En la práctica política la pureza raramente resuelve crisis reales, y ante el régimen autoritario de Nicolás Maduro la región se enfrenta hoy a un dilema que no es fácil ni cómodo, pero si necesario: si ni el diálogo ni las transiciones pacíficas lograron desalojarlo, ¿es legítimo aceptar que una superpotencia intervenga militarmente para forzar un cambio de régimen? Es una decisión que llevaría consigo los riesgos de una nueva forma de injerencia y el precedente de que puedan decidir cuándo y cómo ejercer dominio sobre otro Estado; que a su vez implica sacrificar una parte de la soberanía que la región tanto proclama en nombre propio. La respuesta latinoamericana a este problema suele inclinarse por la defensa de la autonomía regional, aunque pragmáticamente la situación humanitaria exige acciones inmediatas y concretas.

Desde hace años, el régimen ha consolidado estructuras de poder que, según diversos informes internacionales, incluyen violaciones sistemáticas de derechos humanos, represión de la oposición, manipulación electoral y una severa crisis humanitaria cuyos efectos se expanden mucho más allá de las fronteras venezolanas. A la par, Estados Unidos ha escalado su presencia militar en el Caribe bajo el gobierno de Trump, autorizando operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela y realizando ataques en aguas internacionales contra embarcaciones atribuibles al régimen venezolano y redes delictivas de narcotráfico vinculadas con este. Todo esto ha generado alarma en los gobiernos latinoamericanos, que advierten el regreso de viejas lógicas de dominación y de la vulneración de la soberanía regional.

Pero la otra cara de la moneda es histórica y no admite banalizaciones. América Latina vivió en carne propia y durante décadas las consecuencias de intromisiones que se disfrazaron de “seguridad” o “anti-subversión”: intervenciones, golpes de Estado y redes de represión coordinadas conocidas como el Plan Cóndor, avaladas directamente por una superpotencia. Estas prácticas destruyeron instituciones, silenciaron opiniones e instalaron una lógica de intervención que erosiona la autonomía regional. Reavivar esa lógica debilita el discurso de autodeterminación latinoamericana y siembra resentimiento.

Entonces: ¿Qué pesa más? ¿La urgencia moral de derrotar un régimen autoritario que opera de facto como dictadura, o la necesidad estratégica de que América Latina mantenga la soberanía sobre sus propios procesos políticos y evite establecer un precedente en el que una potencia externa justifica su intervención bajo la bandera de la democracia y seguridad? Saber que ninguna de las dos opciones es limpia, indolora o asegurada, hace que este dilema sea tan profundo como complejo. Permitir hoy una intervención sin límites claros, garantías jurídicas y consensos regionales, sería abrir la puerta a que una potencia decida sobre la política interna de cualquier Estado del continente cuando lo considere conveniente. No es una hipótesis menor: la memoria de la región es un argumento político y moral de peso.

Entre la urgencia humanitaria y la defensa de la soberanía, se despliegan escenarios con costos claros. Una intervención militar podría acelerar la salida de Maduro, pero también inflamar un conflicto mayor, provocar víctimas civiles, desatar reacciones regionales y sentar precedentes

geopolíticos peligrosos. Por ejemplo: ¿Qué impide a la misma lógica usarse mañana contra otro gobierno con el que Washington esté en desacuerdo? Además, las intervenciones sin mandatos multilaterales claros suelen enfrentar cuestionamientos de legitimidad internacional y, en la práctica, generan resistencias internas que complican la consolidación de una transición democrática. Por otro lado, mantener la norma implícita de no intervención y limitarse a sanciones diplomáticas o presiones económicas también tiene un precio: la prolongación del autoritarismo y el agravamiento del sufrimiento civil.

Ahora bien, si aceptamos que el diálogo ni la violencia institucional interna lograron desplazar al régimen de Maduro, la pregunta cambia: ¿Qué hacer cuando el único actor con capacidad militar decisiva es también el único cuya intervención amenaza la arquitectura soberana del continente? ¿Qué estamos dispuestos a aceptar? ¿El statu quo autoritario a cambio de mantener intacta la decisión de la no intervención o sacrificar esa norma para lograr un cambio, en el riesgo de que ese precedente convierta la soberanía en una ficción? Propongo separar el debate en dos planos prácticos.

Primero, hay que exprimir hasta la última gota las alternativas no militares. Se necesitan esfuerzos coordinados para socavar las redes de financiamiento y logística del régimen, no para castigar al pueblo, sino para aislar a quienes se benefician del autoritarismo. Para esto es imprescindible construir y mejorar en la implementación de mecanismos sancionatorios regionales e internacionales, como la congelación de cuentas y activos financieros en el extranjero de los colaboradores del régimen dentro y fuera de Venezuela. Estas medidas no deben entenderse como castigos simbólicos, sino como estrategias claras que debilitan los circuitos de corrupción y lavado de capitales que sostienen la permanencia de Maduro en el poder. Su eficacia dependerá de la coordinación entre los sistemas financieros globales, así como del compromiso de gobiernos que hasta ahora han optado por la neutralidad, el silencio o el apoyo al gobierno venezolano. La sanción, si es selectiva y bien diseñada, puede aislar a los responsables sin agravar el sufrimiento de la población civil, siempre que se complemente con excepciones humanitarias y supervisiones internacionales transparentes.

También, se debe proteger a la prensa independiente, defensores de derechos humanos y testigos de forma efectiva, junto con programas regionales de atención a migrantes que alivien la presión humanitaria. Se requiere de voluntad política para perseguir judicialmente a los testaferros, empresas pantalla y redes ilícitas que operan en la región bajo amparos políticos. A su vez se deben ampliar y fortalecer las políticas de la lucha antidrogas y contra las redes de narcotráfico, de manera que no solo sea cerrarle el flujo de dinero al régimen, sino también de cerrar las puertas de la impunidad que le permiten sobrevivir más allá de Caracas.

Segundo, si se plantea la opción militar, la región debe establecer requisitos ineludibles antes de admitirla: Un mandato multilateral de la ONU u otro arreglo interamericano legítimo donde se dé evidencia pública y verificable que no hay alternativas, salvaguardas claras para la protección de civiles y un plan de postconflicto diseñado por actores regionales y multilaterales para evitar vacíos de poder y venganza política. Sin esos requisitos, una intervención sería una elección de corto plazo con consecuencias largas y peligrosas. Además, debe especificarse con claridad el alcance, los objetivos y el límite temporal: calendarios de salida condicionados al cumplimiento de hitos políticos y de seguridad, reglas de enfrentamientos rigurosas y supervisadas independientemente, y mecanismos de rendición de cuentas tanto para los actores locales como para los interventores.

Debe existir una cadena de mando internacional con amplia participación de países latinoamericanos, no un comando dominado por una sola potencia. Adicionalmente, un esquema financiero y logístico que garantice la asistencia humanitaria inmediata y la reconstrucción institucional posterior. Finalmente, el proceso debe incluir compromisos concretos sobre justicia transicional y la organización de elecciones libres bajo observación internacional verificable; sin estos elementos, cualquier uso de la fuerza corre el riesgo de reemplazar un autoritarismo por inestabilidad prolongada o dependencia externa.

De todas formas, la región tiene que explorar una tercera vía entre la resignación y la intervención, reconociendo que si no prospera, el dilema volverá con más fuerza. El gran riesgo al que nos enfrentamos y del que debemos protegernos es que si nos bloqueamos en la defensa de la soberanía y permitimos que el temor a la intervención paralice toda acción frente a crímenes y abusos, o si aceptamos la intervención como atajo sin pensar en las secuelas institucionales, sociales y geopolíticas, mientras que el autoritarismo avanza, perderemos la democracia y la relevancia del significado mismo de la soberanía. Es claro que nuestra responsabilidad como región es forzar soluciones que reduzcan el sufrimiento y que preserven, al mismo tiempo, la capacidad de los pueblos latinoamericanos para decidir su destino sin que potencias extranjeras lo impongan.

Si algo enseña la historia reciente, desde los años oscuros del Plan Cóndor hasta las crisis migratorias contemporáneas, es que la soberanía no es excusa para la impunidad, ni la intervención militar la solución para la democracia. Entre ambos extremos hay una tercera política: presión regional coordinada, medidas humanitarias contundentes y marcos jurídicos que aumenten el costo de la impunidad. No hay salidas rápidas o atajos, es la forma más compatible de preservar la autonomía sin renunciar al deber de proteger a sus poblaciones.

Elegir simplemente “sí intervengamos o no intervengamos” es desencarnado. Lo justo y duro es asumir que la región debe prepararse para una estrategia que combine presión, diálogo, protección de la población civil y, únicamente en último término, intervenir militarmente, siempre condicionada, limitada y con liderazgo regional; lo que implica coordinación multilateral entre países. Si fracasa, entonces el continente estará obligado a tomar una elección más radical. Pero que esa elección dependa de un solo país que tiene poder militar global, compromete de antemano la autonomía de todo el continente y sería rendirse a una lógica que justamente queremos superar. América Latina debe demostrar que aprender de su historia no significa temer al cambio, sino dirigirlo por cuenta propia.