La Gran Conjunción es un fenómeno astronómico que se da cuando los planetas Júpiter y Saturno, desde la perspectiva de la tierra, se alinean en el cielo y se ven muy cerca el uno del otro. Este evento tiene lugar cada 20 años y, aun así, ocurre con mayor constancia que los primeros atisbos de justicia en los crímenes cometidos contra la libertad de expresión y el periodismo en Colombia.

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Pasaron 21 años del secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya a manos de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontrara culpable al Estado Colombiano de los crímenes en su contra, considerándolo responsable de manera internacional por la violación a los derechos de la dignidad, la integridad y libertad personal, la honra y la libertad de expresión en perjuicio de Bedoya.

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En ese momento, el presidente Duque se comprometió a acatar la sentencia y tomar acción. Sin embargo, el pasado 24 de abril de 2025, Jineth Bedoya desistió del proceso judicial que se llevaba de su caso, con un discurso en el que aseguró que su aspiración de justicia había muerto, porque en más de 25 años la justicia colombiana no había sido capaz de encontrar y judicializar a los autores intelectuales de los crímenes cometidos en su contra. Por lo que Bedoya decidió no creer más en las promesas al aire de la Fiscalía que sólo la llevaron a escenarios de revictimización e impunidad.

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Por otro lado, el 11 de junio del presente año, el Estado Colombiano admitió su responsabilidad en el asesinato de Jaime Garzón, periodista, humorista y politólogo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su familia y el país entero tuvieron que esperar 25 años y 10 meses para que públicamente se admitiera una responsabilidad que fue denunciada desde las primeras investigaciones del crimen, y si bien es necesario e importante el paso que se ha dado, la pregunta sobre si es suficiente sólo puede ser respondida con una negativa.

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Estos dos casos han estado entrelazados desde el inicio, dado que tanto Bedoya como Garzón fueron agredidos por atreverse a alzar la voz y denunciar abiertamente los grandes problemas de Colombia. Fueron instrumentalizados para darle un mensaje al periodismo: el comprometerse con el oficio y hacer investigaciones serias que desafíen los intereses de los poderosos del país, que representan un riesgo inminente, pues difundieron la cultura del miedo y la censura y entre líneas dejaron claro que estaban dispuestos a sistematizar esta violencia si alguien se atrevía a llevarles la contraría.

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No obstante, no sólo lograron dicho cometido, sino que desenmascararon otra realidad: el Estado que prometió salvaguardar la libertad de expresión y la vida de los periodistas no sólo no es capaz de generar garantías para el respeto de los derechos humanos de los profesionales en esta área, sino que es ineficiente al momento de buscar justicia para las víctimas, sumiendo a estas violaciones en la impunidad y avanzando de manera lenta —casi nula— en sus procesos judiciales.

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Estos dos ejemplos permiten desentrañar el poco compromiso del Estado con la protección del periodismo colombiano. En primer lugar, ambas víctimas denunciaron las amenazas de muerte que recibían antes de que se produjeran sus crímenes y no fueron respondidas con la seriedad que merecían. De hecho, Bedoya sigue siendo blanco de amenazas, y aunque su integridad está en riesgo, parece que nadie se preocupa por ello. Las denuncias se han convertido en formalidades, en palabras que mueren en un papel empolvado bajo el escritorio.

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Y es precisamente en aquel lugar donde termina el trabajo investigativo de los periodistas de este país, puesto que, aunque los profesionales quieran llevar a cabo su oficio con convicción y de la mejor manera, la verdad está condicionada en Colombia. Por más entrega que se le tenga a la profesión, el miedo de ser una cifra más en la lista de periodistas asesinados en el país es una constante. Cifras que para el año pasado ascendían a 167 según la Fundación para la Libertad de Prensa, siendo los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y Santander —zonas en las que históricamente el conflicto ha tenido lugar de forma más aguda— los mayores afectados. Vale la pena aclarar que este número es el que se ha obtenido del periodo 1977-2024 y demuestra que no son sólo casos aislados, sino una problemática sistemática y vigente que requiere un tratamiento urgente que tenga en cuenta que no sólo está en riesgo la vida de los periodistas, sino también el desarrollo de la democracia.

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Es necesario recordar que el periodismo trabaja para mantener a la ciudadanía informada correctamente de los temas que le afectan e interesan bajo los principios de verdad, objetividad y transparencia, pero ¿cómo hacerlo en un oficio en el que no existe ni seguridad ni aval de justicia? Y, aun así, continúan miles de periodistas resistiendo, tentando a la suerte por respetar los compromisos que se adquieren al llevar la escarapela.

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No podemos continuar como si no significara nada que Jineth Bedoya agotara su humanidad buscando justicia y reparación por el crimen cometido en su contra, que encontrara como única salida el desistir de su proceso judicial, porque en más de dos décadas el Estado colombiano sólo la revictimizó y no presentó resultados en la investigación. No podemos hacernos los de la vista gorda, cuando en la rueda de prensa que hizo la periodista para comunicar su decisión, la fiscal que llevaba el caso no se presentó.

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No podemos tampoco olvidarnos de que en el asesinato de Garzón participó el exdirector del DAS, José Miguel Narváez, y que se mencionó en la investigación a Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien era el jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército. Es decir que se involucraron agentes estatales en el crímen y, sin embargo, la única persona que ha sido declarada culpable fue el exjefe paramilitar Carlos Castaño, quien no pagó cárcel puesto que fue asesinado antes de ser enjuiciado.

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Entonces ya no se trata solamente de que el Estado no proteja a los periodistas, sino que miembros de las instituciones que están dispuestas para brindarles seguridad como ciudadanos, también coaccionan en sus asesinatos. Al Estado colombiano no le puede temblar la mano a la hora de judicializar a los culpables, menos cuando se trata de funcionarios públicos que deshonran los compromisos que le hicieron a la nación. Así como tampoco como sociedad podemos resignarnos a que estos casos se queden en dilaciones permanentes.

 

La nube de impunidad en la que estamos sumidos como periodistas y como miembros de la sociedad debe quedar atrás. Además, el Estado no puede seguir pasando por alto el Artículo 20 de la Constitución, el cual afirma que se garantiza la libertad de expresión. No podemos quedarnos sentados esperando a que las cifras de violencia aumenten.

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Asimismo, no podemos aguardar a que estas demandas tengan resolución la próxima vez que Júpiter y Saturno se junten. No debemos conformarnos con que cada Gran Conjunción, el Estado decida dar un pequeño paso hacia la resolución de las batallas legales que están luchando miles de víctimas.