Es inconcebible, a un punto colérico, que a congresistas de este país se les pase por un segundo en su perdida cabeza la idea de penalizar a los menores como se penaliza a un adulto. El nivel de aislamiento que se abisma con la realidad colombiana es terriblemente decepcionante y reprochable.

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No se entiende cómo funcionarios públicos elegidos por la gente y para la gente no disciernan la naturaleza del Estado Social de Derecho en el que vivimos, o no asimilen lo proteccionista de nuestra Constitución política para las poblaciones vulnerables, o el desconocimiento de los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país frente a este tema. Es tan increíble, al punto de atreverme a decir que pareciera que legislaran para otro país.

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Inicialmente, la Constitución Política de 1991 establece en su artículo 45 que“El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral”. Lo que se traduce en un trato digno, especial, protector e integro con los jóvenes que puedan estar en condiciones de vulnerabilidad. Sin dejar de lado, por supuesto, artículos como el 44, 53 o 67 que dictan la prevalencia de los derechos de los menores de edad frente a la sociedad.

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Asimismo, el Estado colombiano ha hecho la tarea de ratificar diversos tratados internacionales con el objetivo de fortalecer la protección y garantizar los derechos de los menores. Así, se han integrado acuerdos internacionales tales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989, el Protocolo Facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados del 2000 y, de igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969, en el que se reconoce derechos fundamentales incluyendo los relacionados con la  protección especial a menores, entre otros tratados que tienen en su contenido la misma intención de proteger este grupo poblacional.

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Entonces, nuevamente surge el interrogante: ¿cómo se entiende que existan congresistas colombianos que ignoren este sólido compendio normativo como para tomar la absurda iniciativa de legislar en contra de los menores? Y aún cuando tuviera la mínima intención de esforzarme por responder dicho interrogante, no lograría construir argumento para defender tal posición. No conseguiría estar de acuerdo con castigar a una población que históricamente ha sido víctima de los más infortunados escenarios sociales de violencia y precariedad, y en el que la responsabilidad recae exclusivamente en la incapacidad del Estado colombiano de afrontar y resolver los mismos problemas que nos han afectado y nos siguen afectando hoy en día.

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El solo hecho de condenar a un menor de 14 o 15 años a una pena de hasta 60 años podría generar, para muchos, un desconsuelo para con él. Una empatía indudable se despertaría al enterarnos de la historia de aquel jovencito que, sin duda, ha sido sufrida, trágica y marcada por los horrores de una sociedad dañada, violenta e indolente. Pero lo que generaría una cierta rabia o repudio sería el hecho de que, aparte de que aquel menor ha tenido que vivir en la extrema vulnerabilidad, el Estado, aquel Estado incapaz de brindarle la protección que requería y que lo dejó desamparado en su etapa de más indefensión, ahora lo castigue con una pena que le quitaría más de media vida. Es la mayor de las incoherencias que unos congresistas de este país podrían presentar.

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La ignorancia de estos “honorables” se consagra con los argumentos que alegan a favor de este proyecto de ley. Manifiestan, esta vez de manera acertada, que muchos niños y adolescentes son instrumentalizados por bandas criminales y por los grandes grupos armados conformados en nuestro país. Pero que esta situación sea el motivo para tomar la decisión de penalizar con dureza a estos niños y adolescentes es una verdadera infamia. La terrible conclusión es que estos parlamentarios reconocen, al mismo tiempo, que los menores son víctimas de la instrumentalización y que por ser víctimas de la instrumentalización deben ser condenados. Es la revictimización es su máximo esplendor.

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Ahora bien, lo más lamentable sería que los otros 291 congresistas avalen esta inaudita propuesta. Los que lideran este proyecto podrán ser unos ignorantes e insensibles, pero lo coherente es que los demás legisladores se paren desde la coherencia de los principios y de la normativa, pero, sobre todo, desde la empatía social con esta inerme comunidad.