La presencia de mujeres en cargos de poder no garantiza, por sí sola, el avance de los derechos de las mujeres. Aunque es innegable que la representación importa y que la paridad es un objetivo necesario, es un error asumir que toda mujer en la política defenderá causas feministas o luchará contra las desigualdades de género. La historia, y la actualidad, están llenas de ejemplos que lo confirman.

La primera mujer presidenta en América Latina fue Violeta Barrios de Chamorro, en Nicaragua (1990–1997). Aunque logró estabilizar la economía tras años de guerra civil con fuerte respaldo de Estados Unidos, su gobierno también incrementó la pobreza en ciertos sectores y no promovió políticas públicas con enfoque de género. De hecho, se manifestó abiertamente en contra del aborto en cualquier circunstancia, incluso en casos de violación, y su liderazgo estuvo marcado por una visión profundamente conservadora, tanto en lo político como en lo social.

Un caso aún más emblemático es el de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido (1979–1990). Apodada "la Dama de Hierro", gobernó bajo una estricta doctrina neoliberal y conservadora. Durante sus años en el poder, redujo significativamente los servicios sociales afectando particularmente a mujeres y familias trabajadoras y solo incluyó a una mujer en su gabinete. Thatcher llegó a declarar que “el feminismo es un veneno”, rechazando cualquier vínculo con el movimiento, y nunca impulsó leyes a favor de la equidad de género o en contra de la discriminación laboral hacia las mujeres.

En Colombia, aunque nunca hemos tenido una mujer presidenta, sí hemos visto a mujeres ocupar cargos de alto nivel, como la vicepresidencia o ministerios clave. Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, fue la primera mujer ministra de Defensa y la primera vicepresidenta del país. Aunque no puede considerarse un referente feminista, impulsó iniciativas como la estrategia “Ángela”, un protocolo de auxilio en bares y discotecas para atender casos de violencia contra mujeres. Sin embargo, su enfoque general estuvo lejos de una agenda de derechos de las mujeres.

Es necesario aclarar que no se debe apoyar a una candidata únicamente por ser mujer. La igualdad de oportunidades para participar en política es esencial, pero eso no implica que debamos respaldar automáticamente a todas las mujeres candidatas, ni suponer que defenderán intereses feministas.

Un ejemplo claro es el de María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático y actual precandidata presidencial. Ha hecho comentarios despectivos hacia el feminismo, refiriéndose a las feministas como “locas y feas”. Ha comparado el derecho al aborto con el maltrato animal y ha dicho que quiere ser “la Margaret Thatcher colombiana”. Su respaldo a líderes misóginos como Javier Milei, presidente de Argentina, también deja ver su visión política. Aunque es una figura política sólida y experimentada, sus posturas están alejadas de una agenda en favor de los derechos de las mujeres.

Algo similar ocurre con Vicky Dávila, periodista y también aspirante presidencial, quien ha afirmado que el aborto se utiliza como un “método anticonceptivo” y que no se deben otorgar beneficios a las mujeres “por ser mujeres”. Su discurso tiende a reducir la lucha por la igualdad de género a una cuestión puramente meritocrática, sin reconocer las profundas desigualdades estructurales que impiden que muchas mujeres accedan siquiera a las mismas oportunidades. Al abordar temas de género, no solo evidencia un desconocimiento preocupante, sino que incurre en la revictimización, como cuando, en una entrevista con un medio alternativo, afirmó que las mujeres “no se pueden dejar” abusar ni acosar.

Estos ejemplos demuestran que no basta con que una mujer llegue al poder: lo crucial es qué visión del país y de las mujeres trae consigo.

Esto no implica despreciar o minimizar la trayectoria de mujeres conservadoras o de derecha. Se puede reconocer su formación, liderazgo y capacidades, sin caer en el error de asumir que representan automáticamente los intereses de las mujeres. Así como hay hombres progresistas con agendas feministas, también hay mujeres que reproducen discursos y prácticas machistas.

Y mientras discutimos quién será la próxima presidenta o presidente, las cifras son contundentes:

• Para el trimestre abril-junio de 2025, la tasa de desempleo fue del 11,2 % para las mujeres, frente a un 7 % en los hombres.

• El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado sigue recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres.

• Siete de cada diez víctimas de violencia sexual son niñas menores de 17 años.

• El acoso callejero y la violencia en el espacio público siguen siendo barreras para la libertad de movimiento.

• Aunque el aborto está despenalizado, el acceso al mismo sigue restringido en muchas zonas del país.

• A la fecha, se registran 887 feminicidios en 2025.

• La representación política femenina sigue sin alcanzar la paridad real a nivel nacional.

Estas cifras muestran que los desafíos estructurales siguen siendo enormes. Por eso, no toda mujer en el poder representa avances para las mujeres. Lo que se necesita son líderes, mujeres y hombres, con una agenda clara y comprometida con la equidad de género, los derechos sexuales y reproductivos, y el combate a todas las formas de violencia machista.