Colombia está viviendo un momento oscuro para la juventud que se atreve a hacer política. Este año, varios nombres han resonado con dolor en los círculos sociales y políticos del país. Estos nombres no deberían estar en titulares por tragedias, sino por logros. Sin embargo, en este país, levantar la voz se ha convertido en una sentencia de riesgo.

La vida de Yeimar Gamboa, candidato al Concejo Municipal de Juventud en Chigorodó, Antioquia, por el partido Centro Democrático, fue arrebatada por las balas del odio, dejando una familia destrozada, sueños y aspiraciones sepultadas. Detrás de su nombre, hay cientos de jóvenes que, como él, creemos en la política como herramienta de cambio y hoy nos preguntamos si vale la pena seguir arriesgando nuestras vidas.

Estos hechos no son aislados ni circunstanciales. Son el reflejo de una realidad estructural: en Colombia no existen garantías reales para que los jóvenes puedan participar en política sin miedo. El gobierno de Gustavo Petro: entre la narrativa y la acción. Habla de una “Colombia potencia mundial de la vida”, de participación y transformación democrática. Pero en la práctica, los jóvenes que no pertenecen a su corriente política son abandonados, estigmatizados o, peor aún, silenciados.

Edward Garrido, joven promesa de la política en Girardot, -quien manifestó su total apoyo hacía el candidato presidencial Abelardo de la Espriella- y su primo Jeison Ramos, resultaron gravemente heridos.

La falta de garantías no es solo la ausencia de protección física; es también la indiferencia institucional, la omisión del Estado ante las amenazas, y la falta de respaldo a los procesos juveniles independientes. Las medidas de protección son lentas, burocráticas y, en muchos casos, inexistentes. Los esquemas de seguridad se asignan con criterios políticos, y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo se convierten en papeles olvidados en los escritorios.

Todos los ataques contra líderes juveniles, son heridas abiertas que interpelan al gobierno, a los partidos políticos, y a la sociedad. Porque, no puede hablarse de democracia mientras se asesinan o se atacan contra quienes piensan distinto. No puede hablarse de inclusión mientras la juventud política que no comulga con el oficialismo es vista como una amenaza. Y no puede hablarse de transformación si el precio de participar es la vida misma.

El país necesita entender que la juventud no es un accesorio electoral ni una figura de discurso. Los jóvenes son el presente y el futuro de la nación. Sin embargo, cuando el Estado no garantiza su seguridad, está enviando un mensaje claro: que la política es un terreno reservado para los poderosos, no para los valientes. El asesinato de Yermar Gamboa y el atentado contra Edward Garrido deben ser puntos de inflexión. No basta con pronunciamientos en redes sociales ni con comunicados llenos de condolencias vacías. Se necesitan acciones concretas: reforzar los mecanismos de protección, crear protocolos específicos para líderes juveniles, depurar los organismos de seguridad infiltrados por intereses oscuros y reconocer públicamente que la violencia política sigue viva.

La democracia colombiana se debilita cuando los jóvenes temen participar. Se erosiona cuando el Estado no responde con firmeza ante los ataques. Y se destruye cuando se normaliza la muerte como consecuencia del liderazgo. Si algo necesita el país es recuperar la fe en la política, y eso solo será posible cuando se garantice que ningún joven deba elegir entre vivir y participar. Edward Garrido y Yermar Gamboa representan lo mejor de nuestra generación: la convicción de que sí se puede cambiar el país desde las ideas y no desde las armas. Pero el Estado, con su silencio, nos está dejando solos. Y cuando el Estado se ausenta, la violencia se adueña del territorio.

Hoy, más que nunca, hay que exigirle al gobierno del presidente Gustavo Petro coherencia. Que su discurso de paz se traduzca en protección real; que su narrativa de inclusión no sea excluyente con quienes piensan diferente; y que su promesa de cambio no se quede en la retórica de campaña. Porque mientras las balas siguen apuntando a los jóvenes que hacen política, la democracia colombiana seguirá sangrando.