Hace un tiempo terminé de leer la obra del filósofo camerunés Achille Mbembe y, desde entonces, no he podido evitar pensar en la situación de Colombia y de muchos otros países donde parece predominar la necropolítica. Este término se convierte en una cruda realidad para comprender cómo algunos Estados ejercen un poder no solo para administrar la vida, sino también para decidir quién puede vivir en condiciones dignas y quién no, o, peor aún, decidir quiénes viven en condiciones deshumanizantes.

 

Es imposible borrar la necropolítica del panorama, ya que está enlazada con las políticas actuales de seguridad, el abandono estatal y la desigualdad estructural que afecta a poblaciones específicas. Es triste pensar que el poder de decidir sobre la vida y la muerte no siempre se ejerce de manera directa, sino que también se manifiesta en la forma en que ciertas poblaciones son expuestas a la precariedad. En nuestra nación, por ejemplo, en muchas zonas rurales las comunidades indígenas, afrocolombianas y otros pueblos que históricamente han sido marginados son quienes más enfrentan el abandono y la violencia.

 

En Colombia la necropolítica aparece en el radar cuando el Estado y la sociedad abandonan o marginan a las poblaciones en muchas zonas del país, donde enfrentan condiciones de vida inhumanas, sin acceso adecuado a servicios básicos y expuestas a la violencia. Son territorios donde parece que el Estado se ha ausentado, donde se olvida a estas comunidades y donde ese abandono parece ser una política voluntariamente elegida. Para estas personas la necropolítica se representa en el silencio de las autoridades, en la falta de protección y en el olvido en el que se les obliga a vivir. Además, enfrentan la condena de vivir siempre bajo una amenaza, sin el mismo derecho a la vida en dignidad que tienen otros. El acceso a recursos que se suponen básicos, como salud, educación o justicia, parece lejano, casi utópico e inalcanzable, un lujo que no pueden permitirse. Aquí, el poder se ejerce por omisión, negándoles una existencia digna.

 

Colombia revela una lógica necropolítica que, lejos de ser una teoría abstracta, se traduce en realidades de abandono y precariedad para muchas comunidades. Esta violencia, tanto directa como indirecta, se sustenta en la falta de acción y en políticas del Estado que, en lugar de proteger a las personas más vulnerables, las deja a merced de la pobreza, el olvido y la inseguridad.

 

El Estado colombiano es directamente responsable de esta situación. Al no garantizar condiciones dignas de vida ni de seguridad en vastas regiones, ha convertido a ciertos grupos en vidas prescindibles.