El mismo día en que el presidente Gustavo Petro, melancólico y en tono lastimero y quejumbroso, anunciaba a los cuatro vientos la salida de su hija del país, a causa del escarnio público del que ha sido víctima la joven, se conmemoraba el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Con motivo de la fecha, el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó un informe desalentador: cada 36 horas desaparece una persona en Colombia debido a la violencia. 

 

La desaparición forzada es uno de los crímenes más atroces que han ocurrido en este país de la infamia y la criminalidad. Miles de familias siguen sufriendo la desaparición de un padre, un hijo, un hermano, un sobrino, sin perder nunca la esperanza de encontrar alguna prueba de existencia, así sea en forma de huesos. Decía Nietzsche que la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento de los hombres. Aquí ocurre lo mismo: la esperanza mantiene encendida una pequeña luz, pero el duelo es infinito. 

 

Debido a la histórica indiferencia del Estado han sido las mismas familias de las víctimas, sobre todo las madres, quienes han emprendido su búsqueda por todos los lugares imaginables: hospitales, morgues, ríos, mares, cárceles, campamentos de grupos armados, instalaciones militares, cementerios, fosas clandestinas y hasta hornos crematorios. Sin embargo, no hay búsqueda que se mantenga por tantos años sin los recursos suficientes. Y a las familias, si bien les sobra voluntad, les hace falta plata. Porque en Colombia las víctimas de desaparición forzada no han sido los ricos ni los privilegiados, sino los pobres, los más jodidos. Y entre ellos los que han defendido alguna causa social. Ese fue su mayor crimen: pensar en un país más justo y menos desigual. Por eso, los paramilitares y el Estado mismo los catalogaron de guerrilleros y, como en Colombia no existen reglas para la guerra y el fin justifica los medios, es válido silenciar al que piensa diferente; entonces decidieron matarlos, desaparecerlos y, ya en la cúspide de la barbarie y la sevicia, descuartizarlos. Y cuando las familias pedían respuestas a ese Estado que tenía la obligación de protegerlas, se estrellaron de frente con trabas burocráticas y obstáculos para presentar la denuncia. 

 

Que en el país de los desaparecidos el presidente de la república haya interrumpido la ceremonia de posesión de la Defensora del Pueblo para expresar su inmensa tristeza ante la salida de su hija, y que por esta razón haya cancelado actos públicos el día anterior, es una bofetada para las víctimas de desaparición forzada y sus familias. No porque le esté prohibido al presidente sentirse triste, ni más faltaba. Sino porque utilizar los canales oficiales de la presidencia para pedir la solidaridad de los colombianos cuando miles de familias anónimas continúan en su lucha de encontrar a su ser querido, sin ayuda de nadie, sin la visibilización de los medios, cargando encima el estigma y la discrminación que han recibido por parte de las entidades del Estado, es un despropósito. 

 

Hombre, sí, triste que la hija del presidente tuviera que irse. Pero no iba a aguantar hambre en los campos de Colombia ni su familia tenía que atravesar campos, ríos, montañas y pueblos para poder visitarla. No. A lo sumo, el mayor riesgo que había era que la señal se cayera en el acomodado apartamento en que viviera y que la comunicación se interrumpiera por unas eternas dos horas. 

 

Una semana después del anuncio, el presidente informó con bombos y platillos que su hija había decidido volver. ¡En hora buena! La joven pudo regresar, los desaparecidos tal vez nunca. No importa, a fin de cuentas algo bueno sucedió: el presidente ya no está triste.