario seguirá siendo lo que ha sido hasta ahora: una discusión sobre el termómetro, librada en un país que todavía no se ha decidido a diagnosticar –y mucho menos a curar– su propia enfermedad. ¿Qué tipo de economía quiere ser Colombia: una que extrae y exporta lo que tiene bajo el subsuelo hasta que se agote, o una que construye, se tecnifica y produce lo que el mundo necesita? Esa es la conversación que ningún espectro político ha querido liderar con honestidad. Y es también uno de los temas centrales para el porvenir de la nación.