Durante el desarrollo de la Semana de la Biodiversidad, que es una iniciativa global e interinstitucional diseñada para articular a diversos actores alrededor de un propósito común (que en este caso es la protección de la biodiversidad y la elaboración de soluciones innovadoras para enfrentar desafíos ambientales), la ministra de ambiente Irene Vélez no desaprovechó la oportunidad mediática, y calificó al sector azucarero como el mayor desastre ecológico y social de la región. Hace un par de años, me hubiera levantado en vítores hacia la ministra. Sin embargo, para mi fortuna, un día decidí salir de la caverna y serle fiel a la verdad.

En el suroccidente colombiano el antagonismo por la agroindustria de la caña de azúcar es casi un dogma, por lo que cuestionar el paradigma dominante en mi alma máter no es tarea sencilla. Aquí dictó clases la ministra Vélez, y es apenas lógico que sea el bastión de reputados académicos y especialistas que sin eufemismos expresan su rechazo al sector azucarero, siendo la semilla “técnica” que eclosiona el fervor ideológico. Pero, incapaz de tergiversar los datos y el relato para unirme a esta metaestructura, me di a la tarea de conocer la otra cara de la moneda y encontré en las cifras a un sector que sustenta 286.000 sueños, que es pionero en economía circular, que contribuye a la transición energética, que tiene el menor índice de emisiones contaminantes en el sector de la caña a nivel mundial y que además tiene un destacado compromiso social.

Antes de desmantelar los principales mitos sobre el sector azucarero, es importante mencionar que el valle geográfico del río Cauca es una región geomorfológica comprendida entre los departamentos de Cauca, Valle del cauca y Risaralda, que presenta unas condiciones edafológicas, climáticas y topográficas excepcionales para el cultivo de la caña de azúcar, que lo convierten en la única región del mundo con una zafra continua gracias a la radiación solar ininterrumpida, una distribución normal de las lluvias y suelos franco-arcillosos bien drenados que permiten la cosecha mecánica sin compactar el suelo, lo que constituye una ventaja comparativa que, según la FAO, le permite a Colombia liderar el ranking mundial de productividad de caña de azúcar con una producción en 2023 de 113,88 toneladas por hectárea. Así, la caña de azúcar ha convertido al Valle del Cauca (aún con menos del 2% del territorio nacional) en el principal productor agrícola del país, concentrando entre el 33 y el 35 por ciento de la producción agrícola nacional, y el 22 por ciento de la agroindustria en Colombia. Adicionalmente, según el DANE, los municipios que hacen parte del sistema agroindustrial de la caña de azúcar presentan menores índices de pobreza multidimensional y su ingreso per cápita es 2,8 veces superior en comparación al resto de municipios agrícolas del país.

En primer lugar, se dice que el sector cañero es un monocultivo, pero la realidad es que, en conjunto, los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Risaralda tienen 6,4 millones de hectáreas, de las cuales la caña de azúcar ocupa tan solo el 9% del área con vocación agrícola de la región, por lo que es falso afirmar que en el Valle del Cauca se cultiva únicamente caña, pues el departamento tiene una destacada producción frutícola (que asciende al 35% nacional), y que le ha valido el calificativo de despensa agrícola de Colombia. Sin embargo, los copartidarios de la ministra Vélez no claudican ante el dato, así que optan por inhibir la lógica técnica que permitiría explicar por qué la caña de azúcar necesita una extensión razonable de suelo: la respuesta es que garantizar la productividad y sostenibilidad económica requiere una capacidad instalada (nivelación del terreno, infraestructura de riego, laboratorio de suelos, etc.) que no puede sustituirse para rotación de cultivos de la noche a la mañana. Además, desconocen su estructura agroindustrial, pues la caña no es solo azúcar: de ella se derivan decenas de productos como bioetanol, energía eléctrica, mieles, papel, plásticos y alimento animal, lo que convierte al sector azucarero en un digno representante de la economía circular, evidenciando su compromiso con la sostenibilidad. Entretanto, si bien su preocupación sobre la fertilidad del suelo en el largo plazo tiene sustento teórico, en el valle geográfico del río Cauca el modelo agroindustrial lleva más de un siglo y no hay evidencias científicas que indiquen pérdida de nutrientes en el suelo. Aun así, el sector azucarero ha impulsado innovaciones agroecológicas que le permiten tratar de manera diferenciada 239 subclases de suelo, a través del control biológico y los fertilizantes orgánicos.

En segundo lugar, hay quienes afirman (de manera infundada) que los cañeros están agotando las reservas de aguas subterráneas en el Valle del Cauca, pero según el informe regional de agua publicado en 2018 por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), los niveles estáticos presentaron en la última década valores estables, con ligeras fluctuaciones estacionales que no indican descensos significativos atribuibles a la sobreexplotación. En cifras, el Valle del Cauca cuenta con uno de los mayores acuíferos del país, que se estima en 40000 millones de metros cúbicos y que, en promedio, se recarga anualmente con 3500 millones de metros cúbicos, de los cuales se utiliza el 23% para diversas actividades agrícolas, es decir, que las reservas están intactas, pero aun así, hay quienes insisten en faltarle a la verdad.

Al mismo tiempo, otra de las críticas que ha recibido el sector concierne a la propiedad de la tierra. Los detractores del modelo agroindustrial de la caña afirman sin prueba alguna que las tierras cultivadas son producto del despojo y que los cañeros son latifundistas. Lo cierto es que el 75% de las áreas cultivadas pertenecen a cerca de 12000 familias del valle geográfico, que reciben una atractiva remuneración por el alquiler de sus tierras (transformando su incertidumbre financiera, en un ingreso estable a lo largo de los años), y si deciden voluntariamente continuar en sus predios y sembrar caña, tienen respaldo técnico, financiero, y un cliente asegurado. Es un asunto de mercado y libertad individual, pero hay quienes creen que un Estado paternalista y omnipresente debe dictar el proceder del sujeto.

Finalmente, antagonistas del sector azucarero ignoran el impacto positivo que este gremio ha tenido en miles de vidas a través de sus diversas iniciativas sociales y ambientales: Con programas como “La caña nos une”, se brindó durante el 2024 atención en salud a 1200 habitantes en los municipios de Buga y Toro; en un proyecto conjunto con la Universidad Autónoma de Occidente, el sector capacitó a más de 100 emprendedores y financió con capital semilla a 60 de ellos; el Fondo Agua para la Vida y la Sostenibilidad, que es una iniciativa mancomunada con Cabildos indígenas, comunidades negras y campesinas, garantiza la protección y restauración en 26 cuencas hidrográficas de Cauca, Valle y Risaralda, asegurando el abastecimiento de agua a más de 3,5 millones de personas y la conservación biológica con más de un millón de árboles sembrados. Pero, además, el sector brindó insumos y asistencia técnica a 1.190 familias productoras de café, cacao y frutas, lo que sin duda demuestra su interés por acaparar las tierras productivas del valle geográfico del río Cauca.

Tal como dice el adagio popular, el sol no se puede tapar con un dedo. Pero esto parece no entenderlo el gobierno Petro, la ministra y sus séquitos, que incapaces de sustituir circuitos productivos ilícitos que amenazan verdaderamente la biodiversidad, prefieren buscar en el sector privado un antagonista que disipe el foco mediático sobre los verdaderos problemas ambientales que tienen agonizando la biodiversidad en el Magdalena Medio, el río Timba, el sur de Bolívar y la Amazonía, a cuyos responsables (grupos terroristas que financian su accionar criminal con la minería ilegal y la tala indiscriminada de bosques para extender los cultivos de hoja de coca) el gobierno nacional da estatus político para delinquir en impunidad, sepultar la autoridad y la confianza institucional.