Durante más de medio siglo, el pueblo colombiano ha derramado lágrimas, sangre y vida para lograr obtener, aunque sea, un puñado de la tan anhelada paz. ¿Quién en su cotidianidad no ha sufrido, ya sea en carne propia o en experiencia ajena, la mortuoria influencia de las armas que aún retumban? 

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Un análisis sumario del conflicto armado nos permite evidenciar un hecho inconcebible: aquellos que proclaman luchar contra la desigualdad han pervertido sus ideales, aprovechándose de las mismas condiciones sociales que pretenden erradicar.  Aunque en un inicio el discurso revolucionario pretendía defender a las comunidades vulnerables y eliminar las desigualdades sociales, la realidad actual nos muestra lo contrario: los grupos armados ya no luchan contra la injusticia, sino que la explotan a su favor.  

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Si bien las circunstancias que propiciaron la formación político-militar de los grupos armados se han caracterizado por ser transversales a la historia de nuestro país, es evidente que gran parte de su dogmática se ha convertido en letra de cambio a través de la cual se transforma la ideología por capital. ¿No resulta paradójico que el horizonte revolucionario construido por las repúblicas independientes de Riochiquito y Marquetalia sean ahora el disfraz que se utiliza para justificar la permanencia de las economías ilícitas? Es evidente que la desigualdad social, la vulneración de derechos fundamentales y la falta de una reforma agraria se constituyen como razones para la existencia de grupos armados, sin embargo, es imperativa una reevaluación de las estructuras revolucionarias que hoy se mantienen vigentes. 

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Quienes hoy se jactan de defensores sociales, mantienen en sí mismos el peso de la destrucción de su convicción revolucionaria, sumiéndose en la vorágine del narcotráfico en lugar de abogar por el bienestar colectivo. ¿Cómo es posible construir paz si los fusiles que hoy disparan se financian por economías ilícitas, alimentando la codicia en lugar del compromiso social? La búsqueda de la paz -además de tratar la dejación de armas, la reincorporación, reconciliación y la superación de las circunstancias que motivaron el levantamiento en armas- asume la obligación de discutir la desarticulación de las economías ilegales. 

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La carátula de reivindicaciones sociales se ha utilizado como la demagogia que fortalece la egoísta y acaudalada abundancia de aquellos que gozan de poder. Para construir las bases sólidas de una reconciliación duradera, el Estado debe intervenir eficazmente en las comunidades marginadas, cumpliendo no solo con los acuerdos del pasado, sino también reformando su enfoque político. Si aquellos que aún dicen favorecer a los vulnerables están dispuestos a alcanzar la paz, deberían reestructurar su actuar, dejando de lado la tentación del capital por la conquista del bienestar social. La paz no es un monopolio entre el Estado y aquellos que empuñan un arma, es de quienes han padecido sus horrores en carne propia, pues mientras no exista justicia social, la reconciliación no tendrá cabida.